Gasto Público Justo y Eficiente: una herramienta para la igualdad
La situación fiscal de México enfrenta desafíos que comprometen su sostenibilidad y la capacidad de garantizar el financiamiento de los derechos de la población. Los ingresos actuales no son suficientes para atender las demandas y las necesidades del país, lo que ha llevado a un incremento en el endeudamiento público: los requerimientos financieros del sector público alcanzarán una cifra histórica en 2024. Además, los comparativos internacionales, incluso dentro de nuestra región, revelan los bajos niveles de recaudación tributaria en México (OCDE, 2024), lo que limita la capacidad del Estado para destinar recursos a políticas dirigidas a reducir desigualdades. Este contexto ha motivado a la Alianza por la Justicia Fiscal a presentar una serie de recomendaciones para aumentar los ingresos tributarios. Sin embargo, ampliar los ingresos del Gobierno a través de impuestos, sin que esto se acompañe de mecanismos que aseguren un mejor ejercicio de los recursos y la calidad del gasto, difícilmente alcanzará los propósitos que buscamos.
Este panorama nos ha motivado a presentar propuestas que mejoren la gobernanza del gasto para generar un marco presupuestario democrático, transparente y garante de derechos humanos. Estas incluyen la etiquetación de ingresos públicos para fines específicos, una garantía presupuestal para el sistema de salud de las personas sin seguridad social, el fortalecimiento de la regulación de las adecuaciones presupuestarias, el uso de ingresos excedentes y de deuda, así como mejorar la transparencia de los fideicomisos y aplicar la estimación de impactos presupuestales de reformas legislativas. De ser implementadas en su conjunto, estas propuestas lograrían contribuir significativamente a mejorar la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas sobre cómo se ejerce el presupuesto. A su vez, esto elevaría la calidad del gasto público y lograría materializar su potencial clave para reducir desigualdades, contribuir a garantizar derechos, incrementar el bienestar de las personas e impulsar un desarrollo sostenible.
