El Congreso en asuntos fiscales: reducido a su mínima expresión
Mariana Campos / El Sol de México
El cuánto y cómo se gasta el Ramo 23 -famoso a partir de la reciente disputa entre el Gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda- evidencia un problema grave que rebasa cualquier conflicto político: no tenemos un efectivo balance de pesos y contrapesos en el ejercicio del gasto público.
El Ramo 23 constituye una bolsa millonaria que no está regulada en una ley. La Secretaría de Hacienda la gasta a través de diversos programas, algunos de los cuales asignan recursos a gobiernos locales bajo su criterio -sin contar con reglas de operación-. En el periodo 2013-2017, los diputados aprobaron un presupuesto acumulado de 20,733 millones de pesos para gastar a través de tres programas discrecionales: “Contingencias Económicas”, “Fortalecimiento Financiero“ y “Programas Regionales”. Sin embargo, la SHCP gastó más de 318,000 millones de pesos -quince veces esa cantidad- y decide a quién le da, por qué y para qué, cuánto y cuándo.
Así, vemos que el presupuesto que aprueba el Congreso puede ser modificado por los ejecutores sin límite alguno, es decir, no tiene valor real.
Un caso para contrastar: los legisladores de nuestro vecino del norte frecuentemente se rasgan las vestiduras en la discusión fiscal porque sí tienen facultades y capacidad técnica en materia de presupuesto. La falta de acuerdo puede incluso paralizar la operación del gobierno estadounidense, y no se pasa un presupuesto sin que haya un acalorado debate. Ese es el ruido y el hedor de un régimen democrático. En cambio acá, el presupuesto se vota por unanimidad. Eso ya es un mal síntoma. Ese silencio de acero no es propio de los regímenes democráticos.
En México, sólo alrededor del 5% de los diputados vota el presupuesto en contra (2009-2017). Y vamos de mal en peor: previo a 2009, año en el que empezó a existir el Ramo 23, en promedio 10% de los diputados votaba el presupuesto en contra (2000-2008). Incluso, en 2004, el 27% de los diputados lo rechazó.
Esta arquitectura no es la adecuada para estructurar una democracia. Como resultado de esta mala distribución del poder, tenemos una falta de discusión de los asuntos fiscales y, por ende, una toma de decisión en exceso discrecional que nos ha llevado a malos resultados.
En 2016 el Gobierno federal estuvo a punto de perder la calificación de grado de inversión en la deuda soberana pues el Congreso – sin interés ni capacidad de revisar bien el paquete económico- autorizó de manera reiterada aumentos en la deuda en un contexto de bajo crecimiento económico y caída de ingresos petroleros. Para salvar el barco, Banxico le entregó a SHCP sólo en 2017 más de 320 mil millones de pesos provenientes de liquidar reservas internacionales. Aun así, se tuvieron que hacer varios recortes al gasto, mismas que lamentablemente afectaron partidas relacionadas con la atención de servicios públicos. A pesar de todos los esfuerzos, la deuda se mantiene diez puntos del PIB más arriba que al inicio de la presente administración y, a su vez, la inversión pública ha alcanzado niveles históricamente bajos.
Este sexenio cierra con un modelo presupuestario de falta de contrapesos o discrecionalidad excedida que está agotado. Esa es la razón por la cual un conjunto de voces insistimos en un Consejo Fiscal para darle mayor capacidad al Congreso. Mientras esto no mejore, seguiremos nadando de muertito.
