Crimen y postpandemia: cómo conjurar el desastre

Por David Ramírez de Garay (@DavidRdeG) | Animal Político

Son tiempos de incertidumbre. La crisis sanitaria creada por la Covid-19 nos ha obligado a cambiar nuestras rutinas y ha dibujado un horizonte que nos despierta grandes dudas. Una de las principales tiene que ver con la seguridad en el escenario postcuarentena, marcado inevitablemente por crisis económica mundial que se está gestando.

Es difícil adelantar qué pasará después de la tormenta, cuando apenas estamos entrando en la parte más crítica: los contagios en fase 3, la violencia letal no cede terreno, el dólar por los cielos y el barril de cerveza que es más caro que uno de petróleo.

Adelantar escenarios también es arriesgado, por varias razones –como la falta de datos de calidad que permitan hacer estimaciones más puntuales sobre el fenómeno criminal–, pero la más importante es que la criminalidad en México es un fenómeno muy diverso que escapa a cualquier tipo de simplificación. La criminalidad urbana no sigue los mismos patrones en la Ciudad de México que en Monterrey; las redes de tráfico de drogas operan de manera muy distinta en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán que en la zona costera de Quintana Roo, y la relación entre economía informal y mercados ilegales se desarrolla de manera muy distinta en la alcaldía de Cuauhtémoc de la Ciudad de México que en la franja fronteriza entre el municipio de Nezahualcóyotl y la alcaldía de Iztapalapa. Por eso hay que tomar con mucha cautela cualquier tipo de argumento homogeneizador o sobresimplificador.

Sin tener que jugar a Nostradamus, es posible y útil hacer ejercicios sobre los escenarios que podríamos encontrar una vez que la pandemia comience a ceder terreno. Hay muchos caminos que se pueden seguir para nuestro ejercicio de prospectiva; en este texto exploraré los posibles efectos de la crisis económica que se avecina sobre algunos de los fenómenos criminales que tenemos en nuestras ciudades.

Crimen y economía. Una relación complicada

Como punto de partida, vale la pena dedicar unas líneas sobre la discutida relación entre economía y criminalidad, una de las más estudiadas en las ciencias sociales y en específico en la criminología. De hecho, desde antes de que las ciencias sociales fueran definidas como tales, el pensamiento social ya se planteaba preguntas sobre cómo un fenómeno económico puede influir en el fenómeno criminal.

El tatarabuelo de la relación entre economía y criminalidad se dio en el siglo XIX. El proceso de transformación más importante de ese siglo y de la segunda mitad del anterior  –la Revolución Industrial– aceleró el crecimiento de los centros urbanos y éstos dieron pie a la aparición de nuevos conceptos, como lo desviado y la anormalidad. Se vinculaban a una preocupación específica: entender la aparición de la criminalidad urbana y de las llamadas “clases peligrosas”. Hacia fines del XIX esto ya era un tema importante en las nacientes ciencias sociales, sobre todo para la escuela positivista de criminología de Francia.

El vínculo entre economía y crimen no es ni tan claro ni tan directo como se aduce en el debate público.

A partir de ese punto la relación entre economía y criminalidad se comenzó a desarrollar en tres grupos: ciclo económico, privación económica y la racionalidad criminal. La explicación basada en el ciclo económico buscaba asociar las etapas de declive económico con el incremento de las condiciones de precariedad y la criminalidad. La privación económica, por el contrario, veía a la economía como un sistema que constantemente genera y distribuye desigualdad por medio del acceso diferenciando a las oportunidades económicas, en donde a mayor desigualdad mayor criminalidad. Por último, está la racionalidad criminal, donde el problema se centra en la decisión individual para delinquir a partir de un cálculo racional. Es decir, donde la utilidad esperada del delito o la actividad ilegal supera a la de otro tipo de actividades legales, es muy probable que se cometa un crimen.

A partir de estos tres grandes cajones se han desarrollado gran parte de las explicaciones económicas del crimen. Desde el punto de vista académico se puede decir que la criminología, la sociología y la ciencia política han explorado de formas diversas las tres rutas y que la economía se ha concentrado más en las premisas de la racionalidad económica. Sin entrar a los detalles de la inmensa literatura que se ha generado sobre el tema, el mensaje importante (en todas las disciplinas) es que el vínculo entre economía y crimen no es ni tan claro ni tan directo como se aduce en el debate público.

