Competencia económica y transición energética I
¿Por qué la agenda de desarrollo sostenible pasa por el rescate de la Cofece?
Por Ana Lilia Moreno
Nota introductoria
Desde México Evalúa hemos dado seguimiento a las reformas recientes en materia energética, con una preocupación constante. Ante los desafíos que plantea el cambio climático, desde la política pública surge la gran pregunta: ¿cuál es la manera más adecuada de acelerar en las rutas hacia la descarbonización de la economía y la transición energética? El propósito: llevar a cero las emisiones de gases de efecto invernadero y acotar las afectaciones que la contaminación produce al medioambiente y a las comunidades. Esta pregunta se puede plantear desde dos dimensiones básicas: ¿debe ser la transición energética un proceso liderado por las empresas estatales, las empresas privadas o por una combinación de ambas, bajo la rectoría, obvia, del Estado? Y ¿es posible para el Estado cargar con toda la responsabilidad de la transición energética, o existen mecanismos que facilitan la llegada a las metas propuestas? Creemos que el esclarecimiento pasa por el tamiz de las políticas de competencia económica y mejora regulatoria. Dicho de otra forma: estamos convencidas de que los mecanismos de mercado, la buena regulación y las empresas estatales y privadas, bajo reglas del juego claras, son los vehículos que pueden acercarnos de manera más eficiente a la ‘tierra prometida’ de la transición energética, mientras contribuyen a detonar oportunidades de empleo, crecimiento económico, innovación y desarrollo sostenible para el país y la región de Norteamérica, principalmente. Los invitamos a seguir esta exploración de temas selectos, con la que pretendemos describir la forma en que la competencia y la buena regulación pueden conformar la base de un futuro sostenible para todos.
Durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, el foro tripartita de máximo nivel que marcó el arranque de 2023, los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá acordaron darle un fuerte impulso a la competitividad, por medio de la atracción de inversiones en un contexto en el que no se puede obviar la emergencia climática global. Se destacó la importancia de la integración energética y comercial de la región como un medio para reducir las emisiones de metano –gas de efecto invernadero– en el sector de manejo de residuos, impulsar la electromovilidad, avanzar en el mapeo de minerales críticos para la transición energética y abrir un mercado de hidrógeno que motive un avance científico y regulatorio, entre otros objetivos. Aunque estos acuerdos demuestran que los ministerios trilaterales trabajaron intensamente en pos de una agenda común, el corazón de las disputas comerciales en materia energética entre los tres países quedó intocado. En efecto, en la Cumbre un elefante habitó en la habitación: la falta de garantía de parte de México de dar trato equitativo –o no discriminatorio– a los actores en los mercados, particularmente el energético.
Recientemente, el Departamento de Estado (DOS) de los Estados Unidos publicó un extenso documento sobre el clima de inversión mexicano observado en 2022[1] (lo llamaremos ECI22), que aborda la percepción del gobierno norteamericano sobre las condiciones que existen en nuestro país para desarrollar proyectos productivos. Las principales preocupaciones se centran en la incertidumbre jurídica para celebrar contratos, la inseguridad pública que dificulta la operación efectiva de las actividades comerciales y la presencia de corrupción en los tres niveles de gobierno, factores todos ellos que aumentan los costos de operación de los negocios. En el renglón de la incertidumbre económica, el ECI22 refleja ciertas inquietudes sobre las reglas del juego para garantizar piso parejo a las inversiones, privadas y públicas, es decir, a la política de competencia económica y su relación con aspectos trascendentes para lograr una transición energética[2] efectiva. En México Evalúa compartimos esta preocupación, y por ello ahondaremos en algunos aspectos relevantes de dicha política, para concluir con algunas recomendaciones en vista de la construcción de agendas rumbo al periodo electoral de 2024.
