Trump 2026: dos escenarios para la seguridad pública en México
Estar en la lista negra de Donald Trump es una vulnerabilidad real. En México, una de las áreas más expuestas a su poder es la seguridad pública. Pero esto es una oportunidad.
Por Armando Vargas (@BaVargash) | Programa de Seguridad
Publicado en: Expansión
El mensaje que deja la caída de Nicolás Maduro bajo la presión directa de la Casa Blanca es contundente: estar en la lista negra de Donald Trump implica vulnerabilidad real. No es un gesto retórico ni una advertencia simbólica; es una señal de poder. Sus efectos no se limitan a Venezuela. Alcanzan a todos los países públicamente señalados por el presidente estadounidense y condicionan, de forma creciente, la definición de sus agendas de gobierno.
En el caso de México, una de las áreas más expuestas a este nuevo embate del imperialismo estadounidense —llamémosle así, a falta de un mejor término— es la seguridad pública. En ese terreno, el país parece encaminarse hacia solo dos salidas: profundizar el modelo actual sin transformarlo, o ensayar una ruptura que, aunque incierta, abre una ventana de oportunidad.
Profundización sin transformación
La estrategia de seguridad pública de Claudia Sheinbaum se ha definido por un combate frontal al crimen organizado, con la inteligencia como eje articulador. Los resultados, al menos en términos de volumen, son inéditos en lo que va del siglo XXI: en los primeros 13 meses de la actual administración se registraron más de 37 mil detenciones por delitos de alto impacto y el aseguramiento de casi 300 toneladas de droga, entre ellas más de cuatro millones de pastillas de fentanilo. Sin embargo, el viraje respecto al primer piso de la llamada Cuarta Transformación ha sido, sobre todo, una decisión política, más que una apuesta de fondo por el interés social o la reconstrucción institucional. Y en ese giro, Donald Trump ha sido un factor clave.
Con esta estrategia y sus resultados, Claudia Sheinbaum ha contenido discursivamente a los grupos opositores dentro del país, al tiempo que le ofrece argumentos para neutralizar, mes a mes, las amenazas arancelarias provenientes de Washington.
Desde esta lógica, el primer escenario es claro: el Gobierno de México profundizará la receta sin promover cambios estructurales en el sistema de seguridad pública. No habrá una política criminal de Estado, ni una estrategia robusta de prevención integral, ni una reforma policial de alcance local. Lo que sí habrá es más operativos, más detenciones y más decomisos, como mecanismo de contención externa y de preservación de los equilibrios internos del oficialismo frente a cualquier tentación intervencionista.
Las consecuencias de esta ruta, sin embargo, ya son conocidas: mayor fragmentación criminal con potenciales incrementos de violencia, una hiperfocalización operativa que deja amplios territorios desprotegidos y una creciente saturación del sistema de justicia penal que termina alimentando la impunidad. Todo indica que, hoy por hoy, éste es el camino más probable, a juzgar por las posturas recientes y los incentivos políticos dominantes.
Ruptura optimista
Este mismo embate externo —que se combina con la muy probable renegociación del T-MEC— también puede abrir una ventana distinta. Como la presión de Washington eleva los costos de la inercia política, se generan incentivos para que el Gobierno de México amplíe hacia adentro su margen de maniobra.
En ese contexto, una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil organizada, la academia y los gobiernos locales no sería una concesión ideológica, sino una estrategia de gobernabilidad. Colocar diagnósticos sólidos y propuestas de política pública en la agenda ya no sería una opción decorativa, sino una necesidad para sostener legitimidad, eficacia y credibilidad frente a socios comerciales y actores internos y conformar una amplia coalición frente a Estados Unidos.
Lo anterior posibilita colocar en la agenda los elementos que construyen seguridad de forma sostenida, más allá de las cifras que hoy presume el Gobierno federal. Hablo de medidas que reducen efectivamente la violencia letal y de alto impacto, y que hasta ahora no han sido implementadas del todo. Su aplicación disminuiría la percepción de inseguridad —y, con ello, los costos económicos y sociales que la violencia impone a hogares y empresas.
Tres medidas que contienen y reducen la violencia letal
La experiencia internacional indica que hay al menos, tres elementos relevantes que son necesarios para transitar hacia la pacificación:
El primer elemento indispensable es una política criminal de Estado: un marco claro de prioridades y responsabilidades que ordene el uso del sistema penal. Esto importa porque permite concentrar recursos en los delitos que más daño generan, coordinar instituciones y evaluar resultados por su impacto en la reducción de la violencia, no sólo por el número de detenciones.
El segundo elemento son estrategias de prevención integrales. Importan porque sin atender las causas estructurales de la violencia —exclusión, fragmentación social y captura territorial— cualquier avance operativo será temporal y fácilmente reversible.
El tercer elemento es el fortalecimiento de las policías municipales. Importa porque la seguridad se construye en lo local: sin policías dignificadas, profesionalizadas y con capacidades reales, la estrategia nacional seguirá siendo frágil y dependiente del despliegue federal.
La coyuntura está sobre la mesa. La presión externa, la renegociación del T-MEC y los límites evidentes del modelo actual abren una ventana que no durará para siempre. Convertirla en una oportunidad depende, en primer lugar, del Gobierno, pero también de la capacidad de la sociedad civil, el sector empresarial y la ciudadanía para incidir, proponer y exigir.
Si se aprovecha con inteligencia, más allá de los debates ideológicos, esta coyuntura puede permitir que Donald Trump pase de ser una amenaza real de inestabilidad a un catalizador de cambio; uno que empuje una agenda de seguridad que beneficie al conjunto del país y no solamente al grupo que hoy concentra el poder.
