Contabilidad… ¿sin datos? Un vistazo a las categorías ambiguas del homicidio

El homicidio es un delito que continúa derramando sangre. A pesar de que en los últimos años hemos observado una reducción en éstos, durante el 2015 notamos un repunte importante. Y si bien la gran mayoría de los homicidios han sido cometidos con arma de fuego, en otros casos no se supo cómo fue perpetrado el delito, ni tampoco con qué tipo de armas –si, acaso, las hubo.

Por: Jonathan Furszyfer (@JonFdr)

Imagine que recibe su estado de cuenta bancaria. Tras leerlo detenidamente, usted observa que una importante proporción de su consumo mensual se agrupa en una categoría llamada “sin datos.” Si le sucediera eso, es probable que hablaría al banco para clarificar el origen de tales gastos, con la finalidad de saber en qué depositó sus ingresos. Esta información es muy importante, ya que al no identificar, por ejemplo, cuánto gasta en alimentos, restaurantes y otros servicios, es muy difícil tomar decisiones financieras o planificar su ahorro en el futuro. Algo similar ocurre con los homicidios en nuestro país, mes con mes.

El homicidio es un delito que continúa derramando sangre. A pesar de que en los últimos tres años hemos observado una reducción en éstos, durante el 2015 notamos un repunte importante, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).  Si bien la gran mayoría de los homicidios han sido cometidos con arma de fuego, como apuntan Layda Negrete, Leslie Solís y Rolando Ochoa en su más reciente contribución a este blog, en muchos otros casos no se supo cómo fue perpetrado el delito, ni tampoco con qué tipo de armas –si, acaso, las hubo. En este caso, estamos hablando de los homicidios sin datos, definidos como aquellos donde “no se cuenta con información o datos de carácter estadístico para establecer la forma de comisión del [homicidio][1]”

En términos de diseño de políticas de seguridad, es fundamental contar con todos los elementos periciales para acotar un fenómeno delictivo, así como necesitamos estados de cuenta bancarios con información desagregada y precisa para tomar mejores decisiones. Los reportes de homicidio, en particular, como lo argumentamos en este espacio en otra ocasión, no sólo requieren de estadísticas a nivel coordenada geográfica, sino descripciones forenses sofisticadas para analizar sus motivaciones y estrategias. Con estos detalles, podríamos entender sus causas y, por consiguiente, detener su avance de manera efectiva. Sin éstos difícilmente seremos capaces de encontrar una cura a esta trágica epidemia.

A nivel nacional, la proporción del total de homicidios[2] que se registra sin datosha disminuido en los últimos años, a comparación del periodo 2002-2008. Sin embargo, pese a su tendencia a la baja a comienzos del 2010, podemos notar que esta categoría ha crecido de nuevo, aunque moderadamente, en los dos últimos años, justo cuando los homicidios totales comenzaron a escalar nuevamente.

A nivel estatal, podemos observar que hay entidades que parecen menos capacitadas y especializadas para clasificar al homicidio que otras. En particular, durante el periodo comprendido de 2011 a 2013, Baja California Sur y Querétaro reportaron casi sistemáticamente cualquier comisión del homicidio bajo la etiqueta de sin datos, pues más del 90 por ciento del total de sus registros está en esta categoría. Para el 2014, ambas entidades, además de Baja California, mejoraron la calidad de sus estadísticas de manera dramática[3], mientras que Colima y Nayarit, por sí mismos, representaron más del 60 por ciento de todos los homicidios sin datos en el país.

Ahora vayamos un paso más lejos. A nivel municipal también existen variaciones interesantes, incluso dentro de un mismo estado. El siguiente cuadro clasifica a los municipios en cinco grupos, según la proporción de homicidios sin datos que reportaron, frente a los homicidios dolosos totales.

Como podemos observar, la gran mayoría de los municipios con cinco o más homicidios dolosos (durante un año dado) clasificaron correctamente tales delitos. En otras palabras, la gran mayoría de los ministerios públicos locales contó con suficiente información pericial y forense para deducir si una muerte fue ocasionada por arma de fuego o arma blanca. No obstante, un grupo de municipalidades no contó con información o datos de carácter estadístico para reportar la forma de comisión del delito en más de un tercio de los casos –y este grupo ha aumentado en los últimos dos años. Es decir, al menos uno de cada tres homicidios dolosos no ofreció pista alguna sobre cómo pudo haber fallecido una víctima, principalmente en municipios de Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y Tabasco. Lo anterior arroja varias preguntas en términos de política de seguridad.

