¿De ganar la elección, podrá la panista romper con el sino de las administraciones anteriores? Creo que la respuesta depende de la decisión que tomen respecto a con quiénes quieren gobernar: los grupos corporativos del viejo México o con una coalición amplia de fuerzas políticas y de ciudadanos libres.

La educación en México no podrá prosperar mientras la política determine las principales decisiones que se toman en la materia. La educación en el país tomará el cauce necesario cuando se le trate como a una política pública más, una de las más importantes porque tiene un componente humano y también un efecto agregado sobre el bienestar colectivo. Y para que ello suceda, el Estado mexicano deberá recuperar la rectoría sobre la política educativa, misma que cedió mucho tiempo atrás.

Recuperar autoridad es quizá el reto más importante para la próxima administración en el tema educativo y en muchos otros más. Porque no se podrá plantear una agenda ambiciosa de cambio si en principio el Estado mexicano no afianza su autoridad, su capacidad de hacer y decidir, de definir políticas públicas alineadas con el desarrollo del país.

Ciertamente el educativo es un ámbito en el que no tiene esas capacidades, como tampoco lo es el energético, el de las telecomunicaciones e incluso el agrícola y el de la salud. En todos ellos enfrenta intereses muy poderosos que la mayor parte de las veces lo acaban doblegando. En buena medida el estancamiento relativo del país se explica porque las decisiones en estos terrenos las tienen capturadas grupos con intereses particulares que se benefician del estado de cosas. Y tenemos de dos opciones para el futuro: o el gobierno en sus distintos niveles se atreve a construir una autoridad frente a estos intereses o el país seguirá en su paulatino y quizás imperceptible deterioro, con consecuencias que no alcanzamos a dimensionar.

Las imágenes que presenciamos esta semana son las de un Estado doblegado. Vimos a maestros robando y quemando exámenes de la prueba ENLACE. Vándalos arrebatando los exámenes a niños en las aulas. Paros indefinidos que afectan a miles de estudiantes. Y la autoridad concede: el gobierno de Oaxaca determinó suspender la aplicación del examen e incluso premió a los paristas con un incremento salarial. Está claro que este camino nos llevará a la ruina.

En las últimas administraciones, particularmente en la administración del presidente Calderón, se quiso impulsar una estrategia que paulatinamente le devolviera al Estado mexicano el control sobre la política educativa. Se apostó por una ruta incremental de cambio en el sector. Se pensó que era posible que los afanes modernizadores vencieran las resistencias de los elementos más duros dentro del sindicato y sistema prevalecientes. Las movilizaciones y actos vandálicos que hemos visto en los últimos días muestran lo difícil que será progresar por la vía incremental y concertada por la que se quiso avanzar.

Poner en orden al sistema educativo nacional, tal y como pintan las cosas, va a requerir de algo más que llamados a la cooperación entre los actores. Va a requerir de actos de autoridad que reviertan la lógica de chantaje-cesión que ha sido predominante en los últimos años.

Entre los candidatos parece haber convergencia sobre la necesidad de transformar el sistema educativo para mejorar su calidad y abatir las brechas de desigualdad. El único que se distancia de este diagnóstico, en cierta medida compartido, es el candidato de las izquierdas. No se han escuchado de su boca planeamientos que se refieran a la calidad educativa o la imperiosa necesidad de ordenar la carrera magisterial. Parece que estas son demandas de clases medias que no necesariamente encuentran eco en sus bases de electores.

Con todo, no ha habido por parte de los contendientes planeamientos de cómo hacer compatible la reforma educativa a favor de la calidad con la estructura de poder prevaleciente en el sector. No ha habido una respuesta a la pregunta de cómo alinear a todos los actores en la dirección de una reforma educativa que logre dos objetivos: mayor aprovechamiento de los escolares y mayores y más equitativas oportunidades de acceso.

Lo que es claro es que la ruta de concertación es engañosa y la de la complicidad también. La reforma educativa implica desmantelar esas estructuras de poder que hoy la tienen atorada. Y eso implica afectar a grandes intereses con repercusiones políticas casi inevitables. ¿Estará dispuesto el candidato del PRI a no transar con una aliada potencial? ¿De ganar la elección presidencial, podrá la candidata panista romper con el sino de las administraciones que le antecedieron? Creo que la respuesta depende de la decisión que tomen respecto a con quiénes quieren gobernar: los grupos corporativos del viejo México o con una coalición amplia de fuerzas políticas y de ciudadanos libres. Me parece que de esta decisión fundamental dependerá nuestra suerte en los próximos años.