La FGR es un fracaso. ¿Qué piensan hacer al respecto, candidatas y candidato?

Evaluamos el desempeño de la Fiscalía General de la República y el diagnóstico es preocupante. Este es un llamado urgente a candidatas y candidato para que se pronuncien al respecto.

Chrístel Rosales (@Chris_Ros) y Valeria Campuzano (@valecampuzanog) | Programa de Justicia

Estamos cerrando el periodo electoral y hasta ahora ninguna de las personas candidatas ha dado su diagnóstico sobre la Fiscalía General de la República (FGR), esto a pesar de su evidente mal desempeño. Recordemos que la Fiscalía debería ser la mayor instancia de investigación y persecución criminal en el país. Su función es investigar y llevar a los tribunales delitos que involucran delincuencia organizada, desvío de recursos federales o estatales, robo de hidrocarburos, delitos electorales, contra periodistas, casos de corrupción y muchos más, mismos que hoy se cometen con total y explícita impunidad.

La actual crisis de violencia, la falta de certidumbre jurídica y el debilitamiento del estado de derecho con territorios del país sin control estatal, no pueden entenderse sin el contubernio del poder para protegerse, para proteger el status quo. 

Mientras tanto, el Presidente de la República, quien gracias al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la facultad de remover al Fiscal General, ha decidido no cuestionar su gestión ni someramente. Por el contrario, en la llamada “reforma judicial” se ha optado por adjudicar a los tribunales el fracaso en el procesamiento de los casos o la liberación de personas imputadas. Fallas que, en su mayoría, se explican por deficiencias procesales, falta de investigaciones sólidas y de medios de prueba, que son competencia de la FGR.

6 puntos clave del retroceso institucional

El balance de la FGR no le favorece en ningún ámbito. Repasemos algunos datos que lo demuestran:

1. La FGR se está reduciendo a una mera oficialía de partes. El inicio de investigaciones se limita a los casos de denuncias formales. Esto es contrario al inicio de investigaciones proactivas sobre la comisión de posibles delitos o la extensión de fenómenos, estructuras y mercados criminales.  El inicio de investigaciones ha disminuido en una tercera parte (31.2%) del 2018 a 2022, al pasar de 112,917 investigaciones (309 diarias) a 77,693 (212 diarias).

2. Dependencia a la flagrancia para judicializar los casos. 6 de cada 10 casos judicializados ante los tribunales se presentan con personas detenidas, en detrimento de investigaciones que pudieran conducir a la posterior aprehensión de las personas imputadas. Por otro lado, según datos del Consejo de la Judicatura Federal al 2023, más de la mitad de los esfuerzos de judicialización de la FGR permanecen concentrados principalmente en delitos en materia de armas y explosivos (56.75%). Le siguen los delitos contra la salud (18.23%). Los ilícitos relacionados con hidrocarburos y los delitos fiscales apenas alcanzan 3.7% y 3% respectivamente. 

3. Eficacia prácticamente nula. Sólo 4 de cada 100 casos conocidos por la Fiscalía General en el ámbito federal, recibieron alguna respuesta efectiva, ya sea en términos de sentencia, o de alguna salida alterna o anticipada. Esto de acuerdo al Índice de Impunidad Federal para 2022, calculado anualmente por México Evalúa. Datos del Inegi señalan que en 2022, del total de investigaciones iniciadas sólo se determina un 45%. De ellas, un elevado 64.1% deriva en resoluciones para no ejercitar la acción penal. Hay además un uso ínfimo de acuerdos reparatorios (1.5%) y de criterios de oportunidad (0.3%). Por el tipo de delitos judicializados, no sorprende que la medida cautelar más solicitada y concedida a nivel federal sea la prisión preventiva. Esta figura ha observado un incremento significativo a partir de la reforma del 2019, que la impulsó. 

4. Presupuesto sin cambios y opaco. El plan de transición de la FGR establecía la necesidad de transformar a la institución y orientar su labor con un carácter más estratégico. Era necesaria una inversión presupuestal importante para soportar los procesos de innovación, profesionalización y depuración del personal, entre varios más. Sin embargo, el presupuesto ejercido se ha mantenido prácticamente sin cambios. Pasó de 16.7 mil millones de pesos (mmdp) al cierre de 2018 a 17 mmdp para 2022 (+2.2%). No pueden saberse la racionalidad de la asignación ni las prioridades establecidas.

5. Reducción de personal. La Fiscalía, muestra una disminución en su planta laboral de 14.65% del inicio de 2019 al cierre de 2022, al pasar de 22,825 a 19,479 personas.

6. Negligencia ante las disposiciones establecidas en la Ley. En vez de ceñirse a la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR) publicada el 20 de mayo de 2021, la gestión actual de la institución ha sido confeccionada por el fiscal. Por citar algunos ejemplos, se desconoce el estatus de los siguientes rubros pendientes:

a) el Plan Estratégico de Procuración de Justicia (LFGR, art. 88 y 12° transitorio), que determinaría las estrategias, objetivos, metas y prioridades de investigación, tendría que haberse presentado a más tardar en mayo de 2022;

b) el Estatuto Orgánico del Servicio Profesional de Carrera tendría que haberse publicado en noviembre de 2022;

c) la implantación del modelo de gestión diferenciado con una política de priorización (art. 28 de la LFGR);

y d) del sistema de evaluación de resultados (art. 31 de la LFGR). 

3 demandas a las personas candidatas a la Presidencia de la República

Si queremos un verdadero estado de derecho, la FGR no puede seguir ausente, debilitada y siendo comparsa. Hoy estamos frente a la oportunidad de una Presidencia que exija resultados y rendición de cuentas en el combate a la criminalidad. De lo contrario, sólo damos luz verde para que la delincuencia opere impunemente.

Demandamos a las personas candidatas a la Presidencia:

1. Que den a conocer su visión de Estado y de Política Criminal. No basta con enfocar la discusión en materia de seguridad pública y el rol de las fuerzas armadas. La ciudadanía debe conocer sus perspectivas sobre el combate al crimen, desde la investigación y persecución criminal.

2. Que se pronuncien sobre el balance de la procuración de justicia federal y su perspectiva sobre la transición de Procuraduría a Fiscalía General. 

3. Que esclarezcan su posicionamiento respecto a la continuidad en el cargo del Fiscal Alejandro Gertz Manero.