En primer lugar, ¿por qué algunas entidades o municipios clasifican con mayor precisión los homicidios dolosos que otros? El cuadro anterior muestra focos rojos en términos de aptitudes científicas, señalando la necesidad urgente de que algunos ministerios públicos locales reciban asesoría para mejorar sus capacidades periciales y forenses. De no contar con funcionarios capacitados para determinar las causas de muerte de una víctima, será improbable enjuiciar a sus victimarios y, por lo tanto, difícil reducir la incidencia del homicidio. Entonces, necesitamos un equipo forense capaz, especializado y en constante entrenamiento para mejorar la calidad y efectividad de las averiguaciones previas.

En segundo lugar, ¿bajo qué condiciones puede llegar a ser complicado determinar la comisión de un homicidio? La primera razón que salta a la mente es el estado del cuerpo de la víctima. ¿Se trata de un grado de descomposición tal que es imposible determinar las causas de muerte? ¿Acaso estos datos corresponden a aquellos cuerpos encontrados en fosas clandestinas? ¿Son, tal vez, individuos desaparecidos cuyo cadáver no fue posible hallar durante mucho tiempo? Si es así, ¿por qué no se especifica en el portal del SESNSP? Desde otro punto de vista, tal vez esto no tiene que ver con las características del cuerpo, sino con una cuestión de voluntad política. ¿Prefirieron algunos funcionarios ministeriales reportar la información de manera imprecisa, o hasta cierto punto falsa, independientemente de las razones detrás de ello?

Adicionalmente, ¿la catalogación ambigua de algunos homicidios dolosos podría deberse a intereses políticos? Es posible asumir que algunas entidades decidan clasificar cierta proporción de estos delitos sin datos para proyectar una imagen de mayor seguridad ante su electorado y frente a las instituciones federales. En este sentido, podría existir funcionarios que consideren más rentable políticamente catalogar a los homicidios “sin información” que con arma de fuego. ¿Será?

Cualesquiera que sean las respuestas a tales preguntas, quien más pierde por la falta de información detallada sobre dicho delito son los gobiernos locales. De acuerdo con varias casas encuestadoras (El Universal/Laredo & Buendía 2014; Inegi 2014; Consulta Mitofsky 2015), los ciudadanos perciben a la violencia como uno de los principales retos que enfrenta nuestro país. En este sentido, éstos sí toman en cuenta, dentro de sus preferencias electorales, la capacidad del gobierno para contener el avance de la violencia –donde el homicidio es, quizá, uno de sus rostros más reconocibles y terroríficos. Por tales motivos, es indispensable mejorar las estadísticas delictivas locales. Sólo así será posible entender la fuente de su origen y diseñar políticas públicas que contrarresten su avance.

Hoy en día, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el SESNSP han impulsado la homologación de delitos exitosamente. Pero esto es sólo un primer paso. Tenemos que contar con estadísticas delictivas más elaboradas y sofisticadas. Tenemos que tomar en cuenta la geo-localización de los homicidios, contar con descripciones detalladas sobre el sexo, edad, educación, estatus socioeconómico, toxicología, residencia y causas de muerte detrás de tan perverso delito[4].

* Jonathan Furszyfer es Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa. El autor agradece los comentarios de Mónica Ayala, Lilian Chapa y Laurence Pantin.

Referencias

Consulta Mitofksy. 2015. “Decimo cuarta encuesta nacional sobre percepción de inseguridad ciudadana en México.” Consulta Mitofsky (Febrero).

Inegi. 2014. “Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.” Inegi, Boletín de prensa Núm. 267/15. Descargado el 4 de agosto, 2015.

El Universal/Laredo & Buendía. 2014. “Sube percepción de seguridad.” El Universal. 3 de junio, 2014. Descargado el 4 de agosto, 2015.

[1] Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

[2] La proporción se obtiene dividiendo los homicidios dolosos sin datos entre la suma de homicidios dolosos con arma de fuego; arma blanca, y otros.

[3] Redujeron la categoría sin datos en más del 90 por ciento.

[4] Por ejemplo, los certificados de defunción publicados por la Secretaría de Salud, a través de la Décima Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados a la Salud (ICD-10, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud, presentan más de 25 categorías para clasificar al homicidio, además del arma de fuego y el arma blanca.