A tres años del T-MEC, una cumbre borrascosa
Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Animal Político
¿Alguien sabe qué sucedió en la Cumbre de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, en Cancún, los pasados 6 y 7 de julio? Estimado lector: si ésta es la primera noticia que tiene de tal acto, no se sienta mal. Pocos se enteraron. La cumbre se caracterizó por una falta de transparencia y comunicación con la ciudadanía respecto de los acuerdos alcanzados, sobre todo en relación con la disputa energética que prevalece desde el año pasado. A pesar de que en una carta abierta de pocos días antes (29 de junio), firmada por los empresarios estadounidenses (agrupados en la Alliance for Trade Enforcement o AFTE) y dirigida a la representante comercial de su gobierno, Katherine Tai, se planteaban, entre muchos asuntos[1], enérgicas inconformidades producto del incumplimiento de México de los términos del acuerdo (que no hicieron más que unirse a la preocupación manifiesta de las empresas de este lado de la frontera), los gobiernos de los tres países optaron por reducir al máximo las expectativas, y restringir la cobertura periodística nacional, así como la participación de la sociedad civil.
Y así, aunque la cumbre pasó sin pena ni gloria, en el mundo ‘de acá afuera’ los problemas se multiplican y los costos suben. No hay anestesia posible.
Es comprensible que de cara a los procesos electorales que se vivirán en Estados Unidos, México y Canadá en los próximos meses, la opción que parece menos mala sea la parálisis en las negociaciones. Un enfoque de ‘teoría de juegos’ lo explicaría: éstos son actores que enfrentan dificultades particulares y que toman, quizá, acciones en beneficio de todos. Pero el hecho es que tres años de vida del T-MEC (por cierto, con un diseño de solución de conflictos que es referente mundial), arrojan hechos concretos, como consultas y disputas, que dan cuenta de la incomodidad por parte de los empresarios respecto de la dinámica y los efectos de las políticas proteccionistas de nuestro país, contrarias a los principios de competencia económica previamente acordados en el tratado y consagrados en nuestra Constitución.
Entre esas políticas, la energética es emblemática, dada su importancia para toda la economía y para la integración energética y comercial de Norteamérica. La preocupación en torno a ella es tan seria como inaceptable la falta de incentivos políticos para transparentar (y acelerar) los procesos de negociación. ¿La última muestra? El comunicado conjunto de las tres autoridades, publicado una semana después de finalizada la Cumbre, que no menciona la energía como un tema discutido ahí, aparentemente…
Matar a la gallina de huevos de oro
El T-MEC es el pilar fundamental de la relación comercial trilateral. Es el motor de la economía regional. En 2022, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a sus socios en el T-MEC se valoraron en aproximadamente 790 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del 31% con respecto a 2012, y del 366% con respecto a 1993. En 2021, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a Canadá y México respaldaron a cerca de 2.1 millones de puestos de trabajo en 2021[2]. Por su parte, con datos oficiales, México es el tercer socio más grande de Canadá en comercio de mercancías (después de Estados Unidos y China), y en 2022 la inversión directa de Canadá en México en 2022 fue de 3.7 mil millones de dólares. Estados Unidos y Canadá representan una parte significativa de la inversión extranjera directa en México, con un 56.6 % y 10.2%, respectivamente.
Por todo lo anterior, la solución a la disputa energética no puede ser tomada a la ligera ni simplemente ser pospuesta: la falta de aseguramiento del suministro energético limpio (sólo por poner un ejemplo) es uno de los riesgos cruciales que definirán si las empresas extranjeras se instalan en las zonas industriales del país para el largo plazo.
Adentrémonos un poco en el origen de los desacuerdos. En julio de 2022 las empresas y asociaciones gremiales representadas en la AFTE solicitaron a Katherine Tai que procediera con lo establecido en el artículo 31 del T-MEC y solicitara el establecimiento de un panel (artículo 31.6.1). A partir de entonces se activaron las consultas y las conversaciones entre los actores involucrados de los tres gobiernos. Sin embargo, a juicio de los más afectados –los empresarios estadounidenses–, no se observan acciones contundentes, y México continúa violando sus obligaciones bajo el T-MEC, con medidas que dificultan el libre flujo de bienes energéticos e inversiones a través de las fronteras.
Ejemplos no faltan: los reguladores gubernamentales y formuladores de política energética incumplen con las normas legales y reglamentarias existentes al negar, retrasar o limitar el otorgamiento de permisos para que las estaciones de importación, almacenamiento y servicio operen en el mercado de hidrocarburos, o las centrales eléctricas que cumplen con sus requisitos puedan operar. Esto lo hemos detallado desde México Evalúa en nuestro análisis trimestral, que enviamos a suscriptores de el boletín El Sextante.
Los empresarios nacionales también han alzado la voz y mantienen el reclamo en torno a modificaciones poco transparentes del marco regulatorio y administrativo, que dificultan a las empresas conocer con claridad sus obligaciones. Además, están preocupadas la coerción e intimidación que autoridades como la Guardia Nacional o la Procuraduría del Consumidor realizan sobre los empresarios en el ejercicio de actividades de inspección y verificación, como también lo hemos descrito desde México Evalúa. Y un dato de contexto: si bien México ha reanudado los permisos para nuevas estaciones de servicio de petrolíferos, el registro público de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) da cuenta de que de 2021 a mayo de 2023 más del 95% de dichos permisos han sido otorgados a estaciones de servicio marca Pemex,en perjuicio de la competencia. Esto vendría a confirmar que los reclamos ante el T-MEC son ciertos: la política energética desprecia la participación del sector privado en mercados donde debería prevalecer la libre competencia, y continúa sin cumplir con el TMEC (y tampoco cumple con la Constitución, por cierto).
