CNTE: nada es suficiente
Marco Fernández/Reforma
La nueva reforma educativa reconcilia la propuesta presidencial con las recomendaciones de académicos y miembros de la sociedad civil, apoyadas por los partidos de oposición. El nuevo marco jurídico pretende resolver la desigualdad de oportunidades, la poca inclusión y los bajos aprendizajes del sistema educativo. Sin embargo, nuevamente hay una oposición furibunda de la disidencia magisterial.
Destacan múltiples logros: priorizar el interés superior de los estudiantes para una educación de excelencia mediante la reconciliación con el magisterio al reconocerlo como agente de transformación social. Se eliminan las consecuencias laborales de la evaluación de desempeño docente y se establece el derecho a acceder a un sistema de formación, capacitación y actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Retoma además la restitución de los profesores cesados por negarse a ser evaluados.
Para evaluar las políticas educativas, se establece un Sistema de Mejora Continua de la Educación, integrado por un centro con una junta directiva y un consejo técnico, con miembros nombrados por el Senado. Dicho centro será un órgano descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión.
La propuesta contempla impulsar políticas para el desarrollo de la educación inicial (0-3 años) y se mandata a las autoridades a establecer un enfoque de equidad para favorecer a estudiantes de comunidades rurales.
Sin embargo, la CNTE se opone a la continuación de procesos para la selección y promoción de los docentes. Pretextando la violación de sus derechos laborales y sindicales y que estos deben ser protegidos por el artículo 123 constitucional apartado B, pretende recuperar el control del 50% de las plazas disponibles y de nueva creación y distribuirlas entre sus miembros. Exige una plaza para todos los egresados de las escuelas normales. Demanda que la promoción a cargos de director o supervisor se determine por la vía de las comisiones mixtas de escalafón, donde la dirigencia magisterial tiene el 50% de sus integrantes. Los legisladores no cedieron, pues la rectoría del sistema educativo le corresponde al Estado y, por el contrario, reconocieron el papel de los docentes como profesionales de la educación, garantizando su derecho a ingresar y promoverse a partir de procesos que reconozcan su esfuerzo y conocimientos, y no por intereses sindicales.
En el dictamen aprobado preocupa la ausencia de una proyección del impacto presupuestal para implementar esta reforma. La SHCP argumenta que no hay impacto sobre las finanzas públicas, lo que es insostenible ante la reducción, por ejemplo, del 61% del programa para la formación de los docentes en este año.
Las reformas educativas anteriores nos enseñan que transformar el sistema educativo trasciende los cambios al marco jurídico. Exige conciliar derechos de estudiantes y profesores, corregir un federalismo educativo fallido, tener presupuestos suficientes en los que se combatan derroches y corrupción y diseñar políticas a partir de la evidencia y no de ocurrencias o componendas políticas.
Es preciso resolver los rezagos educativos y al mismo tiempo enfrentar los retos del cambio tecnológico y la globalización. Esperemos que esta reforma no sea un intento más, pues el costo de su fracaso perpetuaría la incapacidad de la educación para combatir la pobreza, disminuir la desigualdad y facilitar la movilidad social.
P.S. Preocupantemente, en la presentación que dio el secretario Moctezuma el viernes en la mañanera, anticipó que la carrera de los maestras(os) contemplará un escalafón vertical y horizontal. Esto caracterizaba al sistema antes de 2013 y abrió la puerta a la corrupción de plazas mediante las comisiones mixtas mencionadas. ¿Es así como piensa el gobierno aterrizar los procesos de promoción del magisterio? De ser así, se camina en sentido contrario a reconocerlo como agente de transformación social y se contradice con la promesa de no tolerar la corrupción en el sistema educativo.