La embestida política contra la competencia económica
Como explicamos en nuestro estudio la La paradoja energética: motivos para abandonarla, la la principal disputa entre México, Estados Unidos y Canadá en materia energética frente al T-MEC tiene que ver con el favorecimiento, desde la política pública, de las empresas productivas del Estado, Pemex y la CFE, en detrimento de la competencia económica, esto es, en clara afectación de los inversionistas del sector privado provenientes de los países socios. El panorama, en este sentido, es crucial, ya que en él subyace la estrategia para lograr descarbonizar la economía y los principales sectores que producen gases de efecto invernadero a la atmósfera –el energético, transporte, manejo de residuos e industria pesada, entre otros– y las reglas del juego para lograrlo a través de la participación pública y privada en las inversiones.
México sigue siendo el segundo socio comercial de Estados Unidos en bienes y servicios. Estados Unidos, por su parte, acumulaba en 2021 cerca de 207.3 billones de dólares de proyectos de inversión en México, según datos del Fondo Monetario Internacional. Ese estatus no es arbitrario. El respeto irrestricto al principios de competencia económica y de gobierno corporativo para empresas estatales es uno de los pilares de los términos y condiciones aceptados por México en el T-MEC, y por ello es tan llamativo el reconocimiento que se hace en el ECI22 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), un actor clave en la protección, promoción y garantía de un mercado libre competitivo en México para beneficio de consumidores finales. La Cofece es responsable de eliminar las barreras a la competencia y a la concurrencia, esto es, a la libre entrada al mercado en toda la economía (excepto en el sector de las telecomunicaciones, que se rige por su propia autoridad de competencia: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT), y de identificar y regular el acceso a los insumos de producción esenciales.
Y es el propio DOS el que apunta a los problemas que ha enfrentado la Cofece para defender la legalidad y la efectividad de la política de competencia económica a través de los habituales instrumentos jurídicos: desde opiniones sobre políticas públicas hasta controversias constitucionales presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, el desacuerdo más relevante se ha originado en la intención del presidente de la República y de su administración federal de injerir en las decisiones de la Cofece, a veces en clara violación de su autonomía constitucional, y en detrimento de su estructura interna. En relación con este último aspecto, uno de los más altos riesgos se derivó de la falta de voluntad política del Ejecutivo Federal para nominar a dos comisionados y así frenar las actividades de la Cofece, cuyo Pleno, por falta de quórum, se encontraba impedido para resolver asuntos concernientes a barreras a la competencia o a la emisión de disposiciones regulatorias. Apenas el pasado 3 de febrero, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ante una controversia constitucional interpuesta por la Cofece, el Ejecutivo federal fue forzado a nominar, y el Senado a avalar, sendos nombramientos. Asimismo, la controversia constitucional interpuesta por la Cofece para mantener los niveles salariales (y, consecuentemente, no debilitar su capacidad para atraer y retener personal técnico altamente calificado) ocasionó animadversión por parte del titular del Poder Ejecutivo, que argumenta que los funcionarios del órgano autónomo no deberían percibir sueldos mayores a los topados en la Ley de Remuneraciones promulgada por él mismo.
La desestimación del valor de la Cofece por parte del presidente López Obrador se da por sentada en el ECI22, pero el asunto va más allá de declaraciones públicas recurrentes. En 2020 el partido en el poder presentó una iniciativa de reforma constitucional que tenía el fin de fusionar a la Comisión con otros reguladores y reducir así al máximo sus facultades y capacidades, entre las que destaca su autonomía. La iniciativa fracasó, pero dio buena cuenta de la visión presidencial respecto de la política de competencia económica.
El nulo juego político que desde el poder se otorga a la institucionalidad de la competencia económica ya muestra daños concretos. Según el más reciente reporte de la Cofece, se verifica una desaceleración en su labor de investigación y persecución de conductas anticompetitivas. Se llega al extremo de que, en materia de electricidad, la Cofece registra de 2015 a 2022 una sola investigación por prácticas monopólicas absolutas (la Comisión resolvió cerrar el expediente ante la inexistencia de elementos). Este caso lo documentamos en el Mapa de vigilancia del Estado sobre sus empresas productivas.
