Contrarreforma penal, ¿muerta o en pausa?
En diciembre de 2014 se dio el primer intento de contrarreforma a los juicios orales. El riesgo permaneció latente hasta abril de 2016, cuando la miscelánea penal revivió con nuevos bríos. Hoy hay el compromiso de no aprobar los artículos problemáticos que vulneran los derechos ciudadanos. Confiamos en su palabra.
Por: Layda Negrete (@LaydaNegrete)
El primer intento de contrarreforma a los juicos orales se dio en diciembre de 2014. Organizaciones y miembros de la sociedad civil apenas logramos darnos cuenta de que un gesto legislativo ponía en jaque algunos aspectos clave del nuevo sistema de justicia penal. Nuestros legisladores la habían bautizado como miscelánea penal, paquete de reformas con miras a modificar cientos de artículos de diversos cuerpos normativos, so pretexto de actualizarlos como mandato de la reforma constitucional del 2008.
Dicha iniciativa comenzó en la Cámara Alta. Senadores de todos los partidos habían levantado la mano, aprobando el dictamen sin reparo. Era comprensible. Los riesgos estaban lejos de ser evidentes. La mayoría de las propuestas contenidas en la miscelánea eran inocuas, atendían meramente aspectos de forma. Sin embargo, un pequeño grupo de disposiciones espolvoreadas entre decenas de hojas del documento a votar, echaban por la borda años de trabajo de construcción de un sistema democrático de persecución de delitos. Entre los artículos problemáticos se encontraban disposiciones que obligaban a la defensa a interactuar con el Ministerio Público (la parte acusadora) en espacios de obscuridad —en vez de presentar las pruebas ante un juez imparcial en una audiencia oral y pública. Las viejas prácticas de “etapas secretas que caracterizaban a la averiguación previa en el viejo modelo inquisitorio” y que permitían al Ministerio Público desestimar las pruebas de la defensa se reintroducían bajo nuevos nombres. Miembros de la Red de los juicios orales, ciudadanos que hemos promovido y dado seguimiento a las reformas al sistema penal desde hace más de 16 años, objetamos la maniobra, los ciudadanos levantaron la voz y la prensa ofreció su eco.
Pero, una vez aprobado en el Senado, el dictamen había pasado a la Cámara baja y detener su aprobación parecía ingenuo. Los diputados del PRI y del Partido Verde Ecologista de México tenían todos los votos necesarios para aprobar la miscelánea de forma expedita.
Nos lanzamos a la Cámara de Diputados sin invitación. Era el último día de sesiones de diciembre del 2014. Caminábamos agitados de la oficina de un diputado a la otra[1], tratando de explicar con argumentos breves el inminente retroceso. Uno de los nuestros había viajado desde Monterrey para dar la batalla y llevaba a rastras su maleta de viaje cruzando la explanada de San Lázaro repetidamente[2]. Entonces algo inesperado sucedió. Nuestra movilización ciudadana rindió frutos y se logró suspender el proceso en curso. Logramos lo que parecía imposible: Manlio Fabio Beltrones, líder de los diputados del PRI, consultó a la entonces subprocuradora Mariana Benítez y puso el freno al paquete legislativo. Fue un respiro.
Tropezar de nuevo con la misma piedra
El riesgo de una contrarreforma permaneció latente hasta abril de 2016 cuando la miscelánea revivió con nuevos bríos. Después de haber estado suspendida más de un año, el paquete de reformas que venía del Senado fue retomado por los diputados, quienes elaboraron un dictamen propio. La nueva minuta, en vez de solucionar los problemas de origen, agregó padecimientos a los ya existentes, pues se estaba delineando un sistema de justicia penal propio de un régimen autoritario.
Por ejemplo: El dictamen de diputados autorizaba a la policía y al ejército a pasear a un detenido por el país bajo argumentos laxos de seguridad (modificaciones al art. 149 CNPP). Bajo este artículo se contemplaba que una persona pudiera ser detenida en un lugar (Quintana Roo) y ser transportada sin consecuencia a un lugar distante (Puebla). En suma, la disposición añadida por los diputados legalizaba la retención inconstitucional y prolongada en la que pueden ocurrir actos de tortura. Por otro lado, se establecía prisión automática (prisión preventiva) hasta por dos años y sin posibilidad de defensa (modificaciones a los artículos 314, 315, 320 CNPP). Por si fuera poco, la minuta de diputados permitía que las legislaturas de los estados determinaran nuevos catálogos de delitos para establecer la prisión preventiva oficiosa (modificaciones al art. 167 CNPP). La combinación era tóxica.
