Hace tan sólo algunos años, nuestra mirada al fenómeno del crimen y la violencia era distinta, dicotómica, dividida entre buenos y malos, con el consecuente despliegue de una estrategia de combate, casi de exterminio. No alcanzábamos a comprender que los criminales, hasta los más sanguinarios, se habían hecho entre nosotros, en nuestras casas y comunidades.

Entender la violencia de esta manera implica que puede tratarse por medios distintos a la fuerza, que puede atenuarse o prevenirse con políticas públicas bien definidas. Esto que es casi nuevo en el país, lleva años desarrollándose en otras naciones con buenos resultados. Hacia allá nos estábamos encaminando.

El nombramiento de Arturo Escobar nos manda, de súbito, un cambio de señales. Ni la convicción en la prevención era profunda ni se considera realmente un pilar de la política de seguridad. Los responsables del nombramiento quizá la vean como plataforma para placear a futuros candidatos o como una bolsa apetecible de recursos para favorecer a políticos aliados y ganar votos. Al parecer desprecian un fruto todavía más redituable: los efectos de una política pública exitosa en un país que ha sido azotado por la violencia. Parece que prefieren apostar a construir clientelas y apoyos comprados, que a la aprobación que deviene en apoyo electoral cuando el trabajo ha sido bien realizado.

No conozco personalmente a Arturo Escobar, pero hay datos de su biografía que no pasan desapercibidos: su apoyo a la pena de muerte y a la cadena perpetua lo presentan como persona no apta para presidir la política de prevención en el país. No hay manera de conciliar su postura hiperpunitiva con la responsabilidad que acaba de recibir. Porque debe saber el nuevo titular de la Subsecretaría que las campañas de su partido han alimentado un sentimiento de odio y de venganza muy contrario a la construcción de entornos de paz y de diálogo, que son objetivo central de la política que ahora encabeza. Y porque comportamientos electorales como el de su instituto político, que juegan con la norma electoral a contentillo, debilita la cultura de la legalidad en el país, aspecto que también debería promoverse desde su despacho.

La reacción al nombramiento de Arturo Escobar quizá no fue anticipada. Pero como lo he dicho, la política de prevención ya tiene su anclaje. El secretario de Gobernación ofreció dar un paso en la institucionalización de esta política para que, irónicamente, no lo pase en el futuro lo que acaba de sucederle hoy, que lo tomen como botín político. La institucionalización de la política implica transparencia en los criterios de selección de las demarcaciones y población beneficiada; total transparencia en la asignación de recursos; rendición de cuentas continua, lo que implica evaluaciones objetivas sobre sus resultados; un proceso de aprendizaje y corrección permanentes. Añadiría, también, perfiles para los principales cargos dentro de la Subsecretaría.

La política contra la pobreza logró en buena medida institucionalizarse cuando se creó el Coneval y se llegó a un acuerdo en el método para medir la pobreza, como parámetro de evaluación de dicha política. Algo así le vendría bien a nuestra política de prevención.

Además de contener los golpes y esperar que la crítica amaine, el nuevo subsecretario debería estar pensando en cómo ganarse el puesto que le llegó como un “premio”.

Diálogo o ruptura

Una lluvia de tuits me conmina a romper el diálogo con el nuevo subsecretario de Prevención, a raíz de un buen artículo de Genaro Lozano que hace alusión a mi persona. Las interacciones que México Evalúa ha sostenido con la Subsecretaría se refieren al trabajo de evaluación que la institución realiza de manera independiente, con recursos de donantes diversos, ninguno gubernamental. México Evalúa está inmerso en un trabajo de evaluación cualitativa del Pronapred que necesariamente implica diálogo con las contrapartes tanto federal como locales. Romper con este vínculo implica detener la evaluación de este programa en el momento que más lo necesita.