AMLO a mitad de camino: corte de caja en materia de seguridad
Por Juan Pablo Ortiz Polo (@jportizpolo), Fernando Cuevas (@fdocvs) y Paul Frissard (@Paul_FreeSir)
De no lograr una reducción de la violencia en el país, “no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”, recalcó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina el 15 de julio de 2021.
Después de 15 años de guerra contra las drogas y centenares de miles de muertos y desaparecidos en México, no cabe duda de que la Administración que logre reducir significativamente la violencia letal en el país pasará a la historia. Ahora que ha finalizado la primera mitad del mandato del presidente, tenemos la oportunidad de analizar, con suficiente arco temporal, la evolución de la incidencia delictiva.
Este texto expone algunas de las bases cuantitativas que guiarán el análisis que desde México Evalúa haremos de las políticas de seguridad pública en 2022. El objetivo es ofrecer datos, preguntas y líneas de investigación que nutran la reflexión y permitan el debate público.
Nuestras primeras preguntas son las siguientes: ¿México es un país más, menos o igual de violento que hace tres años? ¿Con qué herramientas y datos queremos medir la violencia? ¿Cuáles indicadores nos sirven para desentrañar un fenómeno tan vasto, complejo y estratégico como la incidencia delictiva?
A lo largo de este artículo contestaremos estas preguntas (y abriremos otras), tratando de dibujar una tendencia a partir de una selección de delitos y poniendo especial atención en los focos geográficos de la violencia en el país.
La primera observación nos podría conducir al optimismo franco. En efecto, es innegable el cambio observado en la tendencia de violencia letal a partir del agregado de los homicidios dolosos y feminicidios. Antes de la llegada del Gobierno actual, la curva seguía una clara tendencia creciente. Desde mediados de 2018, se nota –como lo ha presentado en múltiples ocasiones la Administración en turno– un decrecimiento tenue del número de asesinatos registrados. El cambio de una tendencia ascendente a un decrecimiento leve en los asesinatos registrados es, sin duda, una noticia alentadora en un país en el cual se matan más de 30,000 personas por año.
Sin embargo, atribuir este cambio de tendencia a los efectos de la estrategia de seguridad del Gobierno federal (o descartar esta hipótesis) requeriría de mucha más investigación cualitativa y cuantitativa, pues existen factores exógenos a la acción gubernamental que pueden afectar las dinámicas criminales.
Ahora bien, es importante repetirlo: los datos sí muestran un decrecimiento de la violencia letal en México, coincidente con la primera mitad del mandato de López Obrador, un hecho que, desde nuestro punto de vista, no contradice dos pilares centrales de nuestro análisis:
1. Un decrecimiento todavía situado en niveles superiores a 30,000 muertos por año no puede considerarse como un éxito pleno después de tres años de gobierno. Si tomamos como referencia los datos más recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) acerca de homicidios intencionales por cada 100,000 habitantes, México sigue siendo el séptimo país más violento del mundo.
2. Las estadísticas de violencia letal no permiten obtener una visión completa del problema. Si buscamos examinar cuantitativamente qué ha cambiado en el país, es importante desglosar e identificar dinámicas que nos permitan complementar el análisis.
Existen otras prácticas de violencia que afectan profundamente la seguridad y la paz de la ciudadanía: los delitos contra la libertad personal y los delitos sexuales, por ejemplo. A través del análisis de los últimos datos disponibles sobre estos fenómenos, descubrimos que no comparten la misma tendencia que la violencia letal.
Seleccionamos estas categorías de delitos porque son los que tienen un mayor impacto psicológico sobre las y los mexicanos. En efecto, un estudio realizado por Mora et al. (2005) en México, encontró que los sucesos con mayor manifestación de trastornos por estrés postraumático son la violación, el acoso, el secuestro y el abuso sexual. En el caso de los delitos contra la libertad personal, el secuestro es el subtipo de delito predominante, además de ser el que más influye en la percepción de seguridad, porque es al que más le teme la sociedad mexicana: un incremento de dos secuestros por cada 100,000 habitantes eleva la percepción de inseguridad en un 1%[1]. Por otro lado, consideramos particularmente importante monitorear los delitos sexuales porque éstos amplían la enorme desigualdad de género que existe en México: por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay un delito sexual cometido contra hombres[2].
