El presidente Peña no parece dispuesto a ceder espacios de control y de poder. Tiene una oportunidad preciosa en sus manos para demostrarnos que está a la altura de las circunstancias y que tiene el talante para conducir al país a otro estadio de su democracia.

A pesar del desasosiego de amplios grupos de la sociedad mexicana, de las manifestaciones de inconformidad, de la crisis de credibilidad por la que atraviesa la política, el presidente Peña no parece dispuesto a ceder espacios de control y de poder.  Tiene una oportunidad preciosa en sus manos para demostrarnos que está a la altura de las circunstancias y que tiene el talante para conducir al país a otro estadio de su democracia. Sin embargo se resiste, quizá sin medir las consecuencias. Si se aferra a la idea que puede conducir al país sin los debidos contrapesos, la crisis de legitimidad se ahondará. Gobernar en esas condiciones puede convertirse en una pesadilla para todos.

Me refiero particularmente a dos temas fundamentales en la coyuntura actual, pero también para que la institucionalidad democrática se afiance en nuestro país. Los dos son temas de debate legislativo en estos momentos. La primera es la Ley General de Transparencia, que se encuentra en la fase final de confección y aprobación, y la reforma en materia anticorrupción. Ambas son centrales por lo que implican en nuestro sistema de rendición de cuentas, pero también por su sentido simbólico. La aprobación de buenas leyes en ambos temas puede sentar las bases para una conversación distinta entre la clase política y los ciudadanos.

La reforma en materia de transparencia ha avanzado con buena estrella. En la confección de la reforma constitucional y ahora la Ley General, se abrieron las puertas a la opinión de expertos, académicos y ciudadanos, en una interacción muy productiva con los legisladores. El resultado es muy bueno. En el tramo final, sin embargo, se le incluyeron algunos artículos que debilitan el alcance de la Ley y lo ganado con la reforma constitucional. Dejan con mal sabor de boca a quienes participaron con mucha convicción en este ejercicio.

Son dos o tres artículos que tienen consecuencias potencialmente graves en materia de transparencia.  Una de ellas es la definición de causales de reserva de información que quedó tan abierta que cualquier argumento puede entrar en ella. No tengo duda que existe información del Estado que debe ser reservada pero también que ésta puede definirse con mucha mayor precisión. Abrir tanto la puerta a las reservas puede cerrar el ejercicio efectivo de nuestro derecho a la información.

Del mismo talante es el artículo 208 del proyecto de ley que, tal como está redactado, resulta una mordaza para los funcionarios de los órganos garantes. En este artículo se prevén sanciones para estos funcionarios cuando revelen información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños y perjuicios a los sujetos obligados. Tanta ambigüedad en la redacción de dicho artículo inhibiría hasta al más osado de nuestros funcionarios en los órganos de transparencia.

Otros puntos más se presentan y discuten en un posicionamiento suscrito por el Colectivo por la Transparencia y muchas otras organizaciones que han seguido con cuidado este debate. Y que circula en estos días. Estamos tan cerca de lograr tanto, que el Presidente y su partido deberían atreverse a dar el salto y atender estos puntos que resultan cruciales.

Otra historia es la reforma en materia anticorrupción. Sobre este tema llevamos discutiendo varios meses, y legisladores y estudiosos del tema encontraron las fórmulas para dar vida a un sistema anticorrupción robusto. Estas ideas se plasmaron en la iniciativa presentada por el PAN hace algunas semanas. El Presidente mismo parecía convencido de apoyarla cuando en el mensaje de anuncio de su decálogo, la reconoció y le brindó su apoyo. Supongo que lo planteado en dicho proyecto abrumó al Presidente y a su equipo y por eso reculó en el último momento. Presentaron entonces su propia iniciativa que transformaron en un predictamen adelgazado. Los puntos fuertes de la iniciativa panista se dejaron de lado. Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, hizo un buen análisis de dicho predictamen, mismo que presentamos como Carta Abierta a los legisladores. Se apuntan en ella 12 cuestiones que quedaron fuera pero que consideramos es imperioso recuperar en el dictamen final.

Las próximas horas serán críticas para esta reforma. PRI y PAN se echan la culpa del retraso y quizá del fracaso de procesarla en este periodo legislativo. Hay un costo político para ambos en caso de que esto salga mal. Para el Presidente, el incumplimiento de la palabra empeñada. Para el PAN, el que ceda sin mayor concesión. Supongo que tendremos algo antes de que concluya el periodo. Que habrá una negociación que arroje algo plausible para ambas partes. Lo relevante es que el resultado de dicho proceso nos deje con una reforma que no simule un cambio sino que efectivamente lo promueva. De no ser así los mexicanos nos sentiremos con las manos vacías, después de escándalos, marchas, dolor y mucha decepción.