Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Me pregunto qué impacto puede tener sobre la vida pública del país el que todas las mañanas el presidente lance afirmaciones sin fundamento o, de plano, falsas. Aseveraciones que de tanto repetirse se convierten en realidades alternas. Cada día resulta más difícil refutar al presidente o hacer observaciones sobre el desempeño de su gobierno; el riesgo es recibir un señalamiento sumario como respuesta. El espacio para la discusión de ideas, para argumentar con evidencia en mano se estrecha mucho. La palabra del presidente mata la evidencia.

Signos Vitales, la joven organización de la sociedad civil que busca participar en la discusión pública con evidencia y datos, y así hacer contrapeso a las falsedades, presentó ayer un reporte en el que muestra que el presidente es un usuario contumaz de datos imprecisos o directamente falsos. No sé si el presidente haga eso a sabiendas de esta mala información, o si se la hagan llegar sus allegados, con el sello de ‘verificado’. Lo cierto es que al contrastar lo que afirma con los datos de fuentes oficiales (y de otro tipo), no hay empate.

Este comportamiento tiene repercusiones muy diversas. Permite eludir problemas reales y menoscaba la rendición de cuentas. Pero también aleja a los instrumentos de la política pública de sus blancos. En fin, bajo ningún ángulo es buena idea construir una realidad paralela, porque más temprano que tarde se derrumba, con costos para todos.

Supongo que uno de los impactos de mentir sin consecuencias es su efecto demostración. La combinación de “yo miento y me va bien”, es un aliciente poderoso para que otros hagan los mismo. Es legendaria la práctica de maquillar la información para exaltar buenos resultados y minimizar los malos. Pero antes había un poco más de pundonor. El acto de retractarse cuando la difusión del dato falso era interpelada o la disculpa pública si se agarraba al político o funcionario con los dedos en la puerta. Esto desapareció. Por lo menos en el presidente de la República.

Para contrarrestar el falseo de información, necesitamos contrapesos muy poderosos. Necesitamos tanta sociedad civil haciendo análisis como sea posible, pero también instituciones públicas aplicándose en ello.

La práctica de observación y monitoreo que se realiza desde la sociedad civil es sumamente valiosa en estos momentos. Considero que las organizaciones deben ser muy responsables para desmontar y no fomentar la posverdad. Por eso celebro a mis colegas que, sin descanso, siguen persiguiendo sus objetivos. Pero necesitamos más…

Desde hace años en México Evalúa hemos promovido la idea de un ente auditor para las cifras delictivas. Mes con mes la sociedad consume información que generan las procuradurías y fiscalías del país sin saber bien a bien si los números son veraces. No tenemos filtros de calidad y de integridad. Si una fiscalía nos dice que tuvo un acumulado de 100 de delitos de alto impacto, no tenemos más alternativa que dar ese número por bueno.

Esta semana presentamos una nueva edición de nuestro Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (Fallas de Origen). Le aplicamos pruebas estadísticas robustas a las bases de datos de homicidios dolosos y culposos para un determinado lapso de tiempo. Esto nos permitió identificar irregularidades en los registros, las cuales deberían explicarse. Quiero enfatizar que no tenemos ninguna prueba de que éstas ocurran por una decisión deliberada de manipular los datos. Hay muchos factores que pueden intervenir. La conclusión que sí podemos sostener es que esto merma la confiabilidad en la estadística criminal, y en lo que se construye a partir de ella.

Para contrarrestar el falseo de información, necesitamos contrapesos muy poderosos. Necesitamos tanta sociedad civil haciendo análisis como sea posible, pero también instituciones públicas aplicándose en ello. El Inegi es una institución de Estado que nos presta un servicio invaluable. Genera información de interés público con metodologías muy probadas. En él tenemos a un factótum en materia de información. ¿Debería ser el Inegi el que certifique la calidad de otros registros oficiales de información? ¿Cómo nos blindamos para que la manipulación de datos que se da en las mañaneras no contamine la información que las dependencias públicas generan periódicamente? El punto es que creo que nuestra recomendación para la estadística criminal debería extenderse a otros ámbitos de la actividad pública. Necesitamos que alguien audite.

Ahora que las campañas electorales han iniciado, sería interesante interpelar a los candidatos sobre este punto. Sobre todo a los candidatos a las 15 gubernaturas. La pregunta sería si piensan gobernar con datos verídicos o si inventarán una realidad paralela; si se verán tentados a seguir el ejemplo del presidente.

Un buen lugar para comenzar sería la estadística criminal. Aun sufriendo las secuelas de la pandemia, la gran mayoría de los mexicanos colocan a la seguridad entre sus más altas prioridades (o preocupaciones). Probemos, como una especie de piloto, lo que una instancia de auditoría puede hacer para validar la información criminal. Y veamos qué repercusiones tiene esto sobre la política pública y la rendición de cuentas.

Éste es el camino que yo vislumbro para detener el proceso de desinformación, la construcción de realidades paralelas y la posverdad. Si no hacemos algo pronto, habrá tantas realidades alternativas como grupos o personas disputando el poder. Será tal la cacofonía, que perderemos la perspectiva y perderemos al país.