Finalmente, cabe recalcar que el objetivo de este artículo no es investigar las causas de la estabilización, aumento o reducción en la violencia, sino presentar una selección de datos que muestran un balance de la situación actual y de las tendencias más recientes y permiten abrir la discusión pública.
Violencia letal: la fotografía completa
El Gobierno ha enfocado su atención en la reducción de los homicidios dolosos, dejando de lado, por cierto, los asesinatos de mujeres registrados como feminicidios en su estrategia de atención a los 50 municipios “prioritarios”. Más allá de la tendencia general de los asesinatos, que se estabilizó en los niveles más altos desde los años 1950, resulta interesante analizar cómo evoluciona este fenómeno según el sexo de las víctimas.
De hecho, si pretendemos dar cuenta del fenómeno completo de la violencia letal, no basta con monitorear los homicidios dolosos. También es necesario sumar los casos registrados como feminicidios debido a que, en México, las capacidades de las fiscalías para distinguir un feminicidio de un homicidio doloso de mujer varían a través del territorio. Asimismo, el asesinato de una mujer puede ser tipificado y registrado estadísticamente como un feminicidio en un lugar y como un homicidio doloso en otro, aunque comparta las mismas características. Tomando en cuenta todos los asesinatos registrados –homicidios dolosos y feminicidios–, podemos observar que, si bien la cifra de víctimas hombres está decreciendo desde mediados de 2018 (aunque con oscilaciones), la de víctimas mujeres se mantiene constante y sigue siendo motivo de preocupación.
Por otro lado, el análisis geográfico de la violencia letal también nos da luz sobre la heterogeneidad de las tendencias entre estados y municipios. Después del primer trienio de AMLO, los estados con mayores incrementos en sus tasas de homicidios dolosos y feminicidios en comparación con el segundo periodo de la administración de Enrique Peña Nieto fueron Sonora y Guanajuato (un alza de 109% y 102%, respectivamente–. Luego, Zacatecas (69%), Quintana Roo (65%), Michoacán (53%) y otros 15 estados mantienen una tendencia al alza, mientras que Baja California Sur (-84%), Sinaloa (-39%), Guerrero (-35%), Nayarit (-26%), Tamaulipas (-23%) y siete estados más lograron reducir sus tasas/número de víctimas.
A nivel municipal, los mayores aumentos en la tasa de asesinatos[3] fueron registrados en Nopala de Villagrán, Hidalgo (de seis casos por cada 100,000 habitantes durante los últimos tres años de EPN a 138 durante los tres primeros de AMLO, es decir, un aumento de 2,200%); Rosales, Chihuahua (de 11 a 196 por cada 100,000 habitantes, equivalente a un aumento de 1,681%) y San Juan Mazatlán, Oaxaca (de cinco a 78 por cada 100,000 habitantes, equivalente a un aumento de 1,460%). Aunque es cierto que estos municipios cuentan solamente con alrededor de 20,000 habitantes y, por lo tanto, basta que se registren algunos asesinatos para que tengan tasas elevadas[4], nos pareció importante no descartarlos del análisis, ya que los aumentos observados están muy lejos de ser marginales, incluso si se considera el número absoluto de víctimas registradas y no las tasas: en Nopala de Villagrán se había registrado a un asesinato durante los últimos tres años de EPN, contra 25 durante los tres primeros de AMLO; Rosales pasó de dos a 36 y San Juan Mazatlán de uno a 15.
Del otro lado del espectro, unos 120 municipios –de entre 500 y 42,000 habitantes– lograron reducir su tasa de asesinatos en un 100%, si se compara el último trienio de EPN con el primero de AMLO: 27.5% de ellos se encuentran en Oaxaca, 13% en Puebla y los demás en otros 19 estados de la República. Sin embargo, es importante resaltar que ninguno de estos municipios sumaba más de ocho casos registrados durante los últimos tres años de EPN.