No obstante, el órgano ha perseverado en el cumplimiento de su mandato y ha dado resultados relevantes. En su informe 2021 da cuenta de un incremento del 97%, respecto de 2018, en multas impuestas por sanciones a agentes económicos que infringieron la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE).
Con todo, y como lo apuntamos recientemente, la embestida del poder político contra la competencia económica no ha cejado. Hoy (primer trimestre de 2023) espera dictamen una iniciativa de reforma legal que busca quitar a la Cofece y al IFT sus facultades para presentar querellas ante la Fiscalía General de la República con el fin de perseguir delitos por colusión. También pretende retirar la protección a agentes económicos que se adhieran al Programa de Inmunidad, sobreseer procesos en casos de cumplimiento de sanciones administrativas y eliminar la capacidad de estos órganos para publicar disposiciones regulatorias sobre insumos esenciales. De aprobarse esta iniciativa, la Cofece (y el IFT, en su ámbito) quedarían excluidos del sistema para perseguir los delitos más graves en su propia materia económica, lo cual va contra toda lógica, ya que la Fiscalía no cuenta con una división especializada en este tipo de asuntos, lo que podría dar lugar a desperdicio de recursos y facilitación de la impunidad por falta de capacidad institucional.
El papel de la Cofece en una transición energética efectiva
La Cofece, en respuesta a los cuestionamientos sobre su utilidad pública y social, valoró en 2020 el impacto en términos monetarios, y a favor de los consumidores, que tienen sus resoluciones sobre conductas anticompetitivas o concentraciones. Esto es, calculó cuánto dinero habrían pagado los consumidores (un equivalente a alzas de precios o reducciones de la oferta de bienes y servicios) si la Cofece no hubiera actuado en los asuntos específicos que investigó en un año determinado. El cálculo actualizado a 2021 y públicamente disponible, para el periodo 2017-2021, apunta a un beneficio para los consumidores de aproximadamente 24.3 mil millones de pesos (mmdp), equivalente a 7.5 veces el presupuesto total de la Cofece para ese periodo. Sólo para 2021 tal beneficio ascendió a 2.5 mmdp, 4.3 su presupuesto para ese año, que fue de 599 mdp.
Además, en mayo de 2021 la Autoridad Investigadora de la Cofece dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el inicio de una investigación, bajo el expediente DE-027-2020, por prácticas monopólicas relativas[3], a raíz de la denuncia de realización de este tipo de prácticas en los mercados de generación, comercialización al mayoreo, suministro de energía eléctrica y productos asociados, además de servicios y actividades relacionadas con este mercado en territorio nacional. Dicha investigación se encuentra en proceso.
El mandato de la Cofece de fomentar el funcionamiento competitivo de los mercados no se limita a realizar investigaciones específicas sobre prácticas anticompetitivas y autorización de concentraciones[4]. También emite opiniones –que por ley no son vinculantes– respecto de los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por autoridades públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica. Así, el organismo ha demostrado un notable interés en los cambios regulatorios y legales que, en materia energética, ha impulsado la administración del presidente López Obrador, y que transgreden claramente el principio de competencia económica consagrado en la Constitución y acordado en el T-MEC. La siguiente tabla resume su opinión o postura ante los principales cambios.
