Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Por distintas razones, personas allegadas me preguntan si el sistema anticorrupción está muerto. En este espacio, hace más de un año, yo misma planteé que estaba moribundo y di mis razones. Hoy, un hecho en particular parece que no mata al sistema, pero sí le da un llegue fuerte al componente innovador que situaba al ciudadano al centro del modelo. Sucedió en el estado de Jalisco, y sus perpetradores son del todo identificables: el Congreso local. Los legisladores encontraron y pusieron sobre la mesa una manera de hacer la vida dificilísima a los ciudadanos que conforman el Comité de Participación Social de aquel estado, y resulta muy difícil no imaginar que contaron con la anuencia del gobernador.

La propuesta, si entiendo bien, es quitarles la remuneración por su labor en el Comité, pero también les ponen trabas para que se desempeñen en otras funciones. Vamos, no les pagan pero tampoco los dejan trabajar. De pilón, los hacen sujetos de la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Este coctel es perfecto para desanimar a cualquiera a participar. Una manera de asfixiar al Comité con un cambio legal.

La verdad, a mí me cuesta trabajo creer que Enrique Alfaro consiente las prácticas que han usado los políticos tradicionales de siempre: querer deshacerse, cooptar o intimidar a quienes perciben como incómodos. Pero ¿cómo no pensar que estuvo detrás de esto? Admito que su liderazgo me parecía prometedor. Siempre echado para adelante, sin el traje negro con corbata roja que en mi cabeza asocio con los políticos de siempre. Este gobernador se presentaba con camisa arremangada, dando la imagen de alguien sencillo y que, además, trabaja. Pero hoy esta promesa de la política nacional ya no enarbola temas audaces. No impulsa más agendas naciones que podrían articular una alternativa a lo que hoy tenemos. Si es verdad que el gobernador no vio con malos ojos la iniciativa del Legislativo que arremete contra una pieza bien acabada de su sistema anticorrupción, luciría muy chiquito.

Lo he escrito antes: la captura de instituciones de control y rendición de cuentas se da principalmente a través de la designación de sus titulares o de sus integrantes.

Yo soy muy chilanga y no conozco la grilla de aquel estado. Pero sí alcanzo a percibir el mal augurio que esta acción genera. Y debo decir que este Comité en Jalisco estaba (está) mejor logrado que muchos otros del país, incluyendo al nacional. Su conformación también fue buena y entró en tensión con el Ejecutivo y Legislativo locales porque se pusieron las pilas e hicieron lo que les correspondía por derecho: participar en algunas designaciones clave en el estado. No sólo este Comité tiene estas facultades, también el de Nuevo León y uno que otro más. Que se hayan involucrado en asuntos delicados del Gobierno local (porque tenían las puertas abiertas por ley, insisto) los hicieron sujetos de presiones y/o captura. Otros comités, perdón que lo diga, son tan irrelevantes que si dejaran de existir ni quien se percatara de ello.

Lo he escrito antes: la captura de instituciones de control y rendición de cuentas se da principalmente a través de la designación de sus titulares o de sus integrantes. Si las instituciones son débiles, como muchas de las nuestras, un liderazgo frágil o cooptado las hace casi inútiles, no cumplen con el mandato para el que fueron creadas. Otra cosa sucede si tales instituciones cuentan con profesionales de carrera; un mal liderazgo las perjudica, pero no paraliza. Por eso necesitamos trabajar en esos dos frentes de manera muy decidida: 1. mejorar los procesos de designación con la definición de perfiles idóneos y mecanismos para que los mejores ocupen los puestos, y 2. impulsar el servicio profesional de carrera, para contar con funcionarios que den tracción al trabajo de una institución. Estos dos componentes, seguramente entre muchos otros, son clave para que este país realmente se institucionalice y le quite poder al poder. Para que lo contenga, lo aplaque a base de buenos contrapesos y mecanismos de vigilancia.

Sobre si el sistema anticorrupción está muerto, pues respondo, titubeante, que… no. Ahí están todos los componentes del sistema vivitos y coleando, aunque no estén haciendo una gran diferencia. Estamos hoy muy parecido a como estábamos antes de la Reforma Anticorrupción. Entre la tibieza y la mediocridad. Una vez más, cambiamos todo para seguir igual. Por eso, en este equilibrio mediocre, salta aquello que puede mover, aunque sea un poquito, el estado de cosas. Una expresión es este Comité de Participación Social jalisciense, como ha habido otras en estos años. Provocaron una respuesta de un sistema que se reproduce al infinito y resiste cualquier intento de cambio.

Aunque los políticos se disfracen de modernos, les gusta el acomodo de siempre, porque no es retador. Los lleva a reproducir un esquema de privilegios donde apenas rinden cuentas. Mi solidaridad con los integrantes de ese Comité. Pienso que es la acumulación de estas iniciativas y acciones lo que eventualmente nos va a transformar.

Al calce

Minutos antes de la entrega de esta colaboración, el gobernador Enrique Alfaro vetó la iniciativa del Congreso de Jalisco referente a modificar distintos aspectos del estatuto legal que da forma al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Qué bueno que el gobernador la vetó. Pero que no esconda la mano luego de haber aventado la piedra.