Burocracia vs. informalidad: el reto MiPyme 2026
La burocracia no es un simple malestar administrativo, se trata de un factor estructural que define la competitividad de las empresas mexicanas e incluso complicar la permanencia de las MiPymes en la formalidad.
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Programa de Regulación y Competencia
Publicado en: El Sol de México
El cierre de 2025 nos deja una lección clara: la burocracia no es un asunto anecdótico ni un simple malestar administrativo, se trata de un factor estructural que define la competitividad de las empresas mexicanas. Más aún, puede incluso complicar la permanencia en la formalidad de las empresas micro, pequeñas y medianas (MiPymes).
El Índice de Burocracia 2025 —esfuerzo del Centro Adam Smith para la Libertad Económica, en el que colaboramos desde México Evalúa— lo demuestra con cifras contundentes: abrir una empresa mediana en México puede tomar alrededor de 675 horas, y mantenerse en regla exige unas 628 horas anuales en trámites fiscales, laborales y administrativos. Para una MiPyme ese tiempo significa desatender actividades como incrementar las ventas, la producción o la innovación. Cumplir, en muchos casos, se vuelve incompatible con sobrevivir.
El estudio estima que, en el promedio regional latinoamericano, las empresas destinan más de 1,850 horas para iniciar operaciones y 1,577 horas anuales para mantenerse en regla, con un impacto económico superior a 110 mil millones de dólares. En México, donde más de la mitad de la población ocupada trabaja en la informalidad según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, la burocracia se convierte en un incentivo perverso, pues motiva a los negocios a acudir a la informalidad como estrategia de supervivencia.
El regreso de la informalidad en México
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la informalidad laboral en América Latina pasó de 53% en 2018 a 46.7% en 2025, aunque sigue afectando a casi la mitad de los trabajadores. No obstante, la complejidad regulatoria sigue siendo uno de los principales motores de esa realidad. La consecuencia es doble: menor productividad y una base fiscal debilitada. Desde 2009, México presentaba una tendencia decreciente en informalidad, en línea con la tendencia de la región, pero desde el segundo trimestre de 2024 esa tendencia cambió a un sentido ascendente.
Este año 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó la simplificación administrativa en el centro de la agenda pública y logró la aprobación de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos. La nueva ley promete digitalizar la mayoría de los trámites, crear un expediente único ciudadano y utilizar la Clave Única de Registro Poblacional (CURP) con datos biométricos como llave maestra de acceso a los sistemas del Estado para cumplir con todos los trámites de personas físicas y morales.
En el papel, se trata de una transformación ambiciosa que busca reducir fricciones, tiempos y discrecionalidad, al atacar de raíz varios de los problemas señalados por el Índice de Burocracia. Además, responde al pulso que revelan las encuestas al empresariado que señalan como un elemento de preocupación la complejidad burocrática que enfrentan diariamente. Por ejemplo, según INEGI, el 70% de las empresas consideró que los trámites son excesivos en número y tiempo.
Los desafíos de la CURP Biométrica
Sin embargo, el reto para 2026 plantea varias dificultades, pues la arquitectura que promete simplificación también concentra riesgos. La CURP Biométrica será el único mecanismo de interacción con el Estado, lo que exige capacidades tecnológicas, ciberseguridad y alfabetización digital que muchas MiPymes aún no tienen. Según el INEGI, apenas alrededor de 35% de las microempresas en México están conectadas a internet, frente a más de 80% de las pequeñas y más de 90% de las medianas. La digitalización puede convertirse en un privilegio de medianas y grandes empresas, dejando fuera a millones de microempresas que sostienen el empleo.
A ello se suma la entrada en vigor de una nueva ley antilavado de dinero, que amplía las obligaciones de reporte incluso para las empresas más pequeñas. El resultado, entonces, podría ser paradójico: menos trámites presenciales, pero mayores cargas de cumplimiento efectivo aún en ambientes digitales.
Por ello, la tendencia hacia la informalidad es preocupante. Si las MiPymes concluyen que la formalidad es más costosa que beneficiosa, México enfrentará una fuga empresarial mayor hacia la informalidad con consecuencias fiscales y de competitividad graves por menor recaudación, pérdida de acceso a financiamiento y debilitamiento de cadenas de valor.
El Índice de Burocracia 2025 nos recuerda que simplificar y digitalizar trámites no es únicamente modernizar. Simplificar es decidir si la formalidad puede ser, por fin, un esquema compatible con sobrevivir y crecer.