| Opinión sobre la transición hacia mercados competidos de energía: gasolinas y diésel Enero de 2019 | La Cofece expuso la brecha que existe entre la situación de los mercados de gasolinas y diésel en México y un modelo de mercado competido. Identificó cuellos de botella y problemas de competencia en estos mercados, y valoró posibles soluciones para asegurar el avance de la transición hacia mercados competidos, para que se concreten las inversiones y se logren eficiencias que se puedan traducir, vía precio final, en beneficio de los consumidores. |
| Opinión sobre la separación legal de la Comisión Federal de Electricidad 2 de mayo de 2019 | La Cofece recomendó que la CFE mantuviera algún grado de separación horizontal en el eslabón de generación de electricidad, y de separación vertical entre los eslabones de distribución y comercialización. |
| Opinión sobre la regulación relativa a la importación, comercialización y expendio de gasolinas. 22 de febrero de 2019 | La Cofece recomendó que la normativa que regula la obtención de nuevos permisos –tanto para la importación como para la comercialización y el expendio al público de gasolinas, así como la modificación y cesión de los mismos– se aplique de manera expedita y no discriminatoria. Además, recomendó emitir a la brevedad una directriz para eliminar los obstáculos regulatorios para la instalación y operación de más gasolineras a nivel local. |
| Opinión sobre el Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Estabilidad y Continuidad del Sistema Eléctrico Nacional 7 de mayo de 2020 | La Cofece apuntó que las medidas adoptadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), las cuales impedían por tiempo indefinido la participación en el mercado a nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas, y generaban incertidumbre sobre la posibilidad del despacho de dichas centrales, deberían estar basadas en estrictos criterios técnicos, puestos en el conocimiento público. Además, recomendó que no se otorgara un trato discriminatorio a ciertas centrales eléctricas y que se aplicaran medidas para asegurar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. |
| Sobre el Acuerdo para Permisos de Importación y Exportación de Hidrocarburos y Petrolíferos 8 de abril de 2021 | La Cofece recomendó retirar el anteproyecto que las Secretarías de Energía (Sener) y de Economía (SE) emitieron para otorgar una amplia discrecionalidad a la primera en el otorgamiento de permisos de importación de largo plazo, lo que a su juicio dificultaría y limitaría considerablemente la obtención de permisos de importación de largo plazo, toda vez que Pemex sólo enfrenta competencia en la comercialización de gasolinas a través de las importaciones. Por ello, la Cofece opinó que contar con ese tipo de permisos es condición necesaria para la existencia de competencia en este mercado. |
| Opinión sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos 12 de abril de 2021 | La Cofece emitió una opinión sobre los riesgos que la iniciativa del Ejecutivo federal establecía al limitar la entrada de más empresas y reducir la oferta. La iniciativa fue aprobada y entró en vigor en mayo de 2021. |
| Opinión sobre la transición hacia mercados competidos de energía: los Certificados de Energías Limpias en la industria eléctrica mexicana 15 de mayo de 2021 | En la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Transición Energética (LTE) se contemplan a los Certificados de Energía Limpia (CEL) como un instrumento para reconocer, monetizar y pagar los beneficios sociales en términos ambientales de generar electricidad con tecnologías limpias. Asimismo, en la LTE se prevé que la Cofece realice una evaluación de dicho mercado, y emita recomendaciones con el fin de mejorar su desempeño. En cumplimiento con este mandato legal, la Comisión emitió un análisis, conclusiones y recomendaciones basados en el escenario previo a la reciente reforma (2021) a la LIE, como un punto de partida para implementar en el futuro las medidas necesarias para restaurar mercados competidos de generación y suministro de electricidad, y para retomar la senda hacia la transición energética. |
| Opinión sobre la iniciativa de reforma constitucional en materia energética 3 de marzo de 2022 | Dados los severos riesgos de afectación a consumidores y empresas que supondría, la Cofece recomendó no aprobar la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica. La aprobación de la iniciativa habría suprimido la competencia en el sector y eliminado los mecanismos de regulación que permiten su desarrollo eficiente. El cambio de modelo, con su subsecuente alza de tarifas de electricidad, afectaría a consumidores y empresas mexicanas; también podría lastimar las finanzas públicas debido al uso ineficiente de recursos y a la aplicación de subsidios. La Cofece recomendó no aprobar la iniciativa y consolidar un modelo eléctrico competitivo que sea capaz de abastecer electricidad en las mejores condiciones, y que apoye el desarrollo del país. |
A pesar de la evidencia, es notable que no todos los actores económicos y políticos reconocen la necesidad de que exista un órgano de competencia efectivo, y lo es aún más que la administración federal dé la espalda a los principios de la competencia al apoyar, con convicción estatista, a los agentes económicos con mayor poder en los mercados energéticos. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con la política energética actual: al favorecer presupuestal, financiera, comercial y regulatoriamente a Pemex y CFE, choca con la competencia económica.
