¿Cómo será la política energética en el sexenio de Sheinbaum?
Aunque la presidenta electa ha prometido una transición hacia energías renovables, al mismo tiempo continuaría con la política energética de AMLO, de combustibles fósiles y preponderancia de Pemex y CFE en la industria.
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) y Miguel del Valle | Programa de Competencia y Regulación
A inicios de esta semana, Claudia Sheinbaum anunció a Emilia Calleja como la próxima directora general de la CFE. Calleja, nombrada en mayo de 2023 directora de CFE Generación I por Manuel Bartlett, refuerza la estrategia del todavía mandatario López Obrador de “fortalecer” a las Empresas Productivas del Estado. Aunque la presidenta electa ha prometido una transición hacia energías renovables, al mismo tiempo promete lo contrario: continuar con la política energética que privilegia los combustibles fósiles y la preponderancia de Pemex y CFE en la industria. La pregunta clave es: ¿cómo conciliará Sheinbaum ambas posturas?
La promesa de continuar con la doctrina lopezobradorista en energéticos, por parte de la siguiente administración, se apoya en dos documentos de campaña: “100 pasos para la transformación” y “Proyecto de Nación 2024 – 2030”. Ambos dejan entrever que se seguirá una línea de continuidad. Sin embargo, al analizar más de cerca, emergen discrepancias en la política energética del próximo sexenio.
Energías limpias vs. combustibles fósiles: el dilema
López Obrador ha invertido en refinerías y desestimado las voces que pronosticaban el fin de la era del petróleo, como lo expresó en su discurso en Tabasco en 2022. Este enfoque, que ha sido criticado a nivel nacional e internacional, es uno de los legados que Sheinbaum parece dispuesta a continuar. Ella asegura que lo hará a través de una estrategia de “doble vía”: a corto plazo impulsar la inversión en energías fósiles, mientras se sientan las bases en la CFE para una transición gradual hacia las energías renovables. Sin embargo, para Pemex, esta estrategia enfrenta desafíos. ¿Puede el erario seguir sosteniendo el fallido modelo de negocios del presidente AMLO? Recordemos que la subsidiaria Pemex Transformación Industrial —encargada de la operación del Sistema Nacional de Refinación y de la Petroquímica, y clave en ese modelo de negocios— registra pérdidas operativas acumuladas por cerca de 1 billón de pesos en los últimos seis años.
La reciente inauguración de la refinería de Dos Bocas, en la que Sheinbaum reafirmó su compromiso con el proyecto de López Obrador, es un indicio de que, al menos en el corto plazo, su administración podría priorizar la continuidad sobre la innovación. En su discurso, Sheinbaum destacó la importancia de seguir “fortaleciendo” a Pemex y la CFE, y defendió la soberanía energética como un objetivo central de su gobierno. Esto sugiere que, aunque la transición energética siga siendo un objetivo declarado, en la práctica, la administración de Sheinbaum podría centrarse más en consolidar los esfuerzos de su predecesor que en impulsar un cambio radical.
A medida que avance la próxima administración, será crucial observar cómo se maneja esta contradicción. Por un lado, está la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático y sostenibilidad; por otro, la realidad económica y política de un país que todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles.
Un listado de reformas que complejizan el panorama
El conjunto de reformas promovidas por López Obrador en el sector energético, añade otra capa de complejidad a este debate. Una de ellas, la llamada de Industrias Estratégicas, plantea modificar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. De lograrse, el equilibrio actual de las estructuras sobre las que opera el sector energético del país, quedaría roto.
Los cambios propuestos en estos artículos consisten en:
1) La extinción del régimen especial de Empresas Productivas del Estado para sustituirlo por un régimen de Empresas Públicas del Estado. El cambio de nombre le sustrae la obligación de seguir las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo.
2) Sustitución en el sector eléctrico del mandato de la hoy Empresa Productiva del Estado —que hoy se concentra en la generación de “valor económico con sustentabilidad”— con la de brindar el servicio público de electricidad sin lucro, a los menores precios posibles, para preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación. Es decir: se le permite generar pérdidas sin restricciones.
