¿En qué afecta que los militares dirijan las secretarías estatales de seguridad?
¿Colocar más militares al frente de las secretarías de seguridad estatales ha reducido la violencia? La respuesta es no y nuestro análisis demuestra que tales nombramientos abren la puerta para procesos más profundos de militarización.
Céline González (@celinefa) y Sandra Ley (@sjleyg) | Programa de Seguridad
A lo largo de casi cuatro décadas, bajo administraciones federales de distintos partidos, se han expandido las políticas de seguridad militaristas en México. Sin embargo, la militarización en el país tiene raíces más profundas, que van más allá de las iniciativas y acciones del gobierno federal. Las autoridades subnacionales también han contribuido a la expansión del papel de las FF. AA. y es urgente dar cuenta de ello y empezar a evaluar sus consecuencias.
El reporte “La Otra Militarización. Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024”, recientemente publicado por México Evalúa, abona a dicha discusión. En este texto compartimos sus principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Lo que sabemos sobre la militarización
Militarizar significa la adopción y uso de elementos centrales del modelo militar para la atención de la seguridad interior. Esto implica el aumento en presencia, poder, presupuesto, facultades y funciones de las Fuerzas Armadas. Esto puede ocurrir ya sea de manera directa o indirecta.
La militarización directa refiere tanto al creciente despliegue territorial de militares para tareas de seguridad interna, como a su injerencia en dimensiones políticas y organizacionales más amplias. Esto abarca desde la subordinación de las fuerzas policiales a la autoridad militar y el control de tareas de orden civil, hasta la adopción de leyes que justifican la intervención militar.
La vía indirecta de la militarización se refiere a la adopción de características militares en las corporaciones policiacas. Se incluyen materiales, instrucción, organización, tácticas y operaciones militares, además del nombramiento de oficiales militares en puestos clave de las corporaciones policiales.
La expansión de la militarización no es un proceso particular del caso mexicano, sino que se observa en toda la región de América Latina y América del Norte. La creciente presencia de grupos criminales con armamentos de mayor calibre, y una opinión pública que demanda políticas de mano dura ante el mal desempeño por parte de las autoridades civiles en materia de seguridad, son solo algunos de los factores que han impulsado el llamado de militares para tareas de control y orden interno.
La evidencia comparada señala que los procesos de militarización en la región no solamente no han podido contener la violencia, sino que han contribuido a su crecimiento. Los operativos militares en contra de grupos criminales se asocian con un incremento en homicidios dolosos y feminicidios y homicidios dolosos de mujeres, así como con mayores violaciones de derechos humanos. Así lo registran tanto recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reportes de uso de tortura o de uso de armas de fuego durante arrestos.
La vía indirecta de la militarización en México
En el reporte “La Otra Militarización” examinamos los perfiles al frente de las secretarías estatales de seguridad pública en las entidades federativas del periodo 2011 a 2024 en México. La base de datos y su metodología están disponibles al público general. A continuación resumimos algunos de nuestros principales hallazgos.
Primero, nuestro reporte revela la coexistencia de una variedad de perfiles entre quienes encabezan la política de seguridad en las entidades federativas a lo largo del periodo 2011 a 2024. Como se puede observar en la Gráfica 1, al término de la administración de Felipe Calderón, se había alcanzado el porcentaje (55%) más alto de militares al frente de las secretarías de seguridad pública en los estados. Aunque esta cifra no ha alcanzado los niveles del 2011, sumando militares y marinos, observamos una tendencia a la alza en el número de integrantes de las Fuerzas Armadas a la cabeza de las instituciones estatales de seguridad en los últimos cuatro años.
Gráfica 1. Evolución de los perfiles de titulares de las secretarías estatales de seguridad, 2011-2024
Asimismo, identificamos que los secretarios provenientes de la Semar han tenido un crecimiento constante desde 2015. Esto es preocupante ante evidencia existente sobre la mayor prevalencia de violaciones de derechos humanos en los procesos de detención realizados por integrantes de la Marina. Un aspecto que vale la pena destacar es que cerca del 60% de estos nombramientos han sido realizados en estados gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Un hallazgo adicional a destacar es la alta rotación en la titularidad de las secretarías estatales de seguridad pública, o equivalentes. Como lo muestra la Gráfica 2, en promedio, solo duran un poco más de dos años. Esto tiene efectos negativos sobre los procesos organizacionales, interrumpe la estabilidad de las decisiones en materia de seguridad pública, además de sacudir los mercados criminales y retroalimentar el uso de violencia.
Gráfica 2. Años promedio en el cargo, según estado 2011-2024
Como lo referimos anteriormente, hay evidencia amplia sobre la estrecha relación entre los procesos de militarización y la expansión de la violencia por distintas vías. A partir de un análisis descriptivo, encontramos que las entidades con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidios de hombres y, de manera reciente, también en las tasas de homicidios de mujeres. Asimismo, nuestra revisión cualitativa de los casos de Sinaloa —donde han dominado secretarios de seguridad pública provenientes el Ejército— y de Colima —donde predominan nombramientos de secretarios pertenecientes a la Marina—, revelan que la llegada de FF. AA. a las instituciones de seguridad estatales abre la puerta para procesos más amplios de militarización, en cuanto a equipamiento, operación y tácticas de control del crimen, además de incluso incidir en la expansión de nombramientos militares en las instituciones de seguridad a nivel municipal.
Ante la reciente elección de autoridades municipales, estatales y federales, nos parece fundamental seguir analizando los efectos, implicaciones y consecuencias de la militarización en México y seguir discutiendo cómo la lógica militar se aleja de un modelo democrático de seguridad ciudadana. Confiamos en que tanto nuestro análisis como la base de datos asociada y que hacemos pública a partir de este reporte, abonarán a una discusión más amplia para sustentar mejor los argumentos contra una política militarista, fortalecer a las instituciones locales y ayudar a contrarrestar los efectos de la militarización en México.