Por otra parte, entre los municipios de 100,000 habitantes y más, encabezan la lista San Francisco del Rincón, Guanajuato (con un aumento de 257% en la tasa de asesinatos registrados entre el último trienio de EPN y el primero de AMLO); San Felipe del Progreso, Estado de México (con uno de 250%) e Ixtlahuaca, Estado de México (211%). En extremo opuesto, La Paz, Baja California Sur (-87%); Los Cabos, Baja California Sur (-83%) y El Fuerte, Sinaloa (-74%) registraron los mayores decrecimientos en la tasa de asesinatos registrados.
Finalmente, si se observa la evolución del fenómeno en el conjunto de municipios del país, resulta interesante notar algunos patrones regionales. En el noroeste de la República –Baja California y Oeste de Sonora–, el oeste de Coahuila, parte del Bajío –en particular, Zacatecas y Guanajuato– y en casi todo Quintana Roo, la mayoría de los municipios registraron aumentos fuertes en sus tasas de homicidios durante el primer trienio de AMLO, comparado con el último de EPN.
Por el contrario, el sur de Baja California Sur, el territorio en donde convergen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, así como buena parte del oeste de Guerrero, registraron disminuciones fuertes en la violencia letal registrada. Cabe recordar que las dos últimas regiones mencionadas abarcan importantes zonas de cultivo de amapola. Asimismo, una tarea pendiente sería seguir investigando qué factores influyen en las dinámicas de violencia letal en tales contextos.
Delitos contra la libertad personal: focos rojos plenamente identificados
Dentro de los delitos contra la libertad personal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contempla: secuestro, secuestro extorsivo, secuestro con calidad de rehén, secuestro para causar daño, secuestro exprés, otro tipo de secuestros, tráfico de menores, rapto y otros delitos que atentan contra la libertad personal.
¿Por qué analizar la tendencia de estos delitos en su conjunto? Como cada entidad federativa tiene su propio código penal, con definiciones distintas de los delitos, el personal de las fiscalías estatales puede tener dificultades para homologar los casos que reciben con el catálogo del SESNSP. Además, se puede usar esta ventana de oportunidad para clasificarlos erróneamente y reducir artificialmente uno o varios tipos de delito registrados. Por ejemplo, un secuestro –tipo de delito frecuentemente monitoreado por las autoridades y desde la sociedad civil– puede terminar siendo reportado dentro de la categoría de “otros delitos que atentan contra la libertad personal” –categoría poco específica y por lo tanto poco analizada–, con el objetivo de reducir artificialmente la cifra de secuestros.
De hecho, en las cifras oficiales sobre delitos registrados de enero a septiembre de 2019, la gran mayoría de las entidades federativas clasificaba más del 60% de los delitos contra la libertad personal como “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, en lugar de homologarlos con alguna de las categorías específicas previstas por el instrumento de registro del SESNSP[5]. Por lo anterior, si se analiza solamente los datos de secuestro y no de todos los delitos contra la libertad personal, se podría estar subestimando aún más la magnitud de este fenómeno criminal, que de por sí se registra en la estadística del SESNSP con una cifra negra superior a 95%[6].
La Gráfica 3 muestra la evolución mensual que han seguido los delitos contra la libertad personal desde los últimos 36 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) y hasta los primeros 36 meses del Gobierno actual, con un desglose según el sexo de las víctimas. Se puede observar una ligera desaceleración en el incremento del número de víctimas desde 2019, tanto en víctimas hombres como mujeres, aunque la tendencia sigue al alza y los años 2019 y 2021 totalizaron la mayor cantidad de casos registrados durante todo el periodo analizado.
