Iniciará Sheinbaum sexenio al estilo Milei: con recortes al gasto
Sin una reforma fiscal que incremente los ingresos, la nueva presidenta no tendrá otra solución que dar motosierra al gasto público…*
Por Jorge Cano (@Jorge_eCano) y Carlos Vázquez (@VazquezAviud) | Programa de Gasto Público de México Evalúa.
Así como hizo Javier Milei en Argentina, el Gobierno entrante de Claudia Sheinbaum plantea iniciar su mandato con un fuerte recorte del endeudamiento. Como rechaza la posibilidad de hacer una reforma fiscal que incremente los ingresos, no tendrá otra solución que dar motosierra al gasto público.
¿Hay tela de dónde cortar? ¿Se podrán salvar el gasto social y la inversión? ¿Se cumplirán las promesas de campaña? Acá te lo contamos…
Ya lo avisó… y sobre advertencia no hay engaño
En su reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en junio pasado, la virtual presidenta incrementó la estimación del déficit fiscal para su primer año de Gobierno. Sheinbaum utilizó el concepto “déficit público” y comentó: “Nuestro objetivo es que el déficit en el 2025 llegue máximo a 3.5% del PIB. Este año estará cerrando más del 5%”. Esto supera la estimación de la Secretaría de Hacienda de 3.0% para los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP).
¿Cómo estamos ahora y hacia dónde vamos en 2025?
La situación no es sostenible. Pasadas las elecciones, y asegurado el triunfo del partido oficialista, al Gobierno de Sheinbaum le tocará sufrir la resaca del endeudamiento desmedido de AMLO. Para este año, todavía se aprobó un endeudamiento total de 5.4% del PIB, el más alto que se tenga registro desde 2008 que hay medición. En marzo, la Secretaría de Hacienda estimó que el déficit podría subir hasta 5.9% del PIB, casi tres veces el endeudamiento de Peña Nieto en su último año (2.1% del PIB). Reducir el déficit a 3.5% del PIB en 2025 implicaría disminuir el uso del capital en 1.9% del PIB o 672.9 mil millones de pesos (mmdp).
Bajar en 2025 a una adquisición de deuda de sólo 3.5% del PIB, significaría bajar el uso de ese capital para complementar los ingresos en 1.9% del PIB o 672.9 mil millones de pesos (mmdp) frente lo aprobado en 2024; o incluso de 2.4 puntos (810.3 mmdp), que es la estimación más reciente de Hacienda para este año.
Claro está que el recorte al gasto no tendría que ser de tal magnitud, ya que en 2025 seguramente algo crecerán los ingresos públicos. Para 2025 la Secretaría de Hacienda anticipa un crecimiento de los ingresos totales de 2.1% o 158.9 mmdp, pero es común que Hacienda fallé en sus estimaciones y que no se cumplan los ingresos que calculó.
¿De cuánto tendría que ser el recorte del gasto para lograr un endeudamiento de sólo 3.5% del PIB en 2025?
Si los ingresos públicos aumentan como anticipa Hacienda, el gasto neto del sector público tendría que recortarse en 5.5% o 516.1 mmdp frente al aprobado en 2024, lo que equivale al presupuesto de la Secretaría del Bienestar. El gasto programable tendría que recortarse en 7% o 471.6 mmdp, similar al presupuesto de la SEP.
¿Es posible realizar estos recortes en sólo un año?
Totalmente: de 2016 a 2017 cuando se aplicaron medidas de austeridad durante el final del sexenio de Peña Nieto, el recorte total al gasto fue de 8.6% y al gasto programable fue de 13%, mucho mayor a lo que tendría que aplicar Sheinbaum.
¿Es posible hacer esos recortes sin afectar la inversión, el gasto social y cumplir con las propuestas de campaña?
¡Imposible! De 2016 a 2017 cuando se aplicaron las medidas de austeridad, los principales conceptos sacrificados fueron la inversión, recortadas en 26%, y los subsidios y transferencias en 12%. Los salarios de los funcionarios prácticamente no cayeron, pues en realidad es muy difícil reducir las prestaciones laborales.
¿Cómo se vería un ajuste del gasto público en 2025 cortando en primer lugar la inversión y luego los subsidios?
Si en 2025 la inversión pública se recortara en 26% (como sucedió en 2017) tendríamos un gasto de 689.9 mmdp o 1.9% del PIB, el peor nivel desde 2002 respecto al tamaño de la economía. Un ajuste de esta magnitud en el gasto productivo tendría graves efectos en el crecimiento económico, generación de empleo y en las perspectivas de desarrollo del país. Asimismo, reduciría la capacidad de cobro de impuestos en el mediano plazo.
