Adiós, Escobar. ¿Y ahora?
El verdadero problema, más allá de la partida de Arturo Escobar o de la llegada de un nuevo titular a la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, recae en los desafíos y obstáculos que continúa enfrentando la política para prevenir el delito a partir de su normatividad.
Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)
Ahora que Arturo Escobar no es el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, ¿podemos decir que esto allana los mayores retos que a mitad de sexenio enfrenta la política pública en este ámbito? Sería un error creer que sí. Con excepción del inconveniente que por sí solo representaba contar con un titular inadecuado para el puesto por inexperiencia en el tema y por pesar en su contra acusaciones por delitos electorales, lo cierto es que los mayores retos para prevenir el delito le precedían a Escobar y, aun sin él, siguen ahí. Es decir, el verdadero problema, más allá de la partida de Escobar o de la llegada de un nuevo titular (si es el caso), recae en los desafíos y obstáculos que continúa enfrentando esta política a partir de su normatividad.
Ubicados justo a la mitad de la presente administración federal, enfoquémonos en tres problemas específicos que comprometen considerablemente el potencial de uno de los principales instrumentos de esta política pública, el subsidio del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Pronapred. Dos de ellos pueden ser atendidos en los lineamientos que para el mismo se publican cada año.
Las entidades no reportan resultados. No me refiero al número de clases, talleres, conferencias o terapias brindadas (que deben reportarse “de cajón” al tratarse de ejercicio de recursos públicos) sino, por ejemplo, al avance en habilidades o conocimientos en las personas que atienden estas actividades. ¿Qué cambio medible se observó en los beneficiarios directos de las acciones como resultado de su participación en ellas? ¿Cumplieron estas acciones su objetivo? ¿Es buena idea darle continuidad a estas últimas? Es posible obtener esta información por medio de encuestas de entrada y salida, entrevistas o instrumentos cualitativos y cuantitativos, mismos que podrían ser parte de los requerimientos a las organizaciones o consultoras que implementan las acciones. Sin embargo, hasta el momento ésta no es una obligación explícita en la normatividad del subsidio. En este sentido vamos a ciegas. Las autoridades que reciben el subsidio solamente tienen que comprobar que las actividades se realizaron, y no que éstas obtuvieron los resultados esperados.
Seguimos sin saber por qué llega a quien llega: problema fundamental de transparencia. Concretamente, no sabemos cómo se seleccionó a los municipios beneficiarios del Pronapred. La única fórmula que se conoce cada año es la que define el monto que se entrega a éstos. Si bien el subsidio llega a todos los estados del país, se aplica exclusivamente en territorios específicos –denominados polígonos– en una selección de municipios. No podemos dejar de insistir en lo que hemos señalado desde 2013: si no sabemos exactamente cómo fueron elegidos, ¿cómo sabemos que se trata de los lugares donde más se requieren los recursos o donde tendrán mayor impacto en términos de menos delitos, víctimas o victimarios?
El problema del limitado horizonte de las acciones Pronapred. Si una acción tuviera potencial para atender de manera efectiva las causas del delito o de conductas violentas, muy probablemente no podría llevarse a cabo el tiempo suficiente para lograrlo en el corto plazo que tienen las acciones actualmente. Me refiero a proyectos e intervenciones, por ejemplo, relativas al desarrollo de habilidades –en jóvenes, infantes o mujeres– con dos o tres meses de duración; seis en el mejor de los escenarios, con alguna excepción. Esto implica que transcurre hasta medio año entre su implementación y la del año siguiente cuando se trata de procesos de cambio –truncos en este caso. Sin embargo, sin la obligación por parte de las entidades federativas de reportar sistemáticamente resultados –como ocurre en estos momentos–, prolongarlas no sería buena idea en este contexto. Lo sería si –y sólo si– se cuenta con información cuantitativa y/o cualitativa que sustente resultados positivos.
El cambio en la titularidad de la Subsecretaría puede dar paso a un golpe de timón en esta política, mientras que no hacer ajustes clave sería, sin duda, la receta para su fracaso en los tres años restantes. Buena parte de la sociedad civil que trabaja para prevenir el delito y la violencia, así como para analizar y evaluar esta política, sigue dispuesta a aportar elementos para su fortalecimiento. Es indispensable que se vea más allá de la ya recurrente lucha interna por la sucesión en esta unidad de la Secretaría de Gobernación, la cual ha consumido buena parte de su corta vida desde la partida de Roberto Campa a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bien lo vale la urgencia -aún no satisfecha- de sentar las bases para prevenir el delito y la violencia en México a partir de la evidencia. ¿Habrá a quien le interese hacer los ajustes necesarios para que esta política tenga un futuro exitoso los próximos tres años?
*Lilian Chapa Koloffon es investigadora del Programa de Seguridad Pública de @mexevalua.