En los últimos dos años esta política de choque escaló a niveles importantes, al grado de que la Cofece, atendiendo a su normatividad, presentó controversias constitucionales contra la llamada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (la cual fue votada como inconstitucional por la SCJN), y contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (ver tabla anterior). Y es que si la Comisión tiene conocimiento de actos o disposiciones generales por parte de algún órgano constitucional autónomo, del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal que vulneren el ejercicio de sus atribuciones, según su ley puede interponer controversias constitucionales en términos de lo previsto por el inciso l), de la fracción I, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y así lo ha hecho, como puede revisarse en la siguiente tabla.
| Controversia constitucional sobre la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 22 de junio de 2020 | La Cofece presentó una controversia constitucional para velar porque en los mercados de la generación y suministro (comercialización) de electricidad prevalezcan las condiciones para que, tanto la CFE como los agentes privados, puedan competir en igualdad de oportunidades. En febrero de 2021 la SCJN resolvió sobre este asunto e invalidó diversas disposiciones de la Política. |
| Controversia constitucional sobre la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica Marzo de 2022 | Frente a la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal para reformar la LIE, la Cofece presentó una controversia constitucional que fue sobreseída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2022, al determinar que los preceptos no afectan o agravian la esfera de competencia de la Cofece, además de determinar que la Cofece no poseía interés legítimo. La sentencia no contó con los ocho votos necesarios para declarar inconstitucional la reforma a la LIE. |
La controversia por la reforma a la LIE fue la más relevante, con las consecuencias más complejas. Como explicamos en nuestro estudio sobre la paradoja energética, la Suprema Corte sólo pudo determinar como constitucionales algunas porciones normativas; es decir, algunos aspectos de la reforma permanecen en la ley aplicable y otros, no, a partir de la fecha de su aprobación. El más preocupante, sin duda, fue el cambio en el orden de despacho, que permite que se ‘inyecte’ primero energía de la CFE al Sistema Eléctrico Nacional, sin importar que ésta sea más cara y más contaminante que la energía generada en buena medida por plantas propiedad de privados. La Corte consideró constitucional que las autoridades busquen fortalecer a las empresas estatales, sin ponderar con suficiente claridad la imperiosa necesidad de cumplir a cabalidad con los principios de competencia económica y sustentabilidad, indispensables para lograr una transición energética efectiva.
La ambigüedad resultante de la sentencia de la Corte dejó abierta la posibilidad de que las empresas afectadas por la reforma se amparen, razón por la cual el sistema de justicia actualmente acumula centenas de amparos. Recientemente, la Segunda Sala de la SCJN atrajo una serie de expedientes de amparos promovidos contra la LIE reformada, con lo que, si dichos amparos son otorgados, posiblemente veremos en el futuro próximo el establecimiento de dos sistemas de despacho eléctrico paralelos: uno aplicable a los amparados (y equivalente a la LIE previa a la reforma) y otro para los no amparados, que favorece en el despacho y la segmentación de mercado a la CFE en detrimento de los competidores. Es decir, una situación altamente disfuncional y muy poco atractiva para las nuevas inversiones.
Pemex y CFE: una preponderancia ‘forzada’ en el mercado
La ambigüedad que dejó la sentencia de la Corte dio lugar a que en julio de 2022 el Gobierno de los Estados Unidos expresara, por medio de su representante de comercio, Katherine Tai, una preocupación redoblada en torno a los cambios en la política energética de México, y su inconsistencia con los compromisos de México bajo el T-MEC. La inquietud se relaciona, de manera inmediata, con afectaciones en los intereses económicos de ese país vecino, pero también con la forma en que se desincentiva la inversión privada en energías limpias y la actividad de empresas de diversos giros que comprarían energía limpia y confiable en México, a fin de obtener las certificaciones correspondientes para poder alinear sus cadenas productivas con las necesidades del comercio internacional. Desde este punto de vista, el trato al sector privado en México ha sido injusto, razón por la cual el Gobierno estadounidense decidió encauzar las preocupaciones por la vía institucional a través de una consulta y un posible panel ante el T-MEC.
