COMUNICADO DE PRENSA: Mexico Evalúa presenta documento para medir la calidad de la justicia penal

Ciudad de México, 22 de junio de 2016

Justicia a la medida es un documento que busca medir la calidad de la justicia penal en México a partir de la perspectiva de los ciudadanos.
Con base en siete indicadores, México Evalúa dará seguimiento anual al desempeño y la evolución del sistema de justicia penal en el país.
México Evalúa hace un llamado a la SETEC para que considere los indicadores propuestos, con el fin de dar prioridad a la perspectiva ciudadana en su evaluación.

El Centro de Análisis de Políticas Públicas, México Evalúa, sostuvo una conferencia de prensa el día de hoy para presentar el documento Justicia a la medida: siete indicadores sobre la calidad de la Justicia Penal en México. A través de él se plantea una forma de evaluar la calidad del sistema de justicia penal en el país, desde el punto de vista de sus usuarios; tanto víctimas como imputados.

Lograr una justicia de calidad es anhelo de todos los mexicanos. La reciente implementación de la reforma al sistema de justicia penal es un reflejo de este deseo compartido. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para que México cuente con un sistema de justicia penal eficaz y respetuoso de los derechos humanos. Ello se debe, en parte, a la falta de evaluación de la calidad del servicio que éste brinda a los ciudadanos.

El objetivo de los indicadores de Justicia a la medida es atribuirle al sistema de justicia penal la responsabilidad de proteger los derechos de los individuos y otorgar a los ciudadanos la última palabra en torno a si el Estado cumple o no con dicho propósito. A partir de ellos, se puede generar la evidencia necesaria para diseñar mejores políticas públicas encaminadas a elevar el desempeño de las instituciones y actores involucrados en la procuración e impartición de justicia en nuestro país.

Los indicadores propuestos por México Evalúa para analizar la calidad de la justicia penal en el país son los siguientes: 1) Confianza ciudadana en las instituciones de justicia; 2) Tasa de homicidios; 3) Niveles de denuncia; 4) Trato satisfactorio a víctimas al momento de denunciar un delito ante el Ministerio Público; 5) Presunción de inocencia; 6) Proceso penal justo; y 7) Cárcel digna y segura.

Medir la calidad de la justicia es indispensable para evaluar los logros alcanzados a partir de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública de 2008, así como el cumplimiento oportuno del objetivo de paz y justicia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.

Es por ello que, utilizando estos indicadores, México Evalúa dará seguimiento anual al desempeño y la evolución del sistema de justicia penal en el país. En este mismo sentido, la organización hace un llamado a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), de la Secretaría de Gobernación, para que incluya los indicadores propuestos en su evaluación de la justicia penal en México, con el fin de dar prioridad a la perspectiva ciudadana.

Durante la presentación del estudio, Edna Jaime, Directora General de México Evalúa, afirmó que “contar con un sistema de justicia penal de calidad es pieza fundamental en la construcción de un país de paz, seguridad y justicia”. Señaló también que elevar la calidad del sistema de justicia penal es un compromiso que nos atañe a todos, por lo que aprovechó la oportunidad para reafirmar el compromiso de la sociedad civil con la creación de un sistema más justo y más transparente.

Por su parte, Layda Negrete, Coordinadora del Programa de Calidad de Justicia de México Evalúa, señaló que “los mexicanos están cansados de sentirse impotentes frente a instituciones de justicia ineficaces”. Añadió que la evaluación del sistema de justicia penal a partir de la perspectiva de sus usuarios es una manera de empoderar al ciudadano, al dar prioridad a sus expectativas y necesidades. Finalmente, resaltó la importancia de la reciente aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual prevee la creación de un Sistema Nacional de Información Penitenciaria que complementará el sistema de indicadores que propone México Evalúa.

La conferencia de prensa también contó con la participación de Ana Laura Magaloni, Profesora Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de Carlos Puig, periodista y analista político.

Principales hallazgos de Justicia a la Medida

Homicidio

El homicidio es la mejor forma de medir los retos del Estado para construir instituciones de justicia.
Sistematizamos la información de tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes publicada por el Inegi de 1990-2014.
En México, Guerrero es el estado más preocupante, pues reporta elevadas tasas de homicidio de forma sistemática. Los altos niveles de violencia parecen no haber cedido con el tiempo. La violencia es constante en el periodo 1990-2014.
La mayor tasa de homicidios registrada en un solo año, dentro del periodo 1990-2014, corresponde a Chihuahua en 2010, con 182.1 muertes por homicidio por cada 100 mil habitantes.