La competencia en un pantano
Regresemos a lo que alega la AFTE. Tras el inicio de las consultas energéticas del T-MEC en 2022, la organización ha señalado que el Gobierno mexicano comete tres incumplimientos: 1. propone reglamentaciones con requisitos adicionales para permisos nuevos y existentes (incluida la prohibición de las transacciones de comercializador a comercializador de combustible); 2. limita, desde abril de 2023, el número de nuevas solicitudes de permisos para todo el mercado de hidrocarburos a 50 por mes (con lo que el rezago cada vez es mayor, y apuntemos que a la fecha aproximadamente 1,500 permisos están en espera), y 3. reduce los plazos de los permisos de nuevas estaciones de servicio a periodos verdaderamente ridículos (los permisos de importación los otorga, por ejemplo, a cinco años, cuando antes eran de 20 años), con lo que hace inviables los planes de negocio.
En materia eléctrica, la cuestión es quizá aún más grave. La AFTE señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) presuntamente incumple los compromisos establecidos en el T-MEC al no dar aviso adecuado de las licitaciones públicas, no proporcionar suficiente tiempo para que los proveedores respondan y no utilizar especificaciones tecnológicamente neutrales. El resultado: los inversionistas no pueden competir en igualdad de condiciones y con información transparente en el mercado de contratación pública del Gobierno mexicano.
Los llamados de atención del empresariado mexicano tampoco carecen de elocuencia. Por ejemplo, Carlos Aurelio Hernández, vicepresidente de Energía Renovable de Coparmex Nacional, señala que el operador y la empresa estatal han detenido arbitrariamente la entrada de centrales eléctricas privadas pretextando diferentes asuntos, lo que impide la integración de los proyectos de generación de las empresas. Esto, con todo y que es el mismo Estado el que se beneficia de una integración bien hecha, pues las obras de infraestructura privadas –la construcción de ampliaciones de subestaciones y líneas de transmisión– para lograr la interconexión de los proyectos nuevos de generación a la Red Nacional de Transmisión (RNT) deben, por norma, ser donadas a la subsidiaria productiva del Estado: CFE Transmisión. Carlos Aurelio hace un apunte relevante: el problema es que las autoridades y la empresa estatal cotizan a los privados para este propósito obras financieramente inviables, sin dar justificación técnica, lo que no hace más que paralizar los proyectos de infraestructura y, de nuevo, mantener el impasse. Además, y por lo que toca a las líneas de distribución, en los nodos donde se deben ampliar las subestaciones, de acuerdo con el empresario, la CFE no destina inversiones suficientes (como ya lo hemos mencionado desde México Evalúa entre muchas voces más, como la de nuestro querido colega Pablo Zárate).
De cara a 2026: la revisión del T-MEC
El T-MEC tiene un horizonte de 16 años, es decir, hasta 2036. Sin embargo, según su cláusula de revisión (artículo 34.7), al sexto aniversario de su entrada en vigor una comisión representativa de las partes se reunirá para realizar una revisión conjunta sobre su desempeño, y será necesario considerar, a partir de diagnósticos y recomendaciones, los ajustes o medidas que se requieran para perfeccionar su funcionamiento. Pensemos en esto: de aquí a 2026 en realidad hay muy poco tiempo, considerando que en los tres países habrá periodos electorales y cambios de gobierno, y que las disputas vigentes no son menores.
El T-MEC sólo puede tener legitimidad si se cumplen los compromisos y se siguen los procesos de resolución de conflictos, siguiendo el marco que el mismo Tratado tiene establecido. Las disposiciones comerciales fueron diseñadas para ser plenamente implementadas y ejecutadas con base en todas las herramientas de aplicación que el acuerdo dispone para las partes. La AFTE pone énfasis en la importancia que tiene la credibilidad de los procedimientos para la solución de conflictos, y estamos de acuerdo.
Los tratados comerciales desempeñan un papel crucial en la economía global. Pero, más allá, la forma en que se negocian y se implementan tiene un impacto significativo en la sociedad y la economía de los países involucrados. Por ello, la transparencia y la apertura al diálogo, con más participación de la sociedad civil, deben ser elementos fundamentales para evitar que los incentivos políticos pasen por encima de las necesidades económicas y sociales.
Recordemos cuando Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, alertó, en el marco de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, sobre los riesgos de la falta de transparencia en los procesos de negociación e implementación de los tratados comerciales. La secrecía en estas negociaciones socava la democracia y favorece los intereses de las grandes corporaciones y de los grupos de presión, en detrimento de los intereses de los consumidores y de la sociedad en general. Por ello, la opacidad en las negociaciones crea un desequilibrio de poder entre las partes involucradas. Por descontado, la falta de transparencia impide un debate público informado sobre los detalles y las implicaciones de la toma de decisiones, lo que limita nuestra capacidad como ciudadanos para entender y discutir los términos, avances, retrocesos y ajustes en el marco de los acuerdos. Justo lo que acabamos de vivir hace un par de semanas.
* Ana Lilia Moreno es coordinadora del programa de Regulación y Competencia Económica de México Evalúa.
[1] La carta pormenoriza presuntos incumplimientos por parte de México en materia de competencia económica y regulación en los sectores de: telecomunicaciones, energía, mercados agroalimentarios, sistemas de pagos, compras públicas, biotecnología, instrumental médico, propiedad intelectual, regulaciones en el sector alimentario, aduanas, sistemas de normas, medios de pago, y mercados digitales.
[2] Datos publicados por la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos
