Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero
Dice el Plan Nacional de Desarrollo que este gobierno prohibirá las adjudicaciones directas. Detecta, correctamente, que es a través de este proceso excepcional de contratación por donde se cuela la corrupción. En la ley vigente en materia de contratación de obra pública se concibe a este mecanismo como una excepción a la licitación abierta, pero también se establecen algunos supuestos para hacer uso de él. Al optar por la adjudicación directa, los responsables deben de elaborar una justificación.
Entiendo, entonces, que este gobierno promoverá a través de su grupo legislativo una reforma a la Ley de Obras para que la prohibición de la que hablan quede asentada en dicha ley. Y que los mecanismos excepcionales –como la invitación restringida, el convenio entre entes públicos y la adjudicación directa– queden excluidos o, por lo menos, bien acotados. Y supongo, entonces, que las acciones del gobierno quedarán constreñidas, por fin, a lo que establece la ley. Porque en estos primeros meses de gobierno la excepción se ha convertido en la norma. Nunca antes en un tiempo tan corto se había contratado tanto a través de estos mecanismos de “excepción”.
Vale la pena hacer el recuento:
El 24 de enero de 2019 se nos informó de la compra de 671 pipas para transporte de combustible por un total de 1,765 millones de pesos mediante asignación directa a cuatro empresas extranjeras y dos mexicanas.
Para la construcción de la refinería de Dos Bocas se hizo una invitación restringida a cuatro empresas.
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó por adjudicación directa los primeros tres contratos del Tren Maya, que suman 99 millones 870 mil pesos.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha documentado que en lo que va de 2019, 74% de los contratos se ha realizado por adjudicación directa.
Éste parece ser el nuevo patrón de contratación de un gobierno que plantea en un documento oficial como el PND que prohibirá la adjudicación directa como uno de los mecanismos para combatir la corrupción. Una pequeña inconsistencia en la nueva era que promete instaurar.
Este asunto plantea problemáticas en más de un sentido, que van más allá de los riesgos de corrupción asociados a estos mecanismos de contratación. La primera es la garantía de un uso adecuado de los recursos. Por la vía de una invitación restringida o una adjudicación directa no sabremos si se contrataron a las empresas más aptas, que ofrecieran el mayor valor por los recursos invertidos. Para el caso de la refinería de Dos Bocas se justificó la elección de las empresas invitadas por su experiencia a partir de la valoración de ¿quién sabe…qué? ¿Cuáles fueron los criterios? Dice el presidente a través del propio PND que la discrecionalidad es el origen de la corrupción. ¿Cómo llamar, si no es discrecional, a la decisión de adjudicar directamente tantos contratos? Pero el asunto no queda ahí. Los proyectos de inversión de esta administración mal empiezan y los riesgos de que se descarrilen son mayores.
No sobra recordarle al presidente la suerte de los proyectos emblemáticos de su antecesor. Proyectos que erosionaron su rentabilidad porque costaron mucho más de lo originalmente estimado y no fueron concluidos en el tiempo planteado. Está bajo su responsabilidad indagar de posibles hechos de corrupción en aquellos proyectos, pero también evitar repetir este otro patrón, el de gestionar mal un proyecto de infraestructura. He aquí el punto: el presidente puede caer en la trampa de la improvisación… y también de la corrupción. Está abriendo la puerta para ello. Si confía en la santidad de sus colaboradores, pues buena suerte con ellos.
Si el presidente ha de serle fiel a lo que ha prometido a los mexicanos, tiene que hacerse de los instrumentos correctos para lograrlo. En el tema que abordo, tiene que asegurarse que cada peso invertido genere el mayor valor para los mexicanos. Esto debería llevarlo a reconsiderar su proyectos de inversión. Y realizarlos con los mejores estándares en materia de transparencia y también de competencia. Esto está más allá de ideologías.
Ceñirse a las mejores prácticas en la materia lo acerca a sus objetivos. Y también a cumplir con la ley. Si ha de hacer válido el “nada, al margen de la ley; por encima de la ley, nadie”, sería oportuno que repasara la letra del artículo 134 constitucional, que dice que los recursos económicos a disposición del gobierno federal deberán administrarse con eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez. Nada más, ni nada menos.