Para cantar “misión cumplida”
No nos hagamos bolas, el gran problema de México es de legalidad y de justicia. Infringir la ley en este país sale muy barato. Lo mismo matar, que robar del erario o traficar con influencias. Eso sí, la justicia suele ser implacable con el enemigo político o los pobres, quienes no tienen recursos para sesgar los procesos a su favor. ¿Hay solución? Sí. Lo primero es reconocer que el agua nos llegó a los aparejos y que sostener el statu quo tiene enorme costo para todos.
Comenzando por el propio gobierno federal cuyo proyecto transformador, con todos sus méritos, ha sido eclipsado por la secuencia de eventos que nos han mostrado encuerados ante el mundo: en México no se hace justicia.
Por nuestra historia, solemos pensar que si el Presidente quiere, todo lo demás se dará por consecuencia. También, se ha planteado que desde el vértice del poder político se puede convocar a un pacto en favor de la legalidad y la justicia que propicie la alineación de voluntades a favor de ese cambio que está pendiente. La realidad, sin embargo, es bastante más complicada que eso, sobre todo, desde que cayó la presidencia imperial. No obstante, también, es cierto que sin convencimiento y liderazgo de actores relevantes, del Presidente mismo, cualquier reforma puede fracasar.
Ése es el riesgo con dos reformas en marcha que resultan cruciales para afianzar nuestro Estado de derecho: la reforma penal y la reforma en materia anticorrupción. Los próximos meses serán definitivos para saber si estas reformas harán mella o si resultarán en un gran ejercicio de simulación.
Respecto a la reforma de la justicia penal, los tiempos se agotan para implementarla en todo el país. En junio del 2016 se vence el plazo que el legislativo obsequió para que las instituciones de la justicia penal y sus operadores se ajusten a los principios y a la operación a los que la reforma obliga. Ocho años para hacerlo y el rezago sigue siendo enorme. Llegar a la meta será una hazaña.
Se dice, con verdad, que esta reforma nació sin padrino dentro del aparato gubernamental. El presidente Calderón la aprobó sin entusiasmo y su impulso a la misma fue débil. No empeñó talento, capital político o recursos suficientes para convencer a gobernadores y otros poderes a adoptarla con decisión. Tampoco predicó con el ejemplo. A nivel federal, la reforma avanzó de manera muy lenta y esto mandó un mensaje al resto: esta reforma no es importante. En cambio, las resistencias a la misma han sido imponentes y si avanza es por el soporte de la sociedad civil y algunos servidores públicos que se la juegan por ella.
Este gobierno cachó esta reforma de una manera que considero es superficial. Existe una preocupación centrada en el cumplimiento de la fecha fatal para su culminación, pero no necesariamente por sus resultados. Parece que no es muy claro cuál es la promesa que esta reforma alberga, y puede ser tan grande como la de profesionalizar las distintas instancias del sistema de justicia penal y elevar la calidad de justicia para todos. Es una reforma transformadora, con un respaldo tibio que en nada se compara con el empujón que se dio a las reformas estructurales de inicio de sexenio.
La reforma anticorrupción está apenas en ciernes. Se está pareciendo a la de justicia en su orfandad. Parece que habita un limbo de la que algunos políticos no la quieren sacar. Tenemos tan sólo cuatro meses para construir el andamiaje legal que de vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Esto consiste en la redacción de dos leyes generales (la de Responsabilidades y la del propio SNA) y la modificación de más de 23 ordenamiento secundarios. Los partidos han presentado algunas propuestas para leyes generales, pero no se ha iniciado el trabajo legislativo en forma. No corre prisa, aunque el reloj esté en cuenta regresiva. Se perfila un abandono por parte del ejecutivo a una reforma constitucional que se anunció con pirotecnia. Y como nunca, la sociedad civil se tiene que ver audaz para llevar lo más lejos posible una reforma de control de poder que es a la vez una reforma de justicia. Una reforma que logre lo que no han podido otras: disuadir actos de corrupción y sancionarlos ejemplarmente.
Es cierto, la voluntad del Presidente ya no transforma realidades. Pero cómo ayudaría su liderazgo en estos temas que tienen el potencial de cambiar al país. El Estado de derecho, que con insistencia se pregona, no se va construir por el solo hecho de mentarlo. Son reformas en puntos nodales los que lo irán afianzándolo en ejercicios de aproximaciones sucesivas. Señor Presidente lo necesitamos para que estos procesos lleguen a buen puerto y para que usted pueda cantar “misión cumplida”.