Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Necesitamos pensar fuera de la caja en materia de corrupción. No quiero decir con esto que todo el esfuerzo legislativo realizado en 2015 y 2016, y que desembocó en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), haya sido en vano. Pienso que construimos entonces un modelo que bien puede funcionar, pero que está atorado en la implementación, y no porque su diseño técnico sea inadecuado. Razones políticas, más bien, lo han hecho inviable.

Hace algunas semanas llegó a mis manos el más reciente reporte del Vance Center de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Se trata de una medición de las capacidades para enfrentar la corrupción en países latinoamericanos.

El reporte contiene innovaciones respecto a otros estudios conocidos sobre la materia. Por ejemplo, utiliza insumos que se originan en entrevistas y trabajo colaborativo con comunidades de abogados que llevan prácticas anticorrupción y de cumplimiento en sus respectivos países. No es un acercamiento totalmente original, pero nos ofrece una perspectiva interesante, o más directa, desde la práctica jurídica.

Como en otras escalas de medición, en ésta México aparece a media tabla, con una calificación de 5.64. Los mejores son los de siempre: Uruguay y Chile. Los peores también son los usuales: Guatemala y Venezuela. El resto de países se sitúa entre las estrellas del firmamento y las democracias fallidas.

La lección que nos dan los países punteros: son las instituciones y la aplicación de la ley lo que importa…

Y aunque usted quizás no lo crea, México destaca por su calificación casi perfecta en el marco legal. Toda la normatividad relacionada con SNA, tanto en lo general como en lo específico, es lo mejor de la región, según esta evaluación. Sin embargo, en otros aspectos México obtiene malas notas: cuenta con buenas leyes pero autoridades débiles o implementaciones truncas.

Uruguay y Chile, a diferencia de México, no tienen el marco legal perfecto pero hacen las cosas mucho mejor, con instituciones más potentes y con leyes mejor aplicadas. Toda una lección para nosotros.

Puede que nuestro país salga muy bien evaluado por su marco legal, pero el estudio igual nos ofrece recomendaciones puntuales en ese renglón. Algunas de ellas: perfeccionar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, elaborar un régimen de responsabilidades más específicas para el sector privado, unificar tipos penales y ofrecer más protección a ‘alertadores’ de la corrupción.

Me gusta que el reporte plantee recomendaciones que pueden servir para una siguiente ronda de reflexión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción (¿cómo mejorarlo?). Sin olvidar la lección que nos dan los países punteros: son las instituciones y la aplicación de la ley lo que importa.

En el reporte también se identifican los rasgos que provocan que nuestro sistema sea poco funcional y poco efectivo en la práctica. Una combinación de instituciones capturadas, nombramientos que no derivan en mejores perfiles; falta de profesionalización, capacitación inadecuada y subinversión en recursos humanos y económicos; falta de independencia y de capacidades en la procuración de justicia; falta de eficacia en la administración de justicia.

Además de apuntar estos temas como parte del combo de nuestro fracaso, el grupo de abogados consultados se refirió con preocupación a la incertidumbre que genera la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa para delitos de corrupción, así como a los sesgos políticos que se perciben en la persecución criminal. Vamos: al hecho de que las instituciones de justicia estén al servicio de intereses políticos y muy lejos de su mandato original. Este subrayado lo hago yo, con base en algunas afirmaciones del reporte.

Al grupo consultado para el reporte le preocupa también que la actual administración federal recurra con demasiada frecuencia a las figuras que están dispuestas en la ley para situaciones extraordinarias, en ocasión de adquisiciones y contrataciones públicas. Esto es, que la gran mayoría de contratos se han adjudicado de manera directa sin mediar un proceso competido y vigilado.

Mencionan también a la sociedad civil, su desdibujada participación en el SNA y los ataques que el presidente lanza contra ella.

En suma, este reporte engrosa el análisis y las piezas de información para hacer un balance de los primeros años de operación del SNA. Le tocó nacer a mitad de un gobierno con múltiples señalamientos de corrupción, e intenta desarrollarse con un Ejecutivo federal que lo ignora. No por ello debemos dejar el tema.

En todo caso, la agenda anticorrupción tiene que seguir vigente y ser encabezada por ciudadanos. Sigue siendo uno de los temas más importantes del país, el vector transversal que está en el origen de un gobierno mermado, de la impunidad y la creciente desconfianza que los gobiernos y las instituciones generan en los ciudadanos.

Debemos retomar la discusión y el entendimiento del fenómeno. Hoy tenemos más elementos para hacerlo; más estudios, más puntos de vista, experiencia acumulada. La corrupción no se corregirá sola.

También debemos evaluar las premisas con las que fue forjado el SNA y reconocer que quizá tuvieron un toque de ingenuidad: puede que no hayan reconocido plenamente las lógicas de poder y las cadenas de complicidades, que siempre se resistirán a ser acotadas por un conjunto de leyes e instituciones con un mandato anticorrupción.

Retomemos la discusión porque la corrupción está en todos lados.