Ante el conflicto, ¿hay alguien a cargo?
Edna Jaime / El Financiero
Tres asuntos llaman poderosamente mi atención en este proceso electoral. Estos tres elementos lo están haciendo difícil, extraño pero también arriesgado. El primer elemento es el crimen y la violencia. Está fuera de control. Lo segundo es la descalificación del contrario. Nunca antes me había tocado escuchar el tono violento con el que se comunican los distintos bandos de esta contienda. El tercero es el descrédito de la autoridad electoral. Me refiero particularmente al Tribunal Electoral que con decisiones que se perciben como cuestionables, ha mermado su valor frente al elector.
Estos tres elementos configuran un escenario complicado. Un polvorín si el próximo primero de julio la elección nos arroja un resultado cerrado.
Lo primero es la violencia. En este espacio he escrito en varias ocasiones sobre la violencia política y sus implicaciones. Actualizo algunos datos que registra la empresa de consultoría Etellekt, quien esta dando seguimiento a estos incidentes día con día. En sus reportes consignan que durante los primeros 8 meses del proceso electoral se contabilizaron 305 agresiones en contra de actores políticos y personas relacionadas con ellos. Da cuenta de 93 asesinatos, 35 de los cuales eran precandidatos y candidatos, principalmente de municipios; también señala que 44 familiares de actores políticos perdieron la vida. La mayor parte de estos crímenes han sido cometidos por comandos armados, donde muchas de las víctimas fueron previamente privadas de su libertad y torturadas. Me pregunto qué papel jugarán los perpetradores de estos crímenes durante y después de la elección.
La violencia tiene también otras formas, menos extremas pero también dañinas. Me refiero al lenguaje y tono en el que se dan los intercambios entre equipos y seguidores de uno u otro candidato. Unas horas de exposición al esgrima verbal que entablan en redes sociales, me dejan con un enorme sentimiento de zozobra. Los intercambios son ácidos, están llenos de descalificaciones. Se asoman odios guardados por años.
En días recientes el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y su Asamblea Consultiva expusieron la importancia de que la elección se realice en términos menos descalificativos y más incluyentes. Han invitado a los equipos de campaña a consultar la Guía de Acción Pública, elecciones sin discriminación, que elaboró conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral. Nos exhortan a ser civilizados, pero no lo logran.
Las campañas y lo que hay a su alrededor han fomentado el odio y han dividido a la sociedad.
Este proceso electoral no sólo se distingue por estas violencias, también por la sombra de un eventual fraude electoral.
La iniciativa internacional denominada The Electoral Knowledge Network, señala que en países donde las elecciones no son libres, o donde han sido amañadas, se debe asegurar que la equidad de las mismas esté más allá de cualquier duda razonable. En México hemos construido un complejísimo sistema para lograr precisamente ese objetivo.
Pero hay dos elementos que dan alimento a quienes construyen el argumento del fraude. Uno, los dineros que financian campañas y cuyo origen no es lícito. Esta semana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad e Integralia presentaron un estudio que muestra lo que de una u otra manera sabíamos: hay dinero sucio en campañas electorales. El apunte novedoso es la estimación de su monto y el origen del mismo.
Un segundo elemento es la presunta captura de la autoridad electoral. En particular el Tribunal Electoral que ha dado mucho de qué hablar luego de resoluciones polémicas.
Violencia política-criminal, violencia verbal y polarización, así como una pobre percepción sobre el órgano electoral, deberían estar prendidendo los focos rojos del tablero de la conflictividad en el país.
La ventaja del puntero, sin duda, reduce el riesgo de un conflicto. Pero, justamente, cualquier resultado que desafíe el escenario que se da por hecho podría ser explosivo.
Podría ser que los perdedores no acepten la derrota y litigen en tribunales.
También podría darse, contra todo pronóstico, un resultado mucho más cerrado que el esperado.
La violencia política podría cobrar más víctimas y desestabilizar el proceso.
O todo lo anterior junto.
La pregunta es si hay alguien pensando en los escenarios de conflicto y cómo manejarlos. La pregunta es si hay alguien a cargo.