¿Qué proponen Gálvez, Máynez y Sheinbaum para el Poder Judicial?

En menos de 15 días, elegiremos quién gobernará a México los próximos seis años. Para que tomes una mejor decisión, revisa este análisis de las propuestas en impartición de justicia de quienes aspiran a la presidencia.

Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) | Programa de Transparencia en la Justicia

Revisamos los documentos de propuestas de campaña en las páginas oficiales de las personas candidatas, sus plataformas electorales, así como publicaciones en medios de comunicación e intervenciones en eventos de campaña. Este es nuestro diagnóstico.

Tanto para Claudia Sheinbaum (de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia) como para Jorge A. Máynez (de Movimiento Ciudadano), la justicia en México retrata un problema sistémico que requiere de un cambio profundo.

Para la candidata de Morena, la justicia es cerrada, elitista, opaca, distante de la población, ineficaz, genera desconfianza social, castiga la pobreza y es particularmente cruel con las mujeres. Para Máynez, dos de los problemas que requieren atención prioritaria son el de la desigualdad en el acceso a la justicia y la impunidad. 

Por su parte, Xóchitl Gálvez (Partido Acción Nacional y la coalición Fuerza y Corazón por México) se ha mostrado poco crítica al Poder Judicial. Tanto el diagnóstico como sus prioridades se centran en el tema de la independencia judicial. De acuerdo con Fernando Gómez-Mont, coordinador de la mesa temática de justicia de esta coalición, a nivel subnacional la justicia se encuentra debilitada frente a los ejecutivos estatales. A nivel federal observa que si bien hay una mayor independencia, se ha visto debilitada por los ataques desde la Presidencia del país. 

Los diagnósticos y las prioridades

En cuanto a las prioridades, la plataforma política de Sheinbaum ha sido enfática en la necesidad de una reforma integral a la justicia. Para alcanzarla, propone el desarrollo de un Modelo Nacional del Sistema de Justicia que congregue a los poderes judiciales, las fiscalías y las defensorías públicas. Esto para “consolidar un piso mínimo de principios, políticas y prácticas institucionales en todo el país”, como señala en su plataforma 100 pasos para la Transformación. En el Poder Judicial, busca homologar los requisitos y mecanismos de ingreso y ascenso a los cargos, así como los niveles de profesionalización. Todo esto a partir de la creación de una escuela de formación judicial abierta al ámbito federal y subnacional.

Para Gálvez, la prioridad está en que el Poder Judicial funja como un sistema de control de los actos de gobierno (lo llaman “justicia para la libertad”). Como ello requiere que las instancias judiciales tengan la capacidad de resistir los embates políticos, apuestan por una mayor profesionalización del personal judicial. 

Movimiento Ciudadano, en su Plan Nacional de Pacificación, menciona dos temas en lo que toca al Poder Judicial: el juicio de amparo y el ejercicio a una defensa adecuada para grupos en situación de vulnerabilidad.

Propuestas que en realidad son focos rojos

Tanto en el caso de Sheinbaum como de Gálvez no es posible conocer cuál es su propuesta real en torno al tema de designación de personas ministras.

Sheinbaum ha variado su postura según el actor al que se dirige. Frente a líderes financieros ha manifestado que la propuesta de elegir a las personas ministras por voto popular se pondrá a discusión una vez que ella llegue a la presidencia. Esta misma postura la defiende  su encargado del tema de justicia, el exministro Arturo Zaldívar. Sin embargo, en mítines, Sheinbaum ha dicho que está de acuerdo en que las personas ministras sean elegidas por el pueblo a través del voto popular. 

Gálvez ha propuesto retirar al Ejecutivo la atribución de enviar ternas de personas aspirantes al Senado. Propone que en su lugar se abra una convocatoria pública para que sean las universidades, los colegios de abogados y/o el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quienes las envíen. Este planteamiento es contrario al presentado “oficialmente” por su coalición (que en todo caso, tiene errores: en lugar del Pleno de la Corte se habla del “Pleno de la Sala Superior de la Corte”, que no existe, y en lugar de magistrados de circuito se habla de “Magistrados de distrito”).

La propuesta publicada en la página de Gálvez prevé que el Ejecutivo conserve la atribución del envío de ternas al Senado, pero que, cuándo éste no designe, sea el Pleno de la SCJN quien nombre a una persona ministra interina de entre las y los magistrados federales, hasta que el órgano político tome una decisión. Tanto la idea de Gálvez como la de su coalición concuerdan —salvo ciertos matices— con planteamientos que hemos hecho en México Evalúa. 

En cuanto a Máynez, sólo ha declarado que es necesario cambiar el proceso actual para evitar la captura política de los nombramientos. 

Aunque las tres plataformas concuerdan en reformar el mecanismo de designación de las personas ministras, hacerlo a través del voto popular es la propuesta que representa un mayor riesgo. Como lo hemos expresado en otras ocasiones, esta vía genera una mayor politización de los nombramientos y no garantiza que los mejores perfiles lleguen al cargo. 

En  los procesos de designación de personas magistradas y juezas, tanto a nivel federal como subnacional, la plataforma de Sheinbaum plantea que las designaciones también se hagan a través del voto popular, algo que encontramos nocivo. Sin embargo, en varias entrevistas el exministro Zaldívar ha propuesto que se homologuen los procesos de designación tanto subnacionales como federales, de tal manera que personas magistradas y juezas sean elegidas a través de concursos de oposición. 

