A auditoría, la prevención del delito de Segob
La Auditoría Superior de la Federación confirmó que no es posible saber los resultados que está dando el subsidio que el Gobierno Federal entrega en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a todas las entidades (Pronapred), como lo detectó México Evalúa detectó desde su arranque. Ello no impidió que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Gobernación atribuyeran al Programa la reducción de ciertos delitos como el homicidio.
Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian)
¿Cómo van los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación (Segob) para la prevención del delito ? En la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa el desempeño del subsidio Pronapred y de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (CIPSVD) y mostró un panorama poco prometedor: mecanismos de evaluación insuficientes, recursos que llegan tarde a las entidades, una entidad que manejó irregularmente este dinero y programas que se presumen como de prevención sin serlo.
Empecemos por los mecanismos de evaluación insuficientes: ¿qué resultados está dando el subsidio que el Gobierno Federal entrega en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a todas las entidades (Pronapred)? Para mayor sorpresa de unos que de otros, la ASF confirmó que no es posible saberlo. Y aunque México Evalúa detectó esta falla desde su arranque, no impidió que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Gobernación atribuyeran al Programa la reducción de ciertos delitos como el homicidio.
La ASF detectó que “los lineamientos analizados consideraron como mecanismo de evaluación una revisión trimestral (…), elemento que resulta insuficiente para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas, dado que la asignación presupuestal no garantiza el cumplimiento de objetivos y metas, por lo que se observa que el diseño requiere de mayores elementos para realizar una adecuada evaluación (…)”.
En este sentido, en México Evalúa hemos señalado que una cosa es saber si determinada intervención se realizó y otra, si ésta cumplió con su objetivo de, por ejemplo, fortalecer cierta habilidad en mujeres beneficiarias de acuerdo a los objetivos de esta política pública. Es decir, uno no se cura sólo por asistir a todas las consultas con el médico. Y aunque para la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana esta tema quedó solventado al incluir en los lineamientos de 2015 y 2016 una Matriz de Indicadores de Resultados para la evaluación de los mismos, a bote pronto es cuestionable la idoneidad de observar la tasa de delitos federales para valorar el objetivo de “Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante la organización y participación de la ciudadanía”. ¿Cómo exactamente podrían éstas impactar en delitos electorales, cometidos por servidores públicos o los de derechos de autor?
Ahora, respecto a la temporalidad de la entrega del subsidio a las entidades, la ASF reportó que en 2014 Segob incumplió en los tiempos de otorgamiento de los recursos. Los estados “tuvieron en promedio cinco meses para devengar los recursos provenientes de la primera ministración (correspondiente al 70 por ciento del monto total)”, mientras que para la segunda, tuvieron dos. Esto puede afectar no solamente el cumplimiento de los tiempos previstos para la implementación de las acciones y con ello la continuidad de las mismas, sino la sustentabilidad financiera de las organizaciones no gubernamentales y empresas que implementan acciones del Pronapred, que pueden acabar absorbiendo costos si sus pagos se retrasan. El subsidio llegó tarde a las entidades.
Mención aparte mereció Veracruz, quien no recibió la segunda ministración ese año debido a “inconsistencias en el manejo de los recursos (del Pronapred)”. Aunque no se presentan más detalles al respecto, sabemos que los lineamientos condicionan la entrega de la segunda ministración a las entidades al hecho de que éstas comprueben haber comprometido al menos la mitad de la primera en acciones del Pronapred. El gobierno de Javier Duarte debe una explicación casi dos años después: ¿cuál fue la irregularidad en el manejo de los casi 53 millones de pesos de la primera administración y quién fue sancionado por ello?
La Auditoría también se refirió a los programas que no son de prevención aunque se presumen como tal. En particular, mencionó la CIPSVD, que integran nueve dependencias encabezadas por Segob: Secretaría de Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Salud, Trabajo y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
El Presupuesto de Egresos de la Federación colocó en 2014 un total de 130 mil millones de pesos en un Anexo denominado “Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”, que varias veces se intentó hacer pasar esta cifra como el peso de la prevención del delito en el presupuesto federal. Sin embargo, como ya señalamos en este espacio, este cálculo incluye programas de la SEDENA, la Marina-Armada de México y la Gendarmería Nacional, por lo que no está exclusivamente apegado a atender las causas del delito y la violencia, como lo debería hacer esta política pública, de acuerdo con su propia definición de la prevención social del delito y la violencia. Esto, pese a que Hacienda es integrante de la propia Comisión Intersecretarial, por lo que se esperaría que estuviera familiarizada con la definición que es la base del PNPSVD. Así, la ASF concluyó que “en el Anexo 18 se identificó que el 57.1 por ciento (48) de los 84 programas presupuestarios no tiene relación con las acciones previstas en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018”.
La Auditoría fue aún más específica y se refirió también a la vinculación entre los programas presupuestarios coordinados por la Comisión Intersecretarial y las líneas de acción del PNPSVD, al encontrar que sólo en 13 por ciento de ellos (17) existe tal conexión y no así para los 117 restantes.
Por último –ya fuera de la fiscalización de la ASF– no podemos dejar pasar esta oportunidad para hacer notar que en los lineamientos del Pronapred para el año en curso desapareció el mandato de conformar un Gabinete Municipal de prevención en las demarcaciones donde se aplican estos recursos. ¿Borramos de un plumazo el papel de las autoridades y dependencias municipales de la ecuación de la prevención del delito en sus territorios? O como diría Maru Suárez de Garay, ¿Mando Único en prevención del delito?
*Lilian Chapa Koloffon es Investigadora del Programa de Seguridad de@mexevalua