Ahora bien, si nos interesamos a la evolución del fenómeno a nivel estatal, dos entidades preocupan particularmente por presentar incrementos de más de 200% en su tasa de víctimas registradas: Colima (287%) y Aguascalientes (230%). Además, apenas nueve estados de 32 vieron disminuir su tasa de víctimas respecto a los últimos 36 meses de la presidencia de EPN, siendo Yucatán el estado que sostuvo la mayor reducción (-92%), pues pasó de registrar 8.7 víctimas por cada 100,000 habitantes durante el último trienio de EPN a 0.7 durante el primero de AMLO.
A nivel municipal, Chapantongo (Hidalgo), Técpan de Galeana (Guerrero) y Alvarado (Veracruz) registraron los mayores aumentos en su tasa de víctimas de delitos contra la libertad personal, con incrementos superiores a 1,000%, si comparamos la cifra del primer trienio de AMLO con la del último de EPN. De forma similar a lo que argumentamos en la sección anterior sobre violencia letal, el tamaño de población de estos municipios (entre 15,000 y 70,000 habitantes) no apostilla la magnitud del incremento, muy notorio si analizamos el número absoluto de víctimas registrados: de una a 23 en Chapantongo, de una a 17 en Técpan de Galeana y de una a 15 en Alvarado.
Por otra parte, unos 192 municipios –20% ubicados en Oaxaca, 11% en Puebla, 10% en Yucatán, 9% en Jalisco y el resto en otros 19 estados– registraron decrecimientos del 100% en su tasa de víctimas de delitos contra la libertad personal. No obstante, es importante poner en perspectiva estos logros puesto que, en más de la mitad de estos municipios, la reducción del 100% fue equivalente a pasar de una víctima registrada durante los tres últimos años de EPN a cero durante los tres primeros de AMLO (y para el 99% de los municipios, de menos de 10 víctimas a cero).
En municipios de 100,000 habitantes y más, las tendencias más preocupantes se registraron en Villaflores (Chiapas), Lerdo (Durango) y Villa de Álvarez (Colima), con tasas de víctimas que crecieron alrededor del 480% entre el último trienio de EPN y el primero de AMLO. En un sentido opuesto, el municipio de Kanasín (Yucatán) pasó de registrar una tasa de 17 víctimas de delitos contra la libertad personal por cada 100,000 habitantes, a cero, durante el mismo periodo de análisis.
A nivel regional, se observan tendencias al alza particularmente fuertes en el oeste de Sonora y Quintana Roo –al igual que en las cifras de violencia letal–, pero también en Colima y la región media de San Luis Potosí. Mientras tanto, las tasas de víctimas registradas disminuyeron en la mayoría de los municipios de Tamaulipas, Coahuila y Yucatán.
Delitos contra la libertad y la seguridad sexual: tendencia al alza casi generalizada
El abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como el incesto, la violación simple y la equiparada, son considerados por el SESNSP como delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual.
A diferencia de los datos utilizados para la violencia letal y los delitos contra la libertad personal –que son publicados por el SESNSP con desgloses por número de víctimas, por sexo y rango de edad–, las cifras oficiales sobre delitos contra la libertad y la seguridad sexual solamente dan cuenta del número de carpetas de investigación (CI) iniciadas. Esto presenta varios problemas a la hora de analizar el fenómeno, ya que una CI puede contener el registro de más de una víctima, lo cual impide un monitoreo preciso de la victimización e invisibiliza información particularmente valiosa para elaborar y eventualmente evaluar las estrategias de prevención y atención, como por ejemplo el sexo de las víctimas o sus grupos etarios.
Aunque sabemos que los delitos sexuales suelen victimizar en mayor medida a las mujeres (CEAV, 2016), los datos oficiales actuales no nos permiten monitorear específicamente la victimización sexual de mujeres, ni analizar cómo ésta varía en el territorio. En el caso de la violencia letal, fue precisamente la desagregación de los datos la que nos permitió identificar que mientras el número de víctimas hombres disminuye, el de mujeres se mantiene constante.