¿Es esto relevante para el caso que nos ocupa? Lo es, porque la investigación empírica ha generado una gran lección. Los efectos entre dos variables pueden no ser directos –puede estar mediado o moderado por otro factor– y esto tiene implicaciones importantes.

Efectos no directos

En el debate público se suele afirmar con gran facilidad que la crisis que se aproxima tendrá un gran impacto en los niveles de inseguridad. El problema con esta afirmación está en que la relación que se da por hecho no tiene el suficiente sustento en la investigación empírica.

Si se hace una revisión detallada de la investigación sobre cambios importantes en la economía y la incidencia criminal, no podremos encontrar un consenso sobre este tipo de efectos. Por el contrario, hay estudios que dan cuenta de que las crisis económicas han estado acompañadas de una reducción en ciertos indicadores de criminalidad.

Dos de los ejemplos más claros que existen son los efectos de la Gran Depresión y de la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. A pesar de que en las crisis la necesidad económica es mayúscula, esto no redunda directamente en mayores incentivos para el delito. La Gran Depresión cambió abruptamente el número de personas que circulaba por las calles con dinero, por lo que los posibles objetivos de un criminal desaparecieron. Ya no había nada que robar. Algo similar pasó en 2008, donde el incremento del desempleo no estuvo acompañado de más crímenes patrimoniales; de hecho, varios delitos patrimoniales descendieron en los años posteriores a la crisis de 2008. Éste es uno de los argumentos de James Q. Wilson para explicar que los efectos de las crisis económicas en la inseguridad están lejos de ser evidentes.

Si se toma en cuenta que los efectos económicos pueden estar mediados por la percepción colectiva de los ciudadanos, es posible que se pueda encontrar una relación más estable entre economía y crimen.

La falta de efectos directos no implica que éstos no existan, simplemente no estamos observando desde la perspectiva adecuada. La relación se puede dar si tomamos en cuenta ciertos grupos o las percepciones de la economía. En términos generales es difícil encontrar una relación entre tasas de desempleo e incremento de la incidencia criminal. Pero hay ejemplos de que otro tipo de datos puede ofrecer un enfoque distinto hacia la relación entre crisis económica y criminalidad. Richard Rosenfeld y Robert Fornango descubrieron un vínculo más claro entre la percepción de los consumidores –en tiempos de crisis– y el incremento de los crímenes patrimoniales. Es decir, si se toma en cuenta que los efectos económicos pueden estar mediados por la percepción colectiva de los ciudadanos, es posible que se pueda encontrar una relación más estable entre economía y crimen.

Algo similar se encuentra en el artículo “Cicatrices Criminales” de Brian Bell, Anna Bindler y Stephen Machin. Su argumento destaca que el desempleo en sí mismo tiene poca relación con la generación de una carrera criminal. Pero esta relación cambia cuando se examina en el largo plazo y se toma en cuenta los efectos que el abandono escolar pueden tener en la oportunidad de conseguir un trabajo. Es en ese punto donde, de manera indirecta, una crisis económica favorece que los jóvenes no puedan entrar al mercado laboral y tengan una mayor probabilidad de iniciar una carrera criminal. Como podemos ver, se trata de efectos indirectos y que se dan en el largo plazo.

De regreso a México

Si la relación entre economía y crimen no es tan sencilla de detectar, entonces ¿de qué manera abordamos lo que puede pasar en el país?

Primero partamos del siguiente acuerdo. No podemos esperar que la crisis económica impacte de igual forma en todas las zonas del país. Si aceptamos esa premisa, entonces podemos imaginarnos diferentes escenarios para distintos contextos y distintos tipos de delitos. Pensemos en algunos escenarios para las grandes urbes del país.

Los efectos de una crisis económica en una metrópoli como la Ciudad de México, seguramente se manifestarán de manera muy distinta que en otra capital del país. Si nos concentramos en la delincuencia patrimonial podríamos esperar que se incremente la economía informal como un recurso ante la crisis económica y ante la dificultad que tendrá el gobierno y el sector formal local para ofrecer empleo.