En concreto, las acciones de México que originaron la controversia incluyen las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica que priorizan la distribución de energía generada por la CFE en detrimento de fuentes de energía más limpias, proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar. También comprenden los retrasos, denegaciones y revocaciones por parte de las autoridades regulatorias mexicanas para operar en el sector energético de México, que afectan, entre otros, a proyectos de energía renovable.
Así, las políticas de México han cortado en gran medida las inversiones estadounidenses y de otros países en la infraestructura de energía limpia del país. Como consecuencia, los objetivos climáticos que México ha acordado internacionalmente en virtud del Acuerdo de París se advierten muy difíciles de alcanzar. Con cifras del Sistema Eléctrico Nacional a diciembre de 2022, el 73.2% de la energía eléctrica se genera a partir de fuentes fósiles, mientras que 23.4% se genera por medio de energías renovables y 3.37% por medio de energía nuclear.
Estas políticas también afectan seriamente las decisiones de inversión en innovación por parte del sector privado en el mercado energético mexicano. México no ha publicado aún una política o estrategia oficial de cero emisiones netas de carbono. Por lo que toca a la generación de energía eléctrica con fuentes limpias, a enero 2023 la CRE acumula permisos detenidos equivalentes al 10% de la generación renovable, equivalentes, por lo menos, a 1,900 MW de parques listos para arrancar, de los cuales 900 MW aproximadamente corresponden a generación eólica, y 1,000 MW a generación fotovoltaica en grandes parques. Estos datos de la CRE fueron recopilados por Karol García para El Economista.
Un retroceso discriminatorio
El propio ECI22 recuerda que la reforma constitucional de 2013 abrió el sector eléctrico a la inversión privada y agregó orden al sector a través del diseño y creación de un mercado eléctrico mayorista para la generación y el suministro mayorista de energía, lo que permitió a las empresas competir con la CFE. México realizó tres subastas eléctricas de largo plazo desde la reforma, en las que se adjudicaron más de 40 contratos por 7,451 MW de suministro de energía y Certificados de Energía Limpia. CFE sigue siendo el único proveedor de servicios de transmisión y distribución, y posee todos los activos de distribución.
Asimismo, la reforma energética de 2013 introdujo la crucial separación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de la CFE, para que el primero controlara, como hasta ahora lo hace, el mercado eléctrico mayorista nacional, a fin de garantizar el acceso no discriminatorio a la red para los competidores. No obstante, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que los recientes cambios legales y regulatorios operados por el Gobierno mexicano ponen en entredicho la independencia del Cenace, pues, como hemos dicho, redundaron en la modificación de las reglas que regían el orden de despacho de energía eléctrica. De hecho, el ECI22 reconoce el esfuerzo que han realizado docenas de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales para obtener en tribunales medidas cautelares contra dichos cambios regulatorios, bajo el argumento principal de la discriminación a los participantes privados en el sector eléctrico.
Recordemos que desde 1992, los generadores de energía independientes eran autorizados para operar, pero, dado que el marco legal de esa época no permitía la libre compra-venta de electricidad, debían vender su producción a la CFE o utilizarla para el autoabastecimiento. Los contratos asociados con dicho autoabasto de esa época perviven hasta su caducidad, según quedó legislado en la reforma constitucional de 2013, lo que no ha impedido que dichos proyectos hayan sido objeto de las críticas más fuertes por parte de la actual Gobierno, que los considera contratos que “defraudan a la ley”. En resumidas cuentas, la reforma legal de 2021, impulsada por el presidente López Obrador y controvertida por la Cofece, legisladores de oposición y una entidad federal (y, recordemos, parcialmente validada por la Suprema Corte en abril de 2022), abrió toda una oportunidad para el Ejecutivo: que la Corte declarara como constitucional que las autoridades dependientes de él inspeccionen, negocien y cancelen contratos que consideren, a su muy particular juicio, como fraudulentos. Así lo mencionó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en su comparecencia ante el Congreso de la Unión. Esto también explica la constante judicialización del sector, pues las empresas privadas siguen buscando amparos ante el sistema de justicia, como la española Iberdrola, que fue multada por 9,145 millones de pesos pues la autoridad consideró que vendió electricidad de forma ilegal, al amparo de un contrato de autoabasto. Un juez otorgó a Iberdrola el amparo definitivo.
