Edna Jaime (@EdnaJaime) / El Universal 

El objetivo 16 de los recientemente aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU plantean aspiraciones que estoy segura los mexicanos abrazamos: “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. Nuestro foco como nación, ahora que la violencia arrecia, debe ser ese. Encontrar mecanismos no sólo de contención de la violencia sino de pacificación, reconciliación y oportunidades para todos.

Cuando nuestro lenguaje y nuestra aproximación a los problemas de nuestro entorno debiera orientarse por esos principios y objetivos, nos llega la iniciativa del senador Preciado de modificar el artículo 10 constitucional para permitir la portación de armas de fuego por particulares. Su propuesta la sustenta en un argumento de legítima defensa: si el Estado no provee seguridad ni justicia, que los particulares se la provean de propia mano.

En nuestro estado de indefensión, las salidas falsas pueden generar adeptos, simpatías y hasta votos. Y al legislador nuevos bríos después de su frustrada intentona de erigirse como gobernador de su estado natal. Pero también lo coloca en la categoría de políticos que no miden las consecuencias de sus posturas, de los mismos que han promovido el populismo penal, la cadena perpetua, la pena de muerte, arreciando el encono social, el ánimo de venganza, en lugar de la promoción de una agenda de fortalecimiento de la justicia.

El legislador tiene un punto irrebatible cuando reconoce la incapacidad del Estado mexicano de proveer niveles aceptables de seguridad a los ciudadanos. Como legislador, como representante popular, debe sentirse implicado en esta responsabilidad que es primaria, insustituible, fundamental. Su propuesta es también un manifiesto de imposibilidad y hasta de claudicación. Si el Estado no puede, háganlo ustedes. Debe ser su derecho. De ahí la enmienda constitucional propuesta. Lo que sigue es la legitimación de guardias privadas, de justicia por propia mano.

Lo que quizá el legislador no sepa es que México es un país armado, en el que la posesión de armas de fuego se ha democratizado y éste puede ser un factor que explica un incremento del crimen y violencia, y no de disuasión de la misma como él argumenta. De acuerdo con la Encuesta de las Pequeñas Armas, programa a cargo del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en 2011 México ocupó el lugar 42 del mundo de mayor número de armas por cada 100 mil habitantes. En números totales, se estimó que 15.5 millones de armas de fuego estaban en manos de la población civil. Y la situación parece que se agrava. El número de hogares que compraron armas por miedo a la inseguridad pasó de 146 mil en 2010 a 232 mil en 2015 (un aumento de casi 60% en 5 años), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el Inegi.

En estos mismos años los homicidios perpetrados con armas de fuego se ha incrementado como proporción del total. En 2015, 43 mexicanos en promedio fueron asesinados diariamente por un arma. En un contexto como el nuestro de alta conflictividad social, de resquebrajamiento del tejido social, de total impunidad y de ausencia de mecanismos para procesar conflictos, la portación de armas es una invitación a la violencia. Pregunte, senador, a los encargados de la seguridad pública de distintas entidades por qué implementan políticas de desarme con tanto afán. Porque una riña callejera de poca monta acaba con muertos.

México necesita de paz, de reconciliación, de mecanismos que nos unan y no nos separen más. Necesitamos instituciones de justicia renovadas, de procesos civilizatorios y no lo contrario. Creo, senador Preciado, que en su fuero interno, usted coincide.