A pesar de estos efectos dañinos, políticamente es menos costoso recortar la inversión, que los programas sociales, ya que la inversión federal se concentra fuertemente sólo en algunos estados (Ej. Tabasco, Yucatán, etc.), mientras que los programas sociales se reparten generalmente de forma homogénea en todo el país. Una baja de la inversión la ven pocos, pero los recortes a los subsidios lo notan todos, aunque no los reciban directamente.
¿Qué más se puede recortar?
El total de recursos faltantes se podrían obtener si se dejara de apoyar con transferencias financieras a Pemex. En 2024 se aprobó un presupuesto para este fin por 198.3 mmdp para apoyar a Pemex a través de la Secretaría de Energía. Sin embargo, es casi imposible que el Gobierno deje de apoyar a la petrolera puesto que ésta no ha mejorado su situación productiva, como explicamos en nuestra investigación “El empobrecimiento de las empresas públicas”. Sin el apoyo del Gobierno, simplemente podría caer en impagos a sus acreedores y afectar a todo el sistema financiero.
¿Para no castigar el gasto en subsidios, se pueden hacer recortes en otros lados?
Difícilmente, pero aún es posible. Los servicios personales (salarios) no se pueden reducir fácilmente porque están protegidos por leyes laborales. Incluso, despedir funcionarios aumenta los costos en el corto plazo por indemnizaciones. Por otro lado, es muy complicado bajar los servicios generales (gastos de operación como agua, luz, papelería, viáticos, entre otros) porque hacen inoperables las funciones del Gobierno. Incluso con las medidas de austeridad aplicadas en la pandemia, estos gastos no cayeron.
En el caso del gasto en Participaciones y Aportaciones; Pensiones y Jubilaciones y Deuda Pública, es prácticamente imposible hacer recortes, puesto que estos conceptos están blindados por ley o existen compromisos legales para su pago.
El viejo truco de no ajustar por inflación
En el escenario planteado, se podría optar por un truco contable: no ajustar por inflación la mayoría de los programas, es decir, presupuestar lo mismo en 2025 que lo aprobado en 2024. Así podría argumentarse que se mantiene el gasto social, aunque en términos reales caiga, al valer menos el dinero.
Hay que considerar que, en los últimos años, el monto total de subsidios ha crecido sólo por el aumento de las pensiones de adultos mayores. Los subsidios enfocados a la salud, educación, ciencia y tecnología, agricultura, cultura entre otros, están por debajo de lo observado en el sexenio anterior, como explicamos en nuestra nota del Paquete Económico 2024.
¿Qué pasa con las promesas de campaña?
Antes de ser electa presidente, Claudia Sheinbaum prometió una pensión para las mujeres de entre 60 a 64 años, una beca universal a estudiantes de primaria y secundaria, ampliar las becas a estudiantes de media superior, programa para madres embarazadas, un sistema nacional de cuidados, entre muchas otras promesas. En la situación descrita anteriormente, no habría posibilidad de cumplir estas promesas, a menos de que se sacrifiquen programas sociales existentes.
¿Estos recortes son suficientes para controlar el crecimiento de la deuda pública?
La respuesta corta es no. El próximo sexenio comenzará con un aumento en el saldo de la deuda pública respecto del PIB, y mantendría la presión sobre la capacidad de pago del Gobierno. En otras palabras, para 2025, se necesitarían recortes en el gasto público aún más drásticos que los mencionados en esta nota para cumplir con la responsabilidad fiscal.
Sin embargo, todo dependerá de cómo evolucione la economía mexicana, en particular el crecimiento económico, la inflación y la depreciación del tipo de cambio.
Como sea, el techo del déficit del 3.5% del PIB que ha prometido Claudia no es compatible con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dado el escenario económico y el nivel de deuda pública que dejará el Gobierno actual. Para que este déficit sea responsable, se necesitaría una tasa de crecimiento económico del 3.5% para mantener la deuda pública estable.
Hay que recordar que el saldo de la deuda ha venido creciendo en los últimos años. Al cierre del sexenio de Fox representó 28.2% del PIB, al término del Gobierno de Calderón 35.6% del PIB, con Peña llegó hasta 43.6% del PIB y la SHCP estima que al cierre del Gobierno de AMLO llegue a 50.2% del PIB.
Con el techo del déficit público de 3.5% del PIB que propone Claudia la deuda pública subiría al 51.0% del PIB para 2025, comenzando su mandato con un aumento significativo en el endeudamiento del país, llegando a un máximo histórico no visto en los últimos 25 años.
*Consulta una versión de este análisis con cifras más detalladas en el sitio Números de Erario.