Confianza

La confianza es la mejor forma de medir la legitimidad del sistema de justicia.
Medimos la confianza promedio que los ciudadanos tienen de las instituciones de seguridad y justicia en los estados (policía estatal, policía ministerial o judicial, Ministerio Público y jueces) entre 2011 y 2015.
Usamos los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), del Inegi. Nos basamos en el nivel de confianza neta (resta entre niveles de “mucha” y “nada” de confianza).
A nivel nacional la mayoría de las personas desconfían del sistema de justicia penal (-6.9).
Los estados con mayor promedio de confianza entre 2011 y 2015 fueron Yucatán (12.1), Zacatecas (6.9) y Guanajuato (6.8).
Los estados con el menor nivel de confianza son el Distrito Federal (-27.3), el Estado de México (-19.6) y Morelos (-14.7).
Los estados que mostraron más avance respecto de sí mismos fueron Chihuahua (entre 2011 y 2015 pasó de un índice de -25.9 a -7.1) o Nuevo León (de -6.7 a 11.2 en el mismo periodo).

Denuncia

La denuncia es un mecanismo de recolección de información indispensable para un sistema de justicia.
La denuncia mide los niveles de acceso y confianza que tienen las víctimas de los delitos respecto del sistema de justicia penal.
El concepto de denuncia que utilizamos en el documento se refiere a las realizadas por la víctima ante el Ministerio Público, así como las realizadas por la víctima o algún testigo ante cualquier autoridad.
El indicador incluye información del promedio de denuncias por estado entre 2010 y 2014 (ENVIPE del Inegi).
A nivel nacional, entre 2010 y 2014, se denunciaron —en promedio —19.1 delitos de cada 100 ocurridos.
Como referencia internacional, en países como Estados Unidos, Francia o Canadá denuncian alrededor de 50 por ciento de los delitos.
Las entidades que reportaron mayor porcentaje de delitos denunciados fueron Baja California (29.7 por ciento), seguido de Colima (27.3) y Baja California Sur (27.1).
Por otro lado, Guerrero ocupó el último puesto (11.4 por ciento).

Trato satisfactorio a víctimas

Una medida de mejora del sistema de justicia penal debe tomar en cuenta la experiencia de las víctimas, los usuarios más frecuentes en dicho sistema.
Utilizamos datos del Inegi de la percepción de las víctimas sobre el trato recibido en el Ministerio Público al levantar una denuncia.
A nivel nacional, 50.5 por ciento de las víctimas que realizaron una denuncia entre 2012 y 2014 sintieron que el trato que recibieron fue satisfactorio (“bueno” o “excelente”).
Los estados con mayor porcentaje de trato satisfactorio hacia las víctimas son Chihuahua (78.4), Sinaloa (71.3) y Baja California (67.1).
En el Estado de México sólo 37.2 por ciento recibió un trato bueno o excelente.
Un aparato de justicia que afecta positivamente la experiencia de las víctimas logrará inspirar mayor denuncia y mayor confianza.

Presunción de inocencia

La presunción de inocencia distingue un sistema penal inquisitivo (en donde la inocencia debe ser demostrada) de un sistema acusatorio (donde la culpabilidad debe ser demostrada).
Proponemos medir el uso de la prisión preventiva como uno de los aspectos más importantes de la presunción de inocencia.
Para poder medir el concepto de prisión preventiva proponemos utilizar la canasta de indicadores diseñada por la Red Regional de Justicia Previa al Juicio en América Latina. Esta misma canasta fue recomendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Sistema nacional de información penitenciaria planteado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, recientemente aprobado en el Congreso, nos permitirá contar con la totalidad de los datos propuestos en la canasta.
Por lo pronto, entre los datos disponibles encontramos que Guanajuato reporta el menor uso de prisión preventiva con 29.9 personas en prisión preventiva por cada 100 mil habitantes. En cambio, en Colima dicha tasa fue de 270.3.

Proceso penal justo

Existen al menos tres elementos esenciales de un proceso justo: respeto (o el derecho a no ser torturado), voz (el derecho a una defensa legal efectiva) y neutralidad (el derecho a contar con un juez imparcial).
La encuesta nacional a población en reclusión planteada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, recientemente aprobada en el Congreso, nos permitirá contar con estos datos.

Cárcel digna y segura

Para calificar la calidad de las cárceles es necesario buscar un equilibrio entre aspectos de respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, así como aspectos de seguridad y gobernabilidad.
Retomamos la evaluación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para medir la calidad de nuestras cárceles.
En 2015, el promedio nacional para los CERESOS fue de 6.21 (en una escala del 0 al 10).
Los estados con mejor evaluación del sistema penitenciario (promedio 2011-2015) son Aguascalientes (7.95), Guanajuato (7.76) y Tlaxcala (7.49).
Los estados con la peor evaluación son Nayarit (4.29), Quintana Roo (4.49) y Tabasco (5.12).