Edna Jaime

Los mexicanos no confiamos en la justicia. Quizás el reflejo más contundente de esta afirmación es que no acudamos a ella cuando hemos sido agredidos por algún delito. Más de 90% de éstos queda sin denuncia, reflejo de la baja expectativa que se tiene de las instituciones de justicia en el país. Más grave: en un ambiente de desconfianza, no se dan las condiciones básicas para el cumplimiento voluntario de la ley. Se cierra así un círculo dañino para todos. No confiamos, no obedecemos.

El que la desconfianza impere no es noticia. Lo palpamos en nuestras interacciones cotidianas con la autoridad, lo resentimos incluso en la convivencia con nuestros pares. Lo que debería llamar nuestra atención es que la desconfianza puede atenderse. No es una condición inamovible, ni tiene por qué ser permanente. En las circunstancias actuales debería concebirse como un problema público de la mayor importancia y debiera ser atendido como tal, con instrumentos de política pública.

En México Evalúa estudiamos y medimos la confianza en las instituciones de justicia porque consideramos que es un indicador que sintetiza mucha información. En primer término, la experiencia del ciudadano cuando entra en contacto con la autoridad. A partir de ahí, el indicador sirve para evaluar la cadena de gestión y desempeño que le antecede. Quienes menosprecian un dato de este tipo no comprenden la naturaleza de su función. Así como menosprecian el indicador, ningunean a las personas a las que deben servir. Por eso hay muchos más mexicanos que dicen no confiar nada en estas instituciones que las que opinan que sí merecen su aprecio.

La pregunta es cómo trabajar con la confianza, cómo entendemos mejor cuáles son los elementos que la construyen. Cómo dejamos de referirnos al concepto en términos abstractos para aterrizarlo en políticas concretas.

Como primer ejercicio valdría la pena mirar lo que tenemos aquí adentro. En el mismo territorio contamos con entidades en las que los ciudadanos valoran bien sus instituciones de justicia (Yucatán, por ejemplo). Otros donde las repudian (Distrito Federal). Los datos son de la Encuesta  Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que administra el Inegi desde 2010. También tenemos casos en los que la confianza ha evolucionado de manera positiva de la mano de esfuerzos institucionales de relevancia. Chihuahua y Nuevo León son un par de ellos.

La buena noticia es que la confianza se puede ganar o recuperar en lapsos cortos. No es una entelequia que responda a variables indescifrables. Es posible que cambios pequeños puedan tener un gran efecto. Lo que no puede faltar es la disposición de las autoridades, de los operadores de este sistema, a trabajar en favor de la confianza. Que se conciba como un eje rector de su actividad y también de las reformas necesarias.

En la investigación que el equipo de justicia de México Evalúa conduce hay hallazgos que, aunque preeliminares, dan pautas para formular esta política pública que nos hace falta. Por ejemplo, encontramos evidencia de que el primer contacto con la autoridad, que suele ser el policía preventivo, puede sellar la imagen que se tiene sobre el resto del sistema. Si este primer contacto es desafortunado, la calificación será negativa para toda la cadena.

La oportunidad que ofrece este indicio es enorme: si se logra que ese primer contacto sea positivo podemos tener un vuelco en la apreciación del sistema de justicia en su conjunto. La implicación de política pública es clara: infundamos en los elementos de seguridad una vocación de servicio, de trato amable, de empatía, sin demérito, por supuesto, de su capacidad de reacción cuando las circunstancias lo ameriten. Premiemos por ello.

Esta misma idea sirve para el Ministerio Público, hoy instancia que revictimiza a quienes se animan a denunciar un delito. Por eso más de 90% prefiere guardarse el agravio, antes que transitar por el proceso de una denuncia formal. ¿Qué pasaría, si en lugar de un suplicio, el usuario encontrara instalaciones dignas, tiempos de espera cortos, profesionales a cargo de levantar la querella? Seguramente una apreciación muy distinta de su desempeño, incluso si el crimen no se esclareciera o el daño no fuera reparado. Una política explícita de atención a víctimas podría hacer una gran diferencia.

Nuestras autoridades deben dejar de rasgarse las vestiduras cuando se refieren al problema de desconfianza que existe en el país. Con un poquito de ganas se pueden hacer muchas cosas con repercusiones inmediatas. Los cambios institucionales profundos no pueden ser soslayados. Pero no tenemos que esperar esa gran transición institucional para comenzar a tratar mejor a los ciudadanos, sobre todo a quienes han sido lastimados por un crimen.