¿Cómo vulnera el crimen organizado las elecciones y los gobiernos municipales?

Ante el incremento en los ataques a precandidatos y candidatos por parte del crimen organizado, analizamos sus motivos, su modus operandi, sus efectos y el riesgo que esto representa para la democracia. 

Céline González (@celinefa) y Sandra Ley (@sjleyg)*

El inicio de las campañas electorales a nivel local en México ha revelado, una vez más, el papel político de los grupos criminales. Tan solo entre enero y marzo del presente año, se registraron más de 30 ataques a precandidatos y candidatos, incluyendo asesinatos, ataques, secuestros, desapariciones y amenazas. Éstos se suman a las más de 100 agresiones a autoridades y funcionarios públicos durante el mismo periodo. No es un fenómeno nuevo. A lo largo de casi dos décadas, los grupos criminales en México han diversificado e intensificado sus estrategias para incidir en la política local. En años más recientes, además, se observa un incremento en la violencia dirigida contra actores políticos. Los objetivos primordiales de estos atentados son: establecer redes de protección entre las futuras autoridades electas, incidir en el nombramiento de funcionarios de seguridad y justicia, acceder a recursos públicos, e influir en el diseño e implementación de la política pública.

Resulta urgente dar cuenta del saldo que tales ataques han dejado. En este texto, resumimos los hallazgos del reporte “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México” en el que analizamos la relación entre los ataques del crimen organizado contra autoridades e integrantes de partidos, las elecciones y la seguridad en los municipios mexicanos.

Este es el resultado de un trabajo conjunto entre México Evalúa, Data Cívica y Animal Político, a partir del proyecto Votar entre Balas, que pone a disposición del público general una base de datos sobre dichos ataques ocurridos desde 2018, la cual se actualiza mensualmente e incorpora ya información de 2024. Además se acompaña con una serie de reportajes periodísticos que revelan la forma en que el crimen se ha adentrado en la política local mexicana. 

Los datos: Tendencias generales de la violencia político-criminal

El proyecto Votar entre Balas captura el fenómeno de la “violencia político-criminal”, entendida como los ataques que grupos vinculados con el crimen organizado ejercen contra actores políticos, mediante los cuales buscan incidir en el control de los procesos electorales, las instituciones políticas y los recursos públicos. En consecuencia, la base de datos concentra información tanto de las características de los actos criminales que la delincuencia ejerce en contra de actores políticos, como de las víctimas de tales eventos (la metodología detrás de este ejercicio está disponible aquí)

A partir de este conjunto de datos, analizamos los ataques acumulados de 2018 a 2023, periodo para el cual tenemos información completa para cada año. Se contabilizaron 1,373 ataques del crimen contra actores políticos —incluyendo amenazas, atentados, ataques armados, desapariciones, secuestros y asesinatos—, principalmente concentrados en los periodos electorales de 2018 y 2021, junto con una tendencia sostenida a la alza en 2022 y 2023, en casi todo el territorio nacional. 

En conjunto, los ataques resultaron en más de 1,600 víctimas, entre autoridades electas, personas candidatas, militantes de partidos, funcionarias públicas y sus círculos más cercanos. Resalta que las personas candidatas e integrantes de partidos políticos son más violentadas justo durante los meses de campañas y elecciones. En cambio, fuera del ciclo electoral, quienes sufren más eventos violentos son sobre todo autoridades popularmente electas como alcaldes, síndicos, regidores, entre otros. Después de las elecciones de 2022 y en el transcurso de 2023 los ataques contra personas funcionarias en el área de seguridad, en la administración pública municipal (secretarios municipales, tesoreros, directores de dependencias del gobierno, etc.) y los familiares de todos los grupos anteriores, han aumentado considerablemente. 

Las consecuencias: el crimen en las elecciones y en los ayuntamientos

Dados los hallazgos sobre los perfiles de las víctimas de los ataques criminales, analizamos su relación con la participación ciudadana en las elecciones municipales y con las trayectorias de violencia de los municipios mexicanos. 

Siguiendo estudios previos, consideramos, por un lado, que la violencia político-criminal aumenta las percepciones del riesgo de participar en las elecciones y la confianza en las mismas. Por otro lado, hay abundante evidencia sobre casos en que el crimen organizado también ha buscado desmovilizar al electorado y casos en donde la violencia ha incentivado el rechazo a servir como funcionarios de casilla. En ese contexto, analizamos dos momentos cruciales para la participación ciudadana en las elecciones mexicanas: como personas funcionarias de casilla y como votantes. Para ello, utilizamos dos indicadores: el porcentaje de funcionarios sustituidos por alguien de la fila el día de la elección y el porcentaje de participación electoral. Nuestro análisis de las elecciones locales en 2018 y 2021 revela que los ataques a personas candidatas y militantes de partidos están asociados con un mayor porcentaje de funcionarios sustituidos por alguien de la fila el día de la elección, lo que implica que esas personas desistieron de participar en la recepción y conteo de votos el día de elección. Más aún, los ataques contra autoridades están asociados con reducciones en la participación electoral municipal. 

Una vez pasado el proceso electoral, las nuevas autoridades electas y sus gabinetes continúan siendo un objetivo clave de la violencia político-criminal. La coerción del crimen organizado pervierte la posibilidad de implementar una política pública efectiva para atender la inseguridad. Nuestro análisis del conjunto del periodo 2018-2023 muestra que la tasa de homicidios a nivel municipal está relacionada con un mayor número de ataques contra personas funcionarias en el año previo. 

La violencia político-criminal en México tiene afectaciones reales sobre la participación política de las personas, vulnerando así un derecho fundamental de la democracia. Al reducirse la participación ciudadana en las elecciones, se afianza el vínculo entre crimen y autoridades. El estudio muestra que nuestra atención y preocupación por este tipo de ataques deben ir más allá de los procesos electorales, porque dejan su huella también en las trayectorias de desarrollo municipal. Atender las raíces del crecimiento rápido y generalizado de ataques de alto perfil debería ser una prioridad para la próxima administración federal.

*Programa de Seguridad de México Evalúa