Economía informal no implica automáticamente delito o violencia, pero hay ciertos mercados informales en contextos urbanos que sí se pueden relacionar con comportamientos delictivos. Pensemos en el comercio informal en la calle, si los espacios para vender productos en la vía pública comienzan ser más preciados, los grupos de comerciantes organizados que suelen gestionar estos espacios entre sus agremiados y ante las autoridades pueden encontrar motivos para defender sus espacios o tratar de incrementarlos, lo cual puede generar conflictos violentos entre los distintos grupos organizados.

Otra consecuencia de la crisis en la incidencia delictiva se puede dar al interior del hogar. Antes y durante la cuarentena se pudo observar y documentar el incremento de la violencia intrafamilar y contra las mujeres en los hogares. Esta situación podría agravarse tras una recesión económica que incremente el grado de tensiones que se pueden dar en el hogar ante las situaciones de estrés económico. Este tipo de efectos se verificaron con datos de la Gran Recesión, en donde la cultura machista que habita en los hogares, en combinación con la incertidumbre económica, terminó incrementando los comportamientos abusivos y violentos contra las mujeres.

Finalmente, otro efecto previsible ante la crisis económica llega de manera indirecta a través del financiamiento público. La crisis sanitaria por la que estamos atravesando ha requerido recanalizar recursos hacia las áreas encargadas de combatir la epidemia. Dado que los gobiernos operan con recursos limitados, es de esperarse que la redistribución termine afectando el financiamiento programado de las instituciones de seguridad. Los cambios presupuestales terminarán –al menos en el mediano plazo– afectando las capacidades de reacción de los cuerpos policiales, con lo que es posible que su potencial de vigilancia y control se vea disminuido en algunas zonas de la ciudad. Si nuevamente nos apoyamos en la teoría criminológica, la ausencia de un vigilante en un punto determinado incrementaría la posibilidad de que se cometa algún delito.

Preparación es la clave

La recesión que se aproxima impactará las condiciones de seguridad del país, pero no tenemos suficiente información y estudios previos del caso mexicano como para poder avizorar escenarios detallados.

En lo que concierne a los contextos urbanos la clave para poder contener los efectos de esos escenarios está en la preparación. A diferencia de otros contextos, la gran mayoría de los principales centros urbanos del país tienen niveles aceptables de infraestructura, capacidades institucionales e información para poder comenzar a idear estrategias de contención de las variadas consecuencias que tendrá la crisis económica.

No hace falta inventar el hilo negro o tener una bola de cristal para diseñar estrategias aptas para el problema que se viene. La información con la que actualmente cuentan los gobiernos de las principales ciudades es un muy buen punto de partida para comenzar a trabajar.

El potencial incremento de la violencia contra las mujeres en un escenario de recesión es particularmente preocupante en los contextos urbanos.

Esto es importante porque es muy probable que la crisis no genere nuevas condiciones, sino que exacerbe las que ya existían. Por eso será necesario contemplar formas distintas de lidiar con la economía informal y los mercados ilegales que suelen estar vinculados con ellos. Pero la respuesta tiene que estar orientada hacia la reducción de la violencia y no por una idea punitiva que termine generando más violencia de la que se busca evitar.

De igual forma, los problemas que generará la falta de presupuesto en las policías tendrán que ser atendidos por una redistribución de las funciones, con el objetivo de no dejar cortar de tajo la vigilancia y la supervisión de zonas con un alto potencial criminal. Las buenas prácticas internacionales han mostrado que el trabajo policial calle por calle en las zonas donde se concentran los delitos rinde frutos, y esto no tiene que olvidarse por las restricciones financieras que vienen.

El potencial incremento de la violencia contra las mujeres en un escenario de recesión es particularmente preocupante en los contextos urbanos. Es claro el nivel de problema que ya enfrentaba el país previo a la emergencia sanitaria. Ahora, después de una cuarentena que va a resultar particularmente difícil para las mujeres, ellas seguirán estando en riesgo mientras que la crisis económica se disipe. De ahí que los gobiernos deben de tomar como prioridad preparar acciones que ayuden a contener la problemática que se está gestando.

Dicen que las crisis son momentos de oportunidad. Si esto es cierto, nuestras ciudades tienen la oportunidad de comenzar a prepararse para un escenario postcuarentena que estará definido por una economía aletargada. No hay certeza sobre cuál será el impacto de esta etapa en la criminalidad, pero a partir de la información que tenemos a la mano debemos comenzar a preparar las respuestas que las instituciones públicas y la sociedad deben ofrecer para salir adelante.