Según la reforma de 2013, los generadores de energía privados pueden instalar y administrar interconexiones con la infraestructura de transmisión y distribución de la CFE. Sin embargo, como lo hace notar el ECI22, en los años más recientes el aumento en la generación de energía propiedad de CFE se marcó como prioridad en el plan de negocios de la empresa, lo que rompe la práctica que la empresa adoptó desde 2014, y que consistía en la contratación de empresas privadas para construir y operar instalaciones de generación eléctrica. Peor aún: al no permitir a los autoabastos migrar al nuevo mercado eléctrico mayorista, la CFE ejerce una presión extraordinaria para que las empresas nacionales y extranjeras consumidoras renegocien contratos de suministro previamente ejecutados y migren a la proveeduría de la CFE, como lo documentó Arturo Solís de Bloomberg. incluso si ésta es más cara y no queda claro si se genera con fuentes limpias. Y encima de todo esto, existe evidencia que confirma que las entidades gubernamentales mexicanas otorgan cada vez más contratos por adjudicación directa o adquisiciones por invitación, como es el caso de los proyectos de repotenciación de las hidroeléctricas o los cinco proyectos prioritarios de generación eléctrica. Así, las preocupaciones significativas entre los inversionistas, y el enrarecimiento en el clima de confianza en el país, terminan de tomar forma.
Conclusiones
Si bien, en términos generales, el Gobierno mexicano ha establecido sistemas legales, regulatorios y contables consistentes con las normas internacionales, la actual administración federal ha erosionado la autonomía de los órganos reguladores y ha cuestionado públicamente su valor, su legitimidad y su credibilidad. Reguladores como la Cofece han respondido a este debilitamiento del sistema de competencia económica con opiniones técnicas y legalidad. No ha sido suficiente. Para construir una agenda de desarrollo económico efectiva para el país, consideramos que es necesario que…
- Los poderes de la Unión, particularmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en los tres niveles de gobierno, otorguen más apoyo político y presupuestal a la política de competencia económica , con el fin de que trabaje con mayor amplitud en más sectores, y con mayor profundidad para ir a más mercados con más innovación en metodologías.
- Se ejecuten cambios legales para que las opiniones de la Cofece sean vinculantes.
- Se involucra a la Cofece en una agenda nacional de transición energética y descarbonización de la economía.
- Se refuerce al Servicio Profesional de Carrera para que el personal técnico de la Comisión pueda atender problemáticas que surgen en mundo cambiante, como es la digitalización y el cambio climático.
- Se fomenten las sinergias con la Fiscalía General de la República para crear cuerpos especializados en materia de delitos económicos.
[1] Se trata del 2022 Investment Climate Statements: Mexico.
[2] La transición energética es el proceso de reducir los combustibles fósiles y volver a desarrollar sistemas completos para operar con fuentes de energía bajas en carbono (Jinfang Tian et al., 2022).
[3] Actos, contratos, convenios o procedimientos que realizan uno o varios agentes económicos con poder sustancial y que tienen, o pueden tener, el objeto o efecto de desplazar indebidamente a otros participantes del mercado, impedir sustancialmente su acceso, o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos. Ejemplos de estas prácticas son las compras o ventas atadas, exclusividades, la discriminación de precios o de trato, la elevación de los costos a otros agentes económicos y la negativa de trato, entre otras.
[4] Una concentración se da cuando empresas o agentes económicos se fusionan, adquieren parte(s) de otra(s), se asocian o realizan cualquier operación que las une.
