Por Luis Rubio (@lrubiof) | Reforma

El propósito es evidente. La pregunta es si cuadra con las necesidades de la ciudadanía, que, claramente, no son las de quienes redactaron la iniciativa de ley. La “iniciativa en materia administrativa del ejecutivo federal” es el sueño de cualquier burócrata: el gobierno decide qué se hace, cómo se paga, quién se beneficia y, si no le gusta lo que ve en el camino, puede suspender la adquisición o contrato sin indemnización. Nunca, en las décadas que he observado el proceder de los políticos mexicano, he visto algo tan perverso y sesgado como esto.

La iniciativa de ley tiene por evidente propósito quitarle toda latitud y libertad de acción al próximo gobierno: perseverar en el paraíso que hoy caracteriza al país, asegurando que la economía se mantenga en recesión, el ingreso no se incremente y el país siga respondiendo a las obsesiones de una sola persona.

La iniciativa presenta un conjunto de objetivos que, en términos retóricos, aparecen como sensatos, pero que en realidad ocultan su megalomanía: el propósito nominal es fortalecer la rectoría del Estado en la economía. Los cambios que propone se refieren a las facultades del gobierno en materia de concesiones, permisos, autorizaciones y licencias; modificación (disminución) de las potenciales indemnizaciones en el caso de expropiación; eliminación del resarcimiento de daños o perjuicios cuando se revoque un contrato; e incorporación de una cláusula de terminación anticipada (cláusula exorbitante) en todos los contratos. En el camino se deroga la preeminencia que en la actualidad se le otorga a los tratados internacionales y convenios arbitrales. En una palabra, le confiere plenas facultades al gobierno para conducir los asuntos públicos sin limitación alguna.

Se trata de un virtual sabadazo, presentado justo al inicio de semana santa, orientado a alterar el marco normativo de manera radical. De aprobarse esta legislación, desaparecería toda inversión privada pues dejaría de haber protección jurídica. A menos que la iniciativa fuese eventualmente declarada anticonstitucional por la Suprema Corte, la nueva legislación acabaría con la única fuente de inversión que ha prosperado en los últimos cuatro años: la que ingresa bajo la protección de los tratados comerciales vigentes, incluido el más importante, aprobado ya en este gobierno, el TMEC.

El objetivo expreso no es el de acabar con la inversión privada, sino sujetarla a las preferencias del gobierno en turno. Muy al estilo de la 4T, el propósito es que quien invierta le deba el favor al gobierno el cual preserva la facultad legal de quitarle la autorización cuando así lo decida. Esto es exactamente lo opuesto a lo que se había venido construyendo en las décadas pasadas, cuando el objetivo era consolidar, y darle credibilidad, a reglas generales que se aplicaban de manera neutral e imparcial. Como hemos visto en estos años en que el gobierno ha ido negociando (o intentando negociar) acuerdos particulares con cada empresa, especialmente en el ámbito eléctrico, el objetivo es extender esta práctica al conjunto de la economía, confiriéndole un halo de legitimidad jurídica. El caso de Iberdrola es ejemplificativo: dado que la empresa no estuvo dispuesta a negociar en los términos gubernamentales, acabó vendiendo sus activos. Parece obvio que el gobierno tuvo una victoria política, en tanto que México y los mexicanos empobrecieron en el camino.

Cuando una entidad gubernamental no puede, o preferiría no realizar adecuadamente su función principal, o cuando siente que su función principal no es lo suficientemente grandiosa, ésta ampliará su misión, distrayendo así la atención de la incompetencia que le caracteriza.

Lo que los redactores de la iniciativa no entienden, o no reconocen, es que los empresarios e inversionistas, de cualquier nacionalidad, tienen el mundo como espacio para su desarrollo. Ciertamente, la vecindad con Estados Unidos ofrece un aliciente excepcional que ha servido de protección frente al embate que ha emprendido este gobierno; sin embargo, eso ha funcionado (muy por debajo de su potencial) bajo el marco normativo existente. De modificarse el contexto legal como propone esta iniciativa, la situación sería otra, muy distinta.

Un viejo axioma dice que “Cuando una entidad gubernamental no puede, o preferiría no realizar adecuadamente su función principal, o cuando siente que su función principal no es lo suficientemente grandiosa, ésta ampliará su misión, distrayendo así la atención de la incompetencia que le caracteriza.” Eso es lo que se propone lograr esta iniciativa: avanzar lo mediocre de la realidad actual para congelarlo en el tiempo y hacer imposible el desarrollo y la prosperidad del país.

Cada uno juzgará lo deseable de esta iniciativa, pero las consecuencias serían inexorables porque, además de dañar la credibilidad general del gobierno y del sistema normativo, se constituiría en una camisa de fuerza para la próxima administración, incluso si ésta es de Morena.

Hasta hoy, lo peor del actual gobierno ha sido la falta de resultados en materia de crecimiento económico, del empleo y del ingreso (como se puede apreciar en la creciente emigración hacia EUA). Es decir, no ha habido una crisis significativa. De convertirse en ley, esta iniciativa cambiaría la realidad, haciendo mucho más probable un acusado empobrecimiento de la población.

Como dijo el gran novelista Roberto Louis Stevenson, “tarde o temprano todo mundo se sienta en el banquete de las consecuencias.” Vamos corriendo hacia allá.