3) La determinación de que la iniciativa privada podría participar en el sector eléctrico bajo los términos que establezcan las leyes secundarias, pero siempre bajo la restricción de que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la Empresa Pública del Estado.
Estas iniciativas de reforma se suman a la intención de reducir la participación privada en el sector eléctrico a un máximo de 46% que posiblemente se incluirá en las leyes secundarias.
Dominancia de mercado con esteroides
No brindar mayor información sobre los términos bajo los cuales participarán los privados, podría generar tensiones e incertidumbre jurídica. Esto, bajo un esquema de dominación del mercado por parte de la empresa estatal, tanto inercial —por su comportamiento de monopolio—, como por el impulso desde la política pública para aumentar su participación. Dicho de otro modo: dominancia de mercado con esteroides, algo que de hecho era un plan trazado por la administración actual desde hace años. La consecuencia más probable será la desinversión en el sector.
Y es que, con base en datos de la propia CFE expuestos durante el Parlamento Abierto de 2022 durante la reforma constitucional en materia eléctrica, la participación del sector privado aumentó entre 2013 y 2020 de 37% a 61%. Este crecimiento preocupaba al presidente López Obrador y al director de la CFE. Por ello, argumentaron la necesidad de promover las reformas constitucionales y legales necesarias para aumentar el control estatal sobre sectores estratégicos y evitar que la participación de mercado de los privados llegara a 84% en el año 2029, como en su momento lo mostró el Ingeniero Mario Morales Vielmas, a nombre de la CFE, en la lámina 27 de dicha presentación. Para 2023, la Secretaría de Energía reportó en su Prodesen 2024-2038 (Pág.187) que la participación privada ronda el 30% de la capacidad instalada interconectada total del país. Como se puede observar, las reformas que actualmente se encuentran en espera de aprobación continúan dicho anhelo.
El problema con esta estrategia para lograr la máxima dominancia posible para la CFE es que entraría en serio conflicto no sólo con los principios de competencia económica consagrados en la Constitución, sino con los compromisos adquiridos por México en tratados internacionales, como el T-MEC y demás acuerdos internacionales. Sin duda, la ruptura de estos compromisos resultará en numerosos y costosísimos arbitrajes.
Socavar la competitividad del país y erosionar el Estado de Derecho
Paradójicamente, el solo acaparamiento del mercado —lo que el presidente interpreta como fortaleza de las empresas estatales— no sería suficiente para brindar a la población el suministro eléctrico que se requiere. La demanda eléctrica aumenta a tasas superiores al 3% anual que equivale a inversiones del orden de por lo menos 5 mil millones de pesos en promedio en los siguientes seis años. Actualmente, la CFE invierte apenas una quinta parte, como han señalado expertos como Guillermo García Alcocer o Sergio Resendez.
Al considerar las reformas propuestas al sistema judicial y la extinción de órganos autónomos, los riesgos se multiplican. La combinación de un control estatal más fuerte en sectores estratégicos, la reducción de la independencia judicial, la peligrosa oportunidad del poder político de sancionar a través de un tribunal disciplinario a jueces que otorguen protección jurídica a personas físicas o morales por dictar sentencias en contra del interés público (recordemos que toda declaratoria de utilidad pública asociada a una expropiación puede ser interpretada como interés público), y la eliminación de contrapesos autónomos, podría llevar a un entorno donde las decisiones clave se concentren solamente en manos del Poder Ejecutivo, disminuyendo la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los inversionistas.
Este escenario, además de socavar la competitividad del país, podría erosionar la confianza en las instituciones democráticas y en el Estado de derecho, cuando lo que necesita el país es una ruta clara hacia el desarrollo con la participación de todos los sectores, no solo el público. ¿Tendrá Claudia Sheinbaum la voluntad de evitar que México continúe atrapado en una paradoja energética que sacrifica el futuro sostenible?