Esta propuesta de Zaldívar puede ser una buena opción, siempre y cuando la homologación parta de lo establecido en los estándares internacionales en la materia, como los que postula la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Actualmente, en todos los poderes judiciales del país hay concursos de oposición para designar a juezas y jueces, y en seis, incluido el federal, para personas magistradas, aunque con distintos niveles de objetividad y rigurosidad.  

Sobre este tema, Gálvez y Máynez plantean fortalecer la carrera judicial a partir de mecanismos de designación que privilegien la meritocracia y la experiencia, aunque no clarifican cuáles serían.

En el tema disciplinario, Sheinbaum propone crear el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes serían elegidos a través del voto popular. Este mecanismo político de designación pondría en riesgo la independencia del órgano disciplinario y, por lo tanto, las garantías procesales del personal judicial. Así, las y los integrantes del Tribunal podrían actuar por consigna, o se ejecutaría lo que la Relatoría Especial de magistrados y abogados ha denominado como “sanciones encubiertas”. Es decir, actos de autoridad impuestos al personal judicial bajo la apariencia de perseguir un fin legítimo, pero utilizados como medios para intimidar, hostigar, presionar e interferir en el ejercicio de su función.

Gálvez y Máynez no hablan sobre aspectos disciplinarios, pero sí sobre combate a la corrupción. La primera plantea eliminar mecanismos que generan corrupción, aunque no dice de qué manera. Máynez aclara que emprenderá “una política”, aunque no abunda más. En ambos casos no se sabe si su intervención se hará respetando la independencia de los órganos judiciales.

Hay una propuesta de Gálvez que resulta preocupante en términos de independencia judicial y es la de crear un Ministerio de Justicia. Funcionaría como una secretaría de Estado encargada de “la administración, capacitación, vigilancia, evaluación y en su caso, sanción” de las defensorías públicas y privadas. La idea es que el Ministerio combata “los principales obstáculos que enfrenta la justicia en los procesos judiciales”, aunque no precisa cómo.

La propuesta es contraria a lo establecido por organismos internacionales que pugnan por separar a las defensorías del Poder Ejecutivo y del Judicial con la intención de que tengan autonomía técnica y operativa. El que las defensorías estén bajo el control del Ejecutivo abre la puerta a injerencias y controles indebidos, sobre todo en asuntos en los que este Poder tenga interés, justo lo que la plataforma política de Gálvez ha criticado del gobierno actual.

Sobre las defensorías, la propuesta de Sheinbaum va en el sentido de brindarles autonomía técnica y operativa y, por lo tanto, separarlas del Poder Ejecutivo y Judicial. Máynez plantea algo que ya existe normativamente, aunque no se cumple: la defensa gratuita y adecuada, además de que, en el caso de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, la defensa sea brindada por parte de asesores profesionales bilingües. 

Los semáforos en verde

Ciertamente hay puntos en los que las personas candidatas desarrollan planteamientos positivos. Aquí algunos ejemplos: Los tres aspirantes buscan fortalecer la justicia cívica y alternativa, lo cual es importante para evitar un escalamiento de los conflictos a nivel comunitario y para despresurizar el sistema de impartición de justicia. También hay consenso en la idea de impulsar la profesionalización del personal judicial a través del mejoramiento de sus procesos de capacitación. 

Las tres personas candidatas hacen referencia a impulsar la justicia con perspectiva de género y, en el caso de Sheinbaum y Gálvez, también la paridad al interior de sus órganos. En ambos casos no dicen cómo pretenden lograrlo. 

En cuanto al presupuesto, Gálvez y Máynez plantean elevar la autonomía presupuestaria

de los poderes judiciales. Máynez no dice cómo y Gálvez refiere que establecería un porcentaje mínimo del presupuesto federal o subnacional anual para dirigirlo a las instituciones de justicia.

Finalmente, Gálvez también desarrolla propuestas específicas para impulsar el uso de la tecnología en la justicia, en particular señala la obligatoriedad del uso del expediente electrónico en todas las instituciones judiciales. También aborda el tema de las condiciones laborales del personal judicial y refiere que impulsará acciones para mejorarlas, en específico respecto a la seguridad social, salarios y desarrollo profesional. En cuanto al tema de la participación ciudadana, Gálvez propone la creación de un Consejo Consultivo del Poder Judicial perteneciente al Consejo de la Judicatura Federal con el objetivo de que las demandas de la sociedad puedan ser satisfechas.

En cuanto a Máynez, además de sus anteriores propuestas, también plantea modificar el juicio de amparo para que las sentencias en materia de derechos humanos sean aplicables a todas las personas y que se reconozcan los sistemas jurídicos indígenas.

El resumen de todas las propuestas en materia de impartición de justicia de cada candidata y candidato, así como las fuentes consultadas, pueden consultarse en esta tabla descargable. 

Conclusiones

En general, son pocas las propuestas de las personas candidatas que pueden considerarse parte de un plan de gobierno por dos razones: la mayoría plantea objetivos muy generales y sin especificar las acciones que desarrollarían para alcanzarlos. Por otro lado, algunas de las propuestas son riesgosas para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, otras contienen errores en su planteamiento o son inconsistentes. 

En México Evalúa hemos publicado durante los últimos meses dos policy brief con propuestas para mejorar los procesos de designación de personas ministras, magistradas y juezas federales y para fortalecer la justicia local.  Quien gane el 2 de junio deberá, en beneficio del país, revisar sus propuestas, desarrollarlas con seriedad y, como parte de un ejercicio democrático, retomar las mejores de las plataformas políticas contrarias y las que desde la sociedad civil hemos puesto sobre la mesa.