La gráfica 5 muestra la tendencia que han seguido los delitos contra la libertad y seguridad sexual desde los últimos 36 meses de gobierno de EPN, y hasta los primeros 36 meses del Gobierno actual. Los resultados muestran que la tendencia al alza no se ha interrumpido desde el inicio de la Administración de AMLO: considerando el total de los delitos de esta categoría, han aumentado en un 49.5%.
Como se puede observar en la Gráfica 6, que compara la tasa de delitos contra la libertad y la seguridad sexual desde la llegada del Gobierno actual con los tres últimos años de la Administración de EPN, 30 de las 32 entidades federativas presentan cifras al alza, siendo Yucatán (-73%) y Tlaxcala (-48%) las únicas excepciones. En cuatro entidades federativas, el aumento en estos delitos es superior al 100%: Quintana Roo (153%), CDMX (146%), Querétaro (102%) y Veracruz (101%). Únicamente en cinco estados se reporta un aumento menor al 20%: Chiapas (13%), Tamaulipas (13%), Jalisco (9%), Morelos (4%) y Baja California (1%).
¿Qué nos muestran estos resultados? Primero, uno de cada cinco mexicanos vive en lugares del país donde la violencia sexual se ha duplicado. Existen focos rojos importantes que se encuentran muy por encima del promedio de variación (45%). Hay cuatro entidades federativas con un incremento por encima del 100%, y la tendencia al alza en estos estados se vuelve más preocupante cuando se identifica que los mismos representan el 20% de la población mexicana. Por otro lado, la continuación de la tendencia al alza de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual es casi generalizada en todo el país. La tendencia solamente es decreciente en dos estados, que juntos representan menos del 3% de la población.
Al analizar las tasas de casos registrados por municipio, llaman la atención aumentos superiores a 2,000% en San Rafael (Veracruz), San Sebastián Tutla (Oaxaca) y Platón Sánchez (Veracruz), entre el último trienio de EPN y el primero de AMLO. De nuevo, incluso si consideramos el número de casos en vez de la tasa, estos aumentos también fueron significativos, puesto que equivalen a pasar de uno a 36 casos en San Rafael, de uno a 26 en San Sebastián Tutla y de uno a 23 en Platón Sánchez.
Por otro lado, aunque 116 municipios registraron disminuciones del 100% en su tasa de delitos sexuales registrados –la mayoría ubicados en Oaxaca[7], Yucatán y Tlaxcala–, cabe enfatizar que el 99% de ellos no rebasaba los ocho casos registrados durante los últimos tres años de EPN.
Entre los municipios de 100,000 habitantes y más, las tendencias más preocupantes fueron registradas en Champotón, Campeche (de 12 casos por cada 100,000 habitantes durante el último trienio de EPN a 67 durante el primero de AMLO), Boca del Río, Veracruz (de 33 a 157 por cada 100,000 habitantes) y Tihuatlán, Veracruz (de 17 a 69).
En el otro lado del espectro, las tasas de delitos sexuales registrados decrecieron particularmente en Kanasín, Yucatán (de 146 a 23 por cada 100,000 habitantes), Mérida, Yucatán (de 128 a 30) y Ramos Arizpe, Coahuila (de 52 a 18).
A nivel regional, resulta difícil identificar conjuntos de municipios con tendencias a la baja en delitos sexuales registrados, con excepción de Yucatán y Tlaxcala.
