Tenemos que elevar la efectividad del gasto público para que su impacto sobre el crecimiento y el bienestar sea palpable. Este objetivo se podrá alcanzar si el gasto se planea, presupuesta, ejerce y evalúa apropiadamente, fases de un ciclo que todavía es muy deficiente en nuestro país.
La “Reforma Social y Hacendaria” propuesta al Congreso de la Unión trata de mejorar el sistema fiscal, aumentar la recaudación y la descentralización del gasto. Pese a sus partes positivas, el diseño propuesto conlleva enormes riesgos económicos que no han sido evaluados hasta ahora. No existen elementos en las iniciativas que den certeza sobre la recaudación que se pretende obtener, ni sobre el destino del gasto que se propone ejercer. Bajo un escenario negativo interno y externo, el paquete enviado al Congreso puede representar un retroceso significativo en la estabilidad macroeconómica lograda en las últimas décadas.
México Evalúa convocó a un grupo de investigadores, académicos y expertos que se dieron a la tarea de valorar los efectos del gasto en el desarrollo del país, así como en el bienestar de los ciudadanos en el corto y mediano plazo. Como resultado, los estudios evidenciaron que el gasto público en México tiene efectos limitados para promover el crecimiento económico y la equidad de oportunidades.
Resolver el problema de pobreza alimentaria va más allá de una campaña o “cruzada” y depende de muchos factores, particularmente de un mejor desempeño económico, una mejor calidad educativa, condiciones mínimas en los hogares para desarrollar capacidades cognitivas y afectivas, así como de incentivos para integrarse a la nueva economía. La combinación de estos factores permite lograr que los ciudadanos tengan la capacidad de generar ingresos al momento de convertirse en población económicamente activa.
Definir los aspectos más básicos de los sistemas de Monitoreo y Evaluación: para que sirven, por
qué son importantes y cómo se construyen.
La economía política del empleo en el sector público.
Durante las últimas décadas, el financiamiento público para la atención del sector salud del país ha aumentado de forma significativa. Principalmente se ha incrementado el gasto dirigido a la población que no tiene acceso a la seguridad social, con lo cual se busca cerrar las brechas del financiamiento entre la población que cuenta con ella y la que carece de la misma. No obstante, existen indicios de que el incremento constante del gasto no se está traduciendo, al mismo ritmo, en mejoras de salud para la población, mayor número de servicios otorgados, así como a mayores recursos físicos y materiales destinados a dicho propósito.
Ante la escasez de recursos para financiar los temas de interés públicos, la evaluación y seguimiento del gasto en su uso y aplicación resulta fundamental, sobre todo cuando se observa una constante preocupación por los resultados de las políticas públicas y la capacidad de gobernabilidad. De ahí que, en un contexto de mayor pluralidad política y de transición democrática, se requiere volver la mirada hacia las instituciones de representación política para valorar el cumplimiento de sus objetivos y funciones. En este sentido, no es un asunto menor el análisis y escrutinio de las estructuras y apoyos con que cuenta el presidente para conducir el país.
