La posible desaparición del INAI amenaza nuestro derecho a saber los actos del gobierno. Las consecuencias afectarán el cumplimiento de otros derechos.

Mariana Campos (@mariana_c_v) | El Universal

Con la posible desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), nuestro derecho a saber los actos del gobierno está amenazado. El impacto de su extinción tendrá además repercusiones negativas en el cumplimiento de otros derechos, como el de la salud. Gracias al INAI las personas acceden a su expediente y pueden usarlo para pedir más opiniones y opciones de tratamiento, por ejemplo. Diversas garantías individuales están en gran parte condicionadas al acceso efectivo de las personas a la información pública gubernamental y la protección de los datos personales. Te explico por qué y qué se puede hacer para controlar este grave daño.

¿Limitar nuestro derecho a saber?

Actualmente, los ciudadanos saben que pueden acceder a la información pública en manos del gobierno. Las cifras lo demuestran: la demanda promedio de solicitudes de información aumentó en más de 300% desde la autonomía del INAI. En el periodo 2003-2014, las solicitudes anuales promediaron 78 mil; pero la cifra pasó a 249 mil en el periodo 2015-2023.

Ante esto, la propuesta de transferir las funciones del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno recientemente anunciada, limitará nuestro derecho a saber. Este organismo no cuenta ni podrá contar con las facultades que actualmente tiene el Instituto y que son indispensables para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT). 

Este Sistema Nacional de Transparencia es el espacio para construir una política pública de visión nacional integral, ordenada y articulada. Con el liderazgo del INAI, se ha dado cauce a una ciudadanía activa y vigilante que poco a poco se adueña de sus derechos y que busca un buen gobierno y una democracia más vigorosa.

Democracia es acceder a la información pública 

Hace unos días, Daron Acemoglu y James A. Robinson recibieron el Premio Nobel de Economía. Su trabajo nos recuerda que las instituciones democráticas, que permiten el cumplimiento de los derechos para todas y todos —como el SNT y el INAI— son pieza clave para el desarrollo. Tampoco pasan inadvertidas diversas resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido de garantizar y proteger el derecho de acceso a la información pública.

En el primer caso, la Asamblea General aprobó en octubre de 2020 la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública, la cual contempla la existencia del órgano garante autónomo e independiente. En el segundo caso, la CIDH expresó que los sistemas que cuentan con un agencia autónoma y especializada se encuentran en una mejor posición para garantizar la implementación y supervisión adecuada de las normas en esta materia de acceso.

Consecuencias de perder el acceso a la información

El andamiaje jurídico del sistema permite al INAI exigir a otros poderes de la Unión o entes públicos, como al Poder Judicial, estados de la República o a los partidos políticos, que cumplan con sus obligaciones de transparencia. Será vital que la reforma considere un andamiaje similar para atraer casos en los que gobiernos estatales nieguen la información a los ciudadanos. De lo contrario se abrirá una nueva desigualdad entre ciudadanos que dependerá en gran medida del lugar en el que residan: algunos vivirán en estados donde sí les cumplan sus autoridades y otros  en estados con gobiernos opacos.

Además, la carencia de un servicio profesional de carrera robusto en la Administración Pública Federal (APF) hará que la nueva Secretaría responda a la presidencia en turno. Es decir, cada sexenio perderá funcionarios, por lo que será imposible acumular la experiencia y pericia necesarias para tutelar nuestro derecho de acceso a la información. 

Obviamente la información sensible o de especial interés del Estado sólo será abierta cuando así lo decida de manera unilateral el Gobierno. No como ahora, que deriva de una decisión colegiada e imparcial por especialistas en la materia respecto de asuntos de todas las instituciones gubernamentales. De esta manera, la transparencia se convertirá en una prerrogativa del régimen y no en un derecho garantizado para todas y todos.

Cifras de la transparencia por sexenios

Hoy el INAI resulta más necesario que nunca. Antes de que gozara de autonomía constitucional (entre 2003 y 2014), el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) promediaba 5.2 recursos interpuestos respecto al total de solicitudes ingresadas. Un recurso interpuesto es un mecanismo jurídico para solicitar la revisión de una decisión o resolución anterior, de modo que sea modificada, anulada o revocada.

Esta cifra disminuyó a 4.5 en el periodo de 2015 y 2018, lo que significa que el andamiaje jurídico que dio luz al INAI autónomo se tradujo en instituciones de transparencia más efectivas. Dicho de otro modo, los sujetos obligados a la transparencia fallaron menos en entregar la información a los ciudadanos la primera vez que la solicitaron. 

Sin embargo, durante el sexenio pasado, de 2019 a 2023, los recursos de revisión subieron a 5.9 promedio, aún más que durante la existencia del IFAI. Es decir, en los últimos años, las instituciones públicas lograron satisfacer en menor medida a los solicitantes de información.

Lo que se oculta detrás de esta decisión

La pérdida del INAI no tiene sentido para mejorar el cumplimiento del derecho a saber. Por el contrario, debilitar la vocación democrática de las instituciones del Estado, refleja las aspiraciones del Ejecutivo en profundizar su concentración de poder. 

Si políticamente no hay cabida para dejar la autonomía constitucional del INAI, deberán recuperarse todas las bondades del SNT en el nuevo entramado institucional. Será necesario diseñar un órgano garante que tenga la capacidad de atraer casos de otros gobiernos y poderes de la Unión, con funciones parecidas a las del Tribunal Federal Administrativo. Posiblemente debe ser organismo descentralizado, pero no sectorizado en una secretaría en particular, con una estructura profesional y capaz.