Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma

Inicia el segundo año completo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, año en que su proyecto y estrategias comenzarán a rendir frutos. Lo que se sembró en su primer año tendrá que arrojar resultados. Por sobre todo, a partir de ahora ya no hay forma de echarle la culpa al pasado, al “cochinero que nos dejaron”. El país está firmemente en las manos del presidente y, por lo tanto, la responsabilidad.

Para ahora hay dos cosas indudables: primero, el proyecto central del presidente –el control político– ha avanzado de manera irredenta. Segundo, la economía muestra severa afectación. La afectación se manifiesta de diversas formas, pero dos resumen el dilema: por un lado, no hay inversión privada (y muy poca por parte del sector público); por el otro, la recaudación viene a la baja de manera inexorable. Esto último se explica en buena medida por la falta de crecimiento de la economía, pero su impacto sobre el gasto es dramático, toda vez que las obligaciones del gobierno en materias como la de las pensiones para quienes se retiran aumentan sistemáticamente, lo que minimizan el llamado “espacio fiscal,” o sea, el monto disponible para que el gobierno ejerza el gasto y lo dirija hacia sus programas. En adición a lo anterior, la decisión del gobierno de dirigir sus recursos cada vez más escasos a Pemex reduce todavía más sus opciones de gasto.

En honor a la verdad, el problema de la inversión privada no comenzó con este gobierno: ésta prácticamente desapareció desde la campaña de Trump en el 2016, con su amenaza de cancelar el TLC. Ese hecho, muy anterior a AMLO, constituye un indicador obvio de lo que estimula o inhibe la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Lo que el TLC aportaba era certidumbre respecto a las reglas del juego, a lo que el gobierno se había comprometido a respetar con el objeto de atraer la inversión. La amenaza de Trump paró la inversión y ésta no se ha repuesto desde entonces tanto porque el nuevo T-MEC elimina la fuente nodal de certidumbre que era el corazón del NAFTA, como porque el gobierno actual muestra una incomprensión cabal (o se niega a aceptar) lo que se requiere para atraer inversión privada. Su insistencia en que las decisiones económicas deben subordinarse a las políticas evidencia una total incomprensión de la naturaleza del siglo XXI.

La pregunta es si, ante el riesgo de que se perpetúe el estancamiento o, peor, que la economía entre en recesión, el gobierno estará dispuesto a revisar sus premisas y corregir el rumbo. Desde mi punto de vista, el gobierno de AMLO tiene la mejor y mayor oportunidad de la historia para enfrentar los problemas que décadas de reformas (la mayoría benignas y necesarias) no resolvieron. La oportunidad se deriva de dos circunstancias: primero, la enorme legitimidad con que cuenta y, segundo, el hecho de que las prioridades que marcó desde hace años –corrupción, pobreza, desigualdad regional y falta de crecimiento– son las prioridades nacionales.

La economía ha crecido poco en promedio por mucho tiempo por razones muy explicables: primero, porque no ha habido mayor inversión en infraestructura en el sur; segundo, porque hay poderosos intereses económicos, políticos y/o sindicales en las regiones que no crecen y que impiden que se desarrollen nuevos proyectos de inversión; tercero, porque innumerables regulaciones y prácticas promueven el crecimiento de la economía informal (la cual entraña límites a su crecimiento por falta de acceso al crédito y no contribuye a la recaudación fiscal); y, finalmente, pero quizá el resumen de todo, porque el país se caracteriza por una extorsión permanente: inspectores extorsionan a ciudadanos y empresarios, líderes sindicales extorsionan a los trabajadores, políticos extorsionan a la población, los narcos extorsionan al gobierno y a la sociedad en general. El TLC no eliminó la extorsión, pero creó condiciones para que ésta fuese controlada en su espacio. El resto del país vive bajo una extorsión permanente.

La agenda de cambios que requiere el país no es difícil de identificar y toda ella es absolutamente compatible tanto con las prioridades que el hoy presidente marcó desde hace lustros como con su base política. De hecho, si uno observa la lista (incompleta) del párrafo anterior, los grandes perdedores son siempre los ciudadanos en su calidad de pequeños empresarios, empresarios informales y demás, que no gozan de protección como la que por décadas provino del TLC. Todavía peor le ha ido al sur del país donde sindicatos y políticos extorsionan a la población y le niegan oportunidades de crecimiento y desarrollo porque ello implicaría alterar el statu quo local. Si uno evalúa dónde se encuentran las regiones de mayor pobreza e inequidad, es obvia su correlación con estos males.

El año que comienza es la gran –y quizá última– oportunidad para que el gobierno se aboque a atender las causas de los males que padece el país y que, como decía yo antes, son precisamente los mismos que el presidente identificó como eje de su campaña y de su agenda. Lo que no ha funcionado a la fecha para atenderlos constituye una oportunidad única para avanzar en este año. Dado el ciclo sexenal, lo que no se haga ahora, ya no se hizo.