Nuevo freno a la miscelánea penal
La nueva miscelánea penal reconfeccionada por los diputados fue avalada en el Pleno de la Cámara Baja el pasado 28 de abril[3] y turnada de nuevo, ese mismo día, al Senado que fungía como cámara de origen. Pero en los últimos minutos del periodo de sesiones fue suspendida de nueva cuenta. No supimos quién congeló el temido paquete. ¿Era un milagro o una casualidad?
Miembros de la sociedad civil regresamos entonces a la arena. Tuiteamos: “Di no a la #ContrarreformaPenal” y contactamos a los senadores que podrían escucharnos[4]. Fue entonces cuando César Camacho, diputado que apadrinó los esfuerzos de la sociedad civil en la reforma constitucional que dio origen al sistema en peligro, salió del escenario discreto que había mantenido:
“Les quiero ayudar”, nos dijo el diputado en una reunión con miembros de la Red de los juicios orales.
Y recuerdo que agregó: “es mi compromiso personal. Les voy a poner en contacto con diputados y senadores del PRI. Le pueden decir a todo el mundo lo que les estoy diciendo en este momento. Voy a apoyarlos y cuando ya no pueda hacerlo también se los voy a decir”.
Nos quedamos con la boca abierta. La reacción de Camacho era inesperada aunque no ilógica. El diputado Camacho había sido integrante de la legislatura que aprobó la reforma constitucional de 2008. En ese entonces, como presidente de la Comisión de Justicia, Camacho recogió la propuesta ciudadana de reforma constitucional y la hizo realidad[5]. Esta reforma histórica avanzada por el hoy de nuevo diputado mereció la aprobación de todos los partidos representados en el Congreso de aquel momento.
La miscelánea penal ya logró estar en la lista selecta de legislaciones a ser discutidas en el periodo extraordinario de sesiones que hoy está en curso. La bancada del PRI se ha comprometido con la Red de los juicios orales a desistir de la aprobación de los artículos problemáticos que vulneran los derechos ciudadanos[6]. El propio César Camacho auguró el 7 de junio, en el marco del 8º Foro de Seguridad y Justicia: “No habrá contrarreforma penal”.
Confiamos en su palabra y hacemos votos que para que sea la última vez que tengamos un embate al sistema de justicia penal del calibre de esta última batalla.
* Layda Negrete es coordinadora del Proyecto de Calidad de Justicia de México Evalúa (@mexevalua). La autora agradece los comentarios de Carlos Ríos, Jimena de Haro, Leslie Solís y Susana Camacho.
[1] Nos tendieron la mano los diputados de oposición: Fernando Belaunzarán, Guillermo Anaya, Esther Quintana, Carlos Angulo, José Coronato y Luisa Alcalde.
[2] Logramos llegar al congreso un grupo compacto de la Red de los juicios orales : Susana Camacho, Martín Carlos Sánchez, Rodolfo Félix, Bernardo León, Layda Negrete. También asistió Miguel Sarre.
[3] La minuta fue aprobada con 403 votos a favor y 24 abstenciones, y posteriormente enviada al Senado.
[4] Nos recibieron las senadoras y senadores: Angélica de la Peña, Roberto Gil, Fernando Yunes, Martha Tagle, Layda Sansores, Pilar Ortega y Cristina Díaz,
[5] Para leer más al respecto, ver: César Camacho Quiroz, “Propósitos trascendentales de la reforma”, en Sergio García Ramírez y Olga Islas de González Mariscal (coord.), La reforma constitucional en materia penal: Jornadas de Justicia Penal, (México, D.F.: Inacipe, 2009). Disponible aquí (fecha de consulta: 8 de junio de 2016).
[6] Por la amable intermediación de Ma. de los Ángeles Fromow y César Camacho, la segunda quincena de mayo del 2016 asistimos a mesas de discusión con la presencia de: Ivonne Álvarez, además de los diputados Álvaro Ibarra y Martha Tamayo.
