CDMX: ¿ciudad de derechos o de fórmulas punitivas?

María Novoa @marianovoacv | El Sol de México
La Ciudad de México podría reunir todos los elementos para constituirse como un referente nacional, respecto a su manera de abordar la seguridad y la justicia. Sin embargo, hoy tenemos inquietudes legítimas sobre su rumbo.
La actual jefa de Gobierno, ofreció durante la campaña electoral un panorama garantista, de protección de derechos y construcción de paz. Parte de su estrategia[1] planteó despenalizar conductas cuya atención podría desahogarse a través de Juzgados Cívicos y no del Ministerio Público, tales como riñas, amenazas, robos sin violencia menores a 500 pesos, lesiones leves e incluso bigamia, al sugerir que su castigo representaba una forma de criminalizar la pobreza. Igualmente propuso una segmentación de delitos con opción de resolverse por salidas alternas y descartó que la Guardia Nacional fuera a operar en la ciudad, ofreciendo en cambio un enfoque de proximidad y prevención basado en policías civiles.
Otra ventana de oportunidad se abrió en la CDMX con el inicio de un proceso de transición de la Procuraduría de Justicia hacia un modelo de Fiscalía autónoma, con orientación estratégica y acompañamiento ciudadano, representado por un Comité Técnico de notables académicos, expertos y defensores de derechos humanos. Se perfilaba así la posibilidad de lograr un proceso transformador y abierto, con posibilidad de convertirse en el referente, pero a 200 días de la actual Administración se han hecho públicas propuestas que siembran más dudas que certezas. 
Nuestra primera inquietud tiene que ver con la comprensión misma de la política criminal, cuyo concepto sugiere la articulación de todos los eslabones, desde la prevención, seguridad y justicia, hasta la reinserción. Observamos confusión o al menos falta de claridad entre instancias de la Ciudad de México. Por un lado, la jefa de Gobierno propone la participación de la Guardia Nacional y de la policía en labores de prevención, mientras que por el otro, la Procuraduría capitalina[2] plantea también una política criminal preventiva, que –desde su esfera– operaría con unidades de gestión social. ¿Quién entonces define la política integral que se constituya como la respuesta del Estado frente al fenómeno delictivo? Si ésta ya ha sido definida, ¿dónde puede consultarse? ¿Cuál es el rol y objetivos que perseguirá cada instancia? ¿Cómo se evitará la invasión de competencias, falta de coordinación y el establecimiento de objetivos institucionales aislados?
Derivado de tales interrogantes, surge también nuestra preocupación sobre el enfoque que la caracteriza. Mientras que las propuestas de la jefa de Gobierno indicaban un acercamiento garantista, de respeto a derechos, uso de salidas alternas y apuesta por la vía civil, desde la Procuraduría se ha propuesto, contradictoriamente, la ampliación del uso de la prisión preventiva, así como el incremento de penas para ciertos delitos y el endurecimiento de castigos y negativas de beneficios penales para reincidentes por parte del Ejecutivo. Cabe recordar que la evidencia ha mostrado la nula efectividad de estas medidas para reducir la incidencia delictiva y el número de víctimas. Se ha mostrado incluso la inexistencia de una relación entre el endurecimiento de penas y la reducción de reincidentes. Como sostiene Lucía Dammert, el populismo punitivo no pretende reducir el delito, sino enfrentar la ansiedad ciudadana, apostando por una batalla en la que se vende miedo y una fórmula punitiva, a cambio de votos.
Finalmente, nos inquieta el rol de la procuración de justicia, pues se delinea una instancia que además de perseguir el delito, realice funciones de prevención y de sanción penal. Sin una clara definición de sus fines y objetivos, la próxima Fiscalía local podrá sufrir un impacto negativo en su transformación y arriesgarse a perder el foco. Preocupa también la propuesta[3] de “dar carpetazo” a las investigaciones en trámite, mediante el no ejercicio de la acción penal, lo que implica al menos un volumen global de 89,963 casos[4]. Esto sin orden y controles mínimos, sin transparentar un inventario preciso con su situación jurídica, así como los criterios empleados para su liquidación. ¿No es esto una forma de impunidad que busca evitarse en toda transición institucional? A partir del día 1 de la Fiscalía, sería de esperar que se diferencien los procesos de atención sobre el inventario existente respecto de los casos nuevos. Lo que no equivale a cerrarlos sin análisis previo.
Bajo el panorama en el que las señales sugieren una mezcla de populismo punitivo con impunidad institucionalizada, corremos el riesgo no sólo de sufrir una regresión institucional sino de perder la oportunidad de transformar la justicia y construir la ciudad de derechos que se nos prometió. Ojalá nos equivoquemos. Hoy más que nunca requerimos que las autoridades transparenten la información sobre sus acciones y decisiones y rindan cuentas sobre ellas.
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[1]  Estrategia para una Ciudad de México segura y paz y 2018-2024. 
[2] Elementos propuestos durante el primer Foro de fortalecimiento de la PGJ hacia la Fiscalía General  celebrado el 9 de julio de 2019.
[3]  La propuesta establece la liquidación de casos sólo por considerar que no cumplen con los enfoques de segmentación propuestos para la nueva Fiscalía y exceptúa aquellos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y con corrupción.
[4]  Este dato se calculó adicionando los casos pendientes de concluir 2016 (CNPJ 2017, INEGI) con la diferencia entre los casos abiertos y determinados 2017 (CNPJ 2018, INEGI).