Edna Jaime @EdnaJaime / El Financiero

Si hay un tema que ha logrado unir a los mexicanos; si hay un problema que ha sido identificado como la raíz de muchos males que nos aquejan, esa es la corrupción. Para muchos, el resultado de las elecciones del primero de julio obedece al enorme malestar social originado por los indignantes casos de corrupción de los últimos años.

Por eso, montado en la ola de genuino descontento ciudadano, el nuevo presidente ha insistido una y otra vez en que su “cuarta transformación” significa el fin de la corrupción.

En su discurso inaugural dijo con claridad y cito: “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”.

Sin embargo, todavía no sabemos las medidas concretas, los “cómo” con los que el presidente piensa aterrizar su agenda.

Si nos atenemos a lo dicho en su discurso de toma de posesión, las señales son ambiguas:

Primero, el presidente nos dice que la corrupción es generalizada y que para terminar con ella “tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”.

Pero inmediatamente después, el presidente equipara a la justicia con caos, al decir que si persiguiera la corrupción “meteríamos al país en una dinámica de conflicto y confrontación”.

Por eso, propone: “pongamos punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo.”

Pero también nos dice que ve el problema como una cuestión de personas:

Hay personas que encarnan la corrupción, los “neoliberales”.

Hay un nuevo grupo de personas a cargo, encabezadas por el presidente, que representan la honestidad.

Y la justicia es algo que no podemos permitirnos, a menos que el pueblo decida que sí se debe aplicar la ley.

¿Dónde están las leyes en esta visión? ¿Dónde quedan las instituciones?

La salida al problema de la corrupción está en la creación y fortalecimiento de instituciones.

La respuesta no está en el drama del indulto presidencial, o en una votación masiva para enjuiciar a ciertas personas.

La respuesta es menos atractiva, menos dramática, más aburrida y terriblemente más compleja y lenta: construir Estado.

Construir Estado significa tejer un entramado de instituciones.

Construir Estado significa crear pesos y contrapesos.

Construir Estado no sólo significa perdonar o castigar a personas, sino crear sistemas permanentes que prevengan, detecten y sancionen la corrupción.

¿Qué hemos visto hasta ahora de parte del nuevo gobierno en términos de cambios institucionales?

En primer lugar, hemos visto una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta reforma centraliza en la Secretaría de Hacienda las funciones vinculadas con las áreas de mayor riesgo de corrupción: compras gubernamentales, gestión de recursos financieros y contratación de recursos humanos. El fortalecimiento de Hacienda se da a expensas de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública. A esta secretaría ahora sólo le toca fiscalizar y sancionar administrativamente actos fuera de las normas que emita Hacienda.

En segundo lugar, está la propuesta  sobre la ley orgánica de la Fiscalía General de la República que si se aprueba como está planteada, no garantiza la designación de un Fiscal General con autonomía para investigar el delito, ni el fortalecimiento de sus capacidades para cumplir con dicho propósito.

Esto implica algo gravísimo: el debilitamiento de la nueva institución de procuración de justicia desde su nacimiento.

En tercer lugar, otro cambio que ha resultado preocupante es la creación de los nuevos “Super Delegados Regionales” que podrán decidir sobre el destino de los programas públicos.

En el pasado se han expuesto casos de corrupción y/o uso político de los programas gubernamentales. Sin embargo, con esta nueva figura, no es claro que se resuelva el problema.

Parece que la intención es quitarle poder y discrecionalidad a los gobernadores… para dárselo a estos nuevos enviados del presidente.

Todos estos cambios tienen una lógica: centralizar el poder en personas, llámense el presidente de la República, el secretario de Hacienda o los superdelegados.

No se está pensando en las instituciones.

No me parece coincidencia que el nuevo gobierno haya pasado por alto la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción.

Celebro la voluntad política del presidente López Obrador para acabar con la corrupción y la impunidad. En eso, estoy cien por ciento de su lado.

Pero la solución al problema de la corrupción está en un proceso de maduración y ajuste continuo de nuestras instituciones, bajo principios democráticos.

Construyamos Estado. Esa es la mejor y más tangible transformación que un gobierno puede dejar a México.