A punta de pistola
Por: Layda Negrete (@LaydaNegrete), Leslie Solís (@Leslie_fs), y Rolando Ochoa (@SuaderoDiaries)
La frecuencia con la que se usan armas de fuego para cometer homicidios nos permite entender mejor la violencia que enfrenta el país. Asumimos que pistolas, rifles y metralletas son usados, en su mayoría, por funcionarios que se dedican a labores de seguridad pública o bien por personas que llevan carreras delictivas. En otras palabras, las fluctuaciones en la proporción de homicidios que se cometen por armas de fuego nos habla de los movimientos en la profesionalización de la violencia. De ahí que sea importante inspeccionar las tendencias de este indicador y preguntarnos qué factores contribuyen a estas evoluciones.
Desde 2009, los homicidios dolosos cometidos por arma de fuego en el país superaron el de los homicidios cometidos por cualquier otro medio. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publica la información de homicidios de forma desagregada en cuatro categorías: con arma blanca, con arma de fuego, “otro” (asfixia, defenestración, golpes, envenenamiento, etc.) y “sin datos”. Como vemos en la siguiente gráfica, los homicidios por arma de fuego eran significativamente menores a los cometidos por otros medios (en este caso, con arma blanca, “otro” y “sin datos”) de 1997 a 2004. A partir de 2005, los homicidios por arma de fuego comenzaron una tendencia a la alza pero seguían constituyendo una proporción menor a los cometidos por otros medios. Para 2009, la tendencia se revirtió de forma que, desde entonces, las armas de fuego son el medio de comisión del homicidio más frecuente en el país.
Otra forma gráfica de mostrar este fenómeno es observando la cantidad de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego como proporción del total de homicidios, la cual aumentó de forma importante a nivel nacional entre 2008 y 2010, al pasar de 38.7 a 60.3 por ciento. Desde entonces, el porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego ha caído, pero se mantiene muy por encima de lo registrado antes de 2009. Es decir, hasta la fecha no se ha revertido tal fenómeno. Así, en 2014, 55.6 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas por homicidios dolosos en el país encontraron que esos delitos ocurrieron con armas de fuego. 
¿Qué causa las fluctuaciones en la proporción del uso de armas de fuego para cometer homicidios?
Creemos que las variaciones en el tiempo del uso de armas de fuego en la comisión de homicidios pueden explicarse, al menos, de dos formas: o bien los datos revelan que existe una menguada capacidad del Estado para controlar el tráfico de armas al país o bien las procuradurías estatales cuentan con mejores prácticas para clasificar los homicidios según su medio de comisión.
De acuerdo con Raúl Benítez Manaut, las armas “son el alimento principal tanto del crimen común como del crimen organizado” y la mayor presencia y uso de estas armas pueden interpretarse como una medida de un Estado cada vez más débil[1]. En el contexto mexicano, las leyes restringen severamente la capacidad de los ciudadanos de tener acceso a armas de fuego, por lo que los patrones que observamos retratan posibles escenarios de tráfico de armas, mismos que evidencian una falta de control de este mercado por parte del Gobierno Federal.
Vale la pena señalar que, de acuerdo con la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés), el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México está alimentando la violencia en este país, ya que aproximadamente 70 por ciento de las armas incautadas en nuestro país provienen del vecino del norte. De forma similar, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados ha señalado que “los homicidios violentos ocurridos en México están relacionados con las armas ilegales que llegan a nuestro país desde Estados Unidos, principalmente”. La organizaciónDesarma México llegó a la misma conclusión, apuntando que “desde que terminara, en el 2004, la prohibición de vender al público armas de asalto en Estados Unidos los homicidios en México crecieron exponencialmente”. También debemos recordar que se encontró evidencia de que armas alemanas fueron utilizadas en actos violentos contra normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014. De hecho, la justicia alemana acusó formalmente a seis ex empleados de la empresa Heckler & Koch de haber vendido armas de manera ilegal a las fuerzas de seguridad de 27 entidades mexicanas (en zonas particularmente conflictivas).
Ahora bien, otra hipótesis para explicar parte del aumento en la proporción de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego en México es que hayan mejorado los registros del SESNSP, los cuales están basados en las averiguaciones previas que recaban las procuradurías estatales. En otras palabras, se podría imaginar que antes de 2009 se subestimaban los homicidios ocurridos con armas de fuego y que desde entonces éstos sí quedan bien registrados. Esto es, en parte, cierto, ya que, como México Evalúa detallará en una próxima publicación, algunos estados solían registrar todos sus homicidios como cometidos con “otros” medios o “sin datos”. Fue el caso de Baja California entre 1997 y 2011, del Estado de México entre 1997 y 2008, de Tabasco entre 1997 y 2013, entre otros.
Sin embargo, consideramos que esta diferencia en clasificaciones no alcanza a explicar toda la tendencia del uso cada vez más preponderante de armas de fuego para cometer homicidios a nivel nacional.
Como se puede ver en la siguiente gráfica, la tasa de homicidios registrados “sin datos” tuvo un descenso entre el 2002 y 2014 pero esta caída no es proporcional al incremento de los homicidios por arma de fuego. Mientras que el rubro sin datos bajó un máximo de tres puntos durante el periodo, el rubro de arma de fuego llegó a crecer hasta nueve puntos. Además, desde 2009 los homicidios sin datos se mantuvieron en una banda de fluctuación que no rebasó un homicidio por cada cien mil habitantes mientras que las tasas por arma de fuego fueron mucho mayores y tuvieron fluctuaciones significativas.
Nuestra interpretación sobre la información relacionada con registros de tipos de homicidios es que la mejora de clasificación puede explicar sólo parte del incremento de la cifra de homicidios cometidos por armas de fuego y que entonces, la tesis de Benítez Manaut podría estar explicando el resto del incremento.
Recientemente, en el marco de la discusión sobre la Agenda post 2015 para el Desarrollo, México reafirmó su compromiso de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) seleccionados en un voto de la Asamblea General de la ONU, entre los cuales se incluyó uno relativo a justicia. Específicamente, elobjetivo 16 busca “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
La Comisión de estadística de la ONU ha avanzado la idea de que la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes debe ser considerada como un indicador para medir los avances de este Objetivo 16. Estamos de acuerdo. Sin embargo, estimamos que la proporción de homicidios cometidos por arma de fuego debe ser considerada como un indicador complementario al de las tasas de homicidio dentro del grupo de indicadores nacionales.
Para el caso mexicano, nos parece importante estudiar la forma en la que se cometen los homicidios, porque nos da más información sobre el tipo y magnitud de la violencia, la cual es necesaria para el diseño y creación de políticas públicas que tengan como objetivo reducir estos delitos. No merece la misma intervención institucional una localidad en la que domina el homicidio por arma blanca, por ejemplo, machetes, que una localidad en la que prevalecen los homicidios con armas de fuego, AK47.
La discusión sobre los patrones y causas del uso de armas de fuego en la comisión de homicidios nos deja dos lecciones de política pública adicionales. Primero, debemos dar seguimiento a la calidad de los registros de clasificación de homicidios y, en segundo lugar, es necesario monitorear estas tasas a lo largo del tiempo, pues indican un tipo de violencia que quizás genere un mayor impacto social.
* Layda Negrete es Coordinadora del programa de calidad de la justicia de México Evalúa, Leslie Solís es Investigadora del mismo proyecto, y Rolando Ochoa es Post Doctoral Fellow en la School of Sociology del ANU College of Arts and Social Sciences.
[1] Raúl Benítez Manaut, “La crisis de seguridad en México”, Nueva Sociedad, vol. 220 (2009), 173-189.
