Edna Jaime / El Financiero

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) es una figura sin precedentes en la estructura del Estado mexicano. Es un cuerpo colegiado ciudadano, integrado por cinco expertos reconocidos por sus aportaciones a la rendición de cuentas, la transparencia o la fiscalización y su función es proponer el rumbo de la lucha ciudadana e institucional contra la corrupción. Hoy, 9 de febrero, el CPC cumple un año que bien amerita un balance.

El Comité representa, ante todo, un vínculo entre las principales autoridades del estado encargadas de combatir la corrupción con los ciudadanos. En ese sentido, es una figura que debe fortalecer la democracia, al habilitar lazos de participación social de manera continua.

En estricto sentido, el timón del Sistema Nacional Anticorrupción siempre está en manos de un miembro del Comité de Participación Ciudadana. La ley encomienda a éstos, de manera rotativa, la responsabilidad de presidir tanto al propio CPC, como al Comité Coordinador, que es un conjunto de autoridades e instituciones que de manera coordinada deben crear políticas públicas, tomar decisiones o emitir recomendaciones dirigidas a todas las instancias del gobierno para combatir la corrupción.

El Comité de Participación Ciudadana funciona sin presupuesto y, lejos de estar en coordinación con las autoridades, muchas veces se confrontan. Y a pesar de que la ley establece que los ciudadanos tendrán una retribución, no cuentan con presupuesto y tampoco con poder público, ni administrativo. Su principal activo es su autoridad moral. Y en virtud de que cuentan con ella es que pueden avanzar en su mandato.

El trabajo del CPC ha tenido altibajos. Un éxito fue el exhortar al Servicio de Administración Tributaria para que relacione a las empresas que presuntamente simulan operaciones con las proveedoras de gobiernos locales, lo que permite desviar recursos públicos a través de la contratación de empresas fantasma.

El Comité también ha impulsado acciones jurisdiccionales para que, desde la vía de las sentencias, los jueces federales se involucren en exigir la armonización de las leyes estatales en materia anticorrupción. Es el caso de los amparos que tienen por objeto obligar a los estados a adecuar sus leyes a la Constitución Federal y a la Ley General del Sistema.

También ha instado al Legislativo a que los procesos de designación de magistrados del Tribunal Administrativo y del Auditor Superior se realicen con los mayores estándares de participación y transparencia.

El CPC, a través de su presidenta, Jaqueline Peschard, ha llevado al seno del SNA importantes asuntos como el espionaje a través del software Pegasus; el del accidente del Paso Exprés de la Carretera México Cuernavaca, conocido como el socavón, y recientemente el caso Odebrecht.

Al término de este primer año podemos afirmar dos cosas: por un lado, es claro el compromiso de estos ciudadanos con el combate a la corrupción; por otro lado, es clara la resistencia de las personas que controlan las instituciones y ven amenazado el cúmulo de intereses construido al amparo del poder (y la impunidad).

La nueva presidencia del Comité de Participación Ciudadana recaerá en Mariclaire Acosta. Su experiencia profesional está vinculada con la promoción de los derechos humanos. También tiene una relación de trabajo con organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, por lo que su gestión seguramente se enfocará en consolidar vínculos que permitan crear mecanismos efectivos de participación ciudadana en el Sistema. Reitero, es la autoridad moral del grupo y el apoyo social, lo que le puede dar tracción al CPC para que avance en un terreno lleno de escollos.

El trabajo de Mariclaire apunta a una eminente incorporación de los derechos humanos dentro de la agenda de combate a la corrupción, lo que permitirá dimensionar el daño que la corrupción genera a la sociedad y en qué medida limita o anula el ejercicio de los derechos básicos.

Mariclaire tiene un reto muy preciso: los procesos electorales que tendrán verificativo este año. Se espera que uno de los primeros actos de esta nueva presidencia sea la implementación de medidas emergentes para evitar el desvío de recursos en el contexto electoral.

Reconozco con gratitud el primer año de trabajo del CPC bajo la presidencia de Jacqueline Peschard. Hace posible mantener la expectativa de que podremos domar al monstruo de mil cabezas, con instituciones fuertes, participación ciudadana y también un toque de esperanza.

*Directora de México Evalúa

Twitter: @MexEvalua