Más frenos para la inversión en gasolineras, menor bienestar al consumidor

Pese al reciente episodio de desabasto de gasolina, al déficit de 12 mil estaciones de servicio y al huachicol, una jurisprudencia de la SCJN dificultaría aún más la apertura de nuevas gasolineras.

Por Ana Lilia Moreno (@analiliamoreno) | Programa de Regulación y Competencia
Publicado en: El Sol de México

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció recientemente problemas de abasto de gasolina en varias regiones del país. Los atribuyó a retrasos logísticos de Pemex que ya se habían resuelto. Detrás de esa coyuntura se esconde, sin embargo, un problema estructural mucho más serio: México opera con un déficit cercano a 12 mil estaciones de servicio, según cálculos de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Y lejos de facilitar la inversión para ampliar la oferta, una jurisprudencia publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 8 de agosto, ha abierto la puerta a nuevas restricciones.

El criterio de la Corte avala que gobiernos estatales y municipales impongan distancias mínimas entre gasolineras bajo criterios de protección civil y planeación urbana. En teoría, se trata de prevenir riesgos. En la práctica, puede convertirse en una barrera económica que desincentive la inversión en un sector donde la cobertura es insuficiente y la competencia limitada.

Uno de cada cuatro vehículos con gasolina robada

Hoy en México no siempre es sencillo encontrar una gasolinera. En muchos corredores carreteros y zonas urbanas, los automovilistas y transportistas deben recorrer largos trayectos para recargar combustible, cuestión que eleva sus costos y complica sus operaciones. Esa escasez también abre espacio a la corrupción y a la expansión del mercado ilegal de combustibles, conocido como huachicol. Según estimaciones del Financial Times, entre el 16 % y el 27 % del consumo en los últimos cinco años provino de fuentes ilícitas, lo que equivale a uno de cada cuatro vehículos circulando con gasolina robada.

Es en este desequilibrio donde la decisión de la Corte cobra especial relevancia. El caso que dio origen al criterio ocurrió en Playa del Carmen, donde una gasolinera buscó impedir la apertura de otra con el argumento de que un reglamento local exigía 500 metros de separación. En un primer momento, la Corte emitió una sentencia que declaró inconstitucional dicha norma, pues invadía la competencia federal en materia de hidrocarburos.

Por ello, instruía a las autoridades a aplicar desde la federación la NOM-005-ASEA-2016 por medio de la Agencia de Seguridad, Energía y  Ambiente (ASEA). Esa norma reconoce que, si las condiciones de seguridad lo permiten —tras estudios técnicos de riesgo—, es posible instalar estaciones a menos de 500 metros, como ocurre comúnmente en muchos países donde hay gasolineras en ambos lados de una carretera.

Una resolución que abre la puerta a la discrecionalidad

Sin embargo, con esta nueva jurisprudencia el panorama cambia: ahora se reconoce la facultad de estados y municipios para imponer distancias bajo otros criterios. La resolución reabre la puerta a regulaciones discrecionales que pueden frenar proyectos de inversión desde lo local. Así, mientras el mercado formal enfrenta más obstáculos para crecer, el mercado ilegal seguirá operando sin distancias, sin controles y con precios más bajos, aunque, paradójicamente, con graves riesgos para la población. Justo lo que quiere evitar la jurisprudencia…

El precedente preocupa porque coloca al país en una posición competitiva más lejana de las mejores prácticas para alcanzar mayores niveles de desarrollo. México necesita reglas que protejan la seguridad de las comunidades, pero también que fomenten la competencia e inversiones de calidad que brinden a la economía productos y servicios asequibles y seguros. }

En vez de distancias rígidas que perpetúan la escasez e incentivan los mercados negros, la apuesta debería ser por normas técnicas y estudios de riesgo en armonía con los principios de competencia económica que amplíen la oferta y garanticen los derechos del consumidor.