El combate a la corrupción se ha convertido en una de las principales exigencias en la agenda pública de las naciones que se consideran democráticas. La corrupción y las conductas sociales vinculadas a esta erosionan el entramado social, debilitan el desempeño gubernamental y amenazan la consolidación y la estabilidad de las instituciones democráticas.
Este estudio busca producir indicadores que ofrecen evidencia sobre el estado que guardan las instituciones de la Seguridad y Justicia Penal en cada una de las entidades del país, con la intención de provocar respuestas por parte de la autoridad.
La economía política del empleo en el sector público.
Cada vez son más frecuentes los incidentes y las evidencias de la crisis penitenciaria que vive México. En este estudio se presentará un panorama general de este y mostrará y analizará la evidencia empírica sobre las sanciones en materia penal, la población penitenciaria, características generales, condiciones de reclusión, Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad, para concluir con un análisis de impacto del sistema penitenciario y de algunas políticas de reinserción en las variables y expectativas de la política criminológica.
Según datos publicados por la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), México tiene el mayor crecimiento promedio anual en homicidio entre 2007 y 2010 (29.3 por ciento). Esta situación pone una señal de alerta sobre la gravedad de la violencia que se vive en el país.
El Gasto Público en Seguridad es uno de los componentes del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que más ha crecido en importancia relativa. Su incremento ha sido superior a siete veces en lo que va de esta administración comparado con el sexenio anterior. Sin embargo, no existen resultados evidentes del impacto real que han tenido estos recursos en materia de seguridad y justicia penal.
Este documento presenta una batería de índices e indicadores que nos permite dar seguimiento al fenómeno delincuencial. Se trata de un sistema sencillo y equilibrado que busca, ante todo, ser relevante al ciudadano. La
batería se generó para servir de plataforma de medición para
los trabajos del Observatorio Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad pero de igual manera puede ser útil a toda aquella iniciativa ciudadana, nacional o local, que busque avanzar por ese camino.
Este documento explora el financiamiento educativo en México, así como los gastos que realizan el gobierno y los particulares en este rubro. En general, se ofrece un panorama del financiamiento educativo y los retos y obstáculos que éste presenta para proveer de manera eficiente los servicios de educación a la población, así como para generar mejores resultados en el logro educativo de los alumnos en el país.
Durante las últimas décadas, el financiamiento público para la atención del sector salud del país ha aumentado de forma significativa. Principalmente se ha incrementado el gasto dirigido a la población que no tiene acceso a la seguridad social, con lo cual se busca cerrar las brechas del financiamiento entre la población que cuenta con ella y la que carece de la misma. No obstante, existen indicios de que el incremento constante del gasto no se está traduciendo, al mismo ritmo, en mejoras de salud para la población, mayor número de servicios otorgados, así como a mayores recursos físicos y materiales destinados a dicho propósito.
Los ciudadanos debemos involucrarnos en la evaluación de las tareas del gobierno, cuanto y más si se trata de la inseguridad. Este documento contiene una propuesta de indicadores con la que los mexicanos podemos dar seguimiento al fenómeno delincuencial y a las acciones gubernamentales para combatirlo. Se trata de un sistema de indicadores e índices sencillo y equilibrado.
