Arrancan nueve gubernaturas con paso firme, ¿pero con seguridad?
Nueve estados de la república renovaron sus gubernaturas, y con ello, la población espera mejores resultados en seguridad. Pero, ¿qué tienen que decir los municipios al respecto?
Por Marey Silva Solano, Mireya Mondragón y Alberto Perez Pacheco | Programa de Gasto Público de México Evalúa
El tema que más preocupa a los mexicanos es la inseguridad. Así lo confirma la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2023 del Inegi y nuestros gobernantes deberían tomarlo en cuenta. Sin embargo, sabemos que más allá de sus promesas de campaña, una serie de variables limitan la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta contundente en el combate a la delincuencia tanto a nivel federal, como estatal y municipal.
En México Evalúa consideramos que este desafío debe atenderse desde lo local, sin perder de vista los recursos necesarios para implementar intervenciones públicas. Desafortunadamente, los municipios enfrentan numerosos obstáculos para financiar este rubro. No sólo se trata de decidir qué ruta tomar para garantizar comunidades seguras, también hay que definir cómo se pagará.
Para entender lo que enfrentan los municipios, dividimos el gasto en seguridad pública entre el número de habitantes (gasto per cápita) y utilizamos este indicador para entender, en lo particular, la situación que viven los municipios de los nueve estados que el pasado 2 de junio tuvieron cambio de gobierno. Estados que concentran 40% de la población del país. El análisis de estos datos nos permite formular tres lecciones sobre el financiamiento de este derecho a nivel municipal.
Tres lecciones sobre el gasto municipal en seguridad pública
1No se pueden esperar cambios con solo aumentar el presupuesto en términos absolutos. Incrementos en el presupuesto para la seguridad pública —aún cuando sean por encima de la inflación— suelen tener un bajo impacto en los municipios. Más allá de los aumentos inerciales en el presupuesto, hay que considerar aspectos como el número de habitantes, cuánto territorio se debe cubrir, o la cantidad d. e policías a quienes se les tiene que pagar, ahora y en el futuro.
Un ejemplo del impacto de la población se da en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y de la ciudad de Puebla en el estado del mismo nombre. Ellos gastaron en seguridad pública 364 y 336 millones de pesos, respectivamente (Inegi, 2023). Sin embargo, Tuxtla tiene 623 mil habitantes y Puebla 1.7 millones de habitantes (Conapo, 2024). A pesar de manejar similares recursos, el gasto per cápita de la capital de Puebla ($193) es tres veces menor al de la capital de Chiapas ($585), por lo que sus intervenciones serán, cuando menos, más limitadas.
2. La capacidad de las haciendas locales determina sus límites para invertir en seguridad. Casi el 80% de los municipios de los nueve estados ejercen un gasto por persona menor al promedio nacional anual de $689. Detrás de esta realidad hay haciendas municipales con una baja recaudación de recursos propios. Para planear su gasto, dependen mayormente de las transferencias federales y estatales. Siete de cada diez pesos que los municipios disponen para gastar tienen esta procedencia.
Dadas las condiciones actuales, para que los ayuntamientos puedan aumentar su gasto en seguridad, deben recibir más transferencias, o bien, dejar de invertir en otros rubros y trasladar esos recursos para seguridad pública. El problema es que las transferencias se asignan cada año —lo que demora la recepción de estos recursos— y reasignar el presupuesto desprotege a otros sectores como la infraestructura o la administración de los sistemas de agua, que son tareas fundamentales para la operación de los municipios.
3. Cada municipio tiene condiciones y necesidades diferentes, por lo que no existe un gasto per cápita ideal al cual puedan aspirar. Cada municipio tiene que hacer un diagnóstico de sus necesidades más apremiantes, considerando su capacidad financiera para hacerles frente.
Por ejemplo, con información de los Censos Nacionales de Gobiernos Municipales del Inegi, sabemos que el principal destino del gasto municipal en seguridad pública es el pago de la nómina de las y los policías, en razón de que su labor es la base del funcionamiento de la seguridad municipal. Sin embargo, aún en este concepto que recibe más recursos, hay retos que no han sido atendidos. Más allá del sueldo que perciben, las y los policías no cuentan con las prestaciones laborales mínimas. Entre ellas, podemos mencionar la integración a esquemas de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE, la baja cobertura de seguros de vida, o la falta de acceso a servicios de vivienda; elementos que caracterizan a la policía desprotegida que tenemos hoy. Los municipios deben diagnosticar estas necesidades y determinar cuánto capital se necesita para implementarlas y de dónde se obtendrán esos recursos financieros para pagarlas.
Un momento crucial para cambiar las cosas
El gasto municipal en seguridad pública, por sí sólo, no hará una diferencia para satisfacer las demandas de la población. Lo que sí puede generar un cambio transversal en los municipios es mejorar la recaudación local, de tal manera que las finanzas públicas no sean un obstáculo para las administraciones municipales.
Reconocemos que es importante gastar de manera responsable y bajo principios de transparencia y rendición de cuentas, pero también se tienen que discutir estrategías de seguridad y alinear la coordinación entre los tres niveles de gobierno. En la medida en que los gobiernos municipales cuenten con recursos financieros propios, podrán tener mayor flexibilidad para implementar las políticas públicas necesarias para fortalecer la seguridad.
Por último, las y los ciudadanos debemos vigilar a los gobiernos por los que votamos y exigir mejoras en la situación de seguridad del país. No se pueden replicar los mismos modelos que nos trajeron a esta situación de inseguridad y esperar resultados diferentes.