Percepción de inseguridad: avance incontrovertible
Además del análisis de los datos sobre incidencia delictiva, la percepción ciudadana de inseguridad es crucial para entender la evolución de la seguridad pública en el país. Ésta ofrece un acercamiento sobre la calidad de vida de las personas, puede determinar el cambio de hábitos y sus expectativas en torno a la evolución de la inseguridad. Para este apartado serán consideradas dos encuestas oficiales del Inegi, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
En primer lugar, la ENSU (encuesta aplicada trimestralmente en zonas urbanas) ofrece, entre otros datos, el porcentaje de la población adulta que considera a su ciudad como insegura para vivir. Es a partir de diciembre de 2015 que el porcentaje de la población con percepción de inseguridad en las ciudades tendió al alza, iniciando con 67.7% y alcanzando su punto más alto en marzo 2018 con 76.8%. Con la entrada de AMLO, la percepción de inseguridad ya había empezado a disminuir (73.7% en diciembre de 2018) y siguió decreciendo con algunas oscilaciones hasta llegar a 65.8% en el último mes del 2021.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) muestran que desde la llegada del Gobierno actual hay una reducción de la percepción de inseguridad en las tres demarcaciones que mide la encuesta –colonia o localidad, municipio o demarcación territorial, y entidad federativa–. Con el Gobierno de EPN, la percepción de inseguridad en la colonia o localidad, que es la unidad territorial más cercana de las personas, se incrementó de 44% a 50.1% entre el 2013 y el 2018. Con el Gobierno actual, la percepción de inseguridad se ha reducido hasta llegar a 41.9% en 2021.
De acuerdo con estas encuestas, ¿la ciudadanía percibe menos inseguridad desde la llegada del Gobierno actual? Sí, y a pesar de que la percepción de inseguridad no indica necesariamente una reducción de la violencia, es un dato positivo. De alguna manera, el Gobierno de AMLO ha logrado que muchas personas se sientan más seguras, lo que trae beneficios a la sociedad mexicana.
La lectura fina apenas comienza
En síntesis, después de los primeros tres años del Gobierno de López Obrador, tenemos un decrecimiento tenue en la violencia letal, una desaceleración de los delitos contra la libertad personal, una continuación de la tendencia alcista en los delitos contra la libertad y la seguridad sexual y una disminución en la percepción de inseguridad.
Los resultados no se pueden clasificar como negativos pero, después de tres años, si se pretende ver un cambio trascendental en la tendencia que sigue la violencia en México, es necesario cuestionarse: ¿por qué se reduce la violencia en ciertos lugares y aumenta en otros?, ¿qué ha funcionado de la estrategia de seguridad del Gobierno federal?, ¿cómo lo medimos?, ¿cómo nos acercamos a las dinámicas más locales, más finas de la inseguridad?, ¿en qué es diferente la estrategia actual a las anteriores?, ¿cuáles son los abrazos implementados y cuáles son los balazos que ya no están?
Estas preguntas y
dudas, entre muchas otras, nos acompañarán en nuestro trabajo en 2022, a la par
de tres certidumbres: necesitamos articular mejor la investigación cualitativa
con la cuantitativa; necesitamos mejores datos para observar todo lo que queda
invisibilizado en México, y necesitamos mayor y mejor diálogo entre la sociedad
civil y las autoridades públicas encargadas de la seguridad. Combinando estos
pilares, y buscando siempre la implementación de una estrategia civil y no
militar de la seguridad pública, podremos lograr el único objetivo que
realmente importa: la reducción de las violencias en México.
[1]CIDAC, 2012, 8 delitos primero Índice delictivo CIDAC
[2] INEGI, 2021, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.
[3] Los datos son presentados en tasas por cada 100,000 habitantes para habilitar comparaciones entre municipios con tamaños de población heterogéneos y entre periodos de tiempo relativamente largos, en los que el número de habitantes de un mismo municipio pudo cambiar. Los datos de población utilizados en este análisis provienen de las Proyecciones de Población de los Municipios de México, 2015-2030, publicadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO).
[4] Recordemos que la tasa por 100,000 habitantes se calcula de la forma siguiente para cualquier tipo de evento (en este caso asesinatos): (número de eventos / número de habitantes) * 100,000.
[5] SESNSP, 2018, Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas
CNSP/38/15 Manual de llenado.
[6] INEGI, op. cit.
[7] Es de notar que la tendencia decreciente de estos municipios oaxaqueños no se refleja a nivel estatal (Oaxaca registró un aumento en la tasa de delitos sexuales). Lo anterior, debido a que son municipios relativamente poco poblados (entre 300 y poco más de 30,000 habitantes) y solamente representaban 1% de todos los casos registrados en el estado durante el último trienio de EPN.
