Hallazgos desde lo local 2022: San Luis Potosí
Evaluación de la justicia penal local
A través de los reportes de Hallazgos, México Evalúa ha observado la implementación, operación y consolidación de la reforma al sistema de justicia penal en los últimos 10 años a nivel nacional. Asimismo, los capítulos locales ofrecen un seguimiento más puntual sobre el estado de las instituciones de justicia y seguridad atendiendo a las coyunturas particulares de algunas entidades federativas, como es el caso, entre ellas, de San Luis Potosí.
En el reporte anterior “Hallazgos desde lo local 2021. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en San Luis Potosí”, se señalaron las condiciones de un sistema de seguridad y justicia penal estatal en transición a partir del cambio de gobierno, que tomó posesión en 2021.
Para el primer año de gobierno, se registraba un incremento en la incidencia delictiva de 11.5%; al mismo tiempo que hubo una disminución de 1.1% en homicidios dolosos, y en otros delitos de alto impacto como la extorsión, secuestro y narcomenudeo, mientras que hubo un aumento en robos con violencia y violencia familiar.
En el presente informe se da seguimiento a los resultados anteriores y se analiza el contexto particular del estado a partir de los datos sobre percepción ciudadana, incidencia delictiva, instrumentos de gobierno como el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, el Programa Sectorial de Justicia e Instituciones Sólidas 2022-2027, el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General del Estado, San Luis Potosí, así como documentación derivada de solicitudes de información.
Se observa que San Luis Potosí ascendió dos lugares en el ranking nacional de calidad, colocándose en 2022 en la posición número 10 dentro del panorama de todas las entidades federativas. Así mismo, se infiere que en el estado se está utilizando de manera excesiva la prisión preventiva oficiosa. Por otra parte, en cuanto a los tiempos de duración promedio de los procesos penales, es posible apreciar un esfuerzo por disminuir el diferimiento de audiencias, mismo que provoca lentitud en los procesos en detrimento de las víctimas y las personas imputadas.
El contexto político de San Luis Potosí nos presenta una coyuntura en la que se podrían articular políticas interinstitucionales, sumar a actores de sociedad civil y contribuir al fortalecimiento de instituciones, como es la Fiscalía, que de acuerdo con el Informe de Actividades 2018-2019 concluyó su transición de procuraduría a fiscalía durante 2019, al haber cumplido la implementación de los programas previstos en su Plan Estratégico de Transición, publicado en noviembre de 2018. La construcción de consensos y espacios de articulación de las instituciones que conforman el Sistema de Justicia Penal (SJP) son de máxima prioridad, y en el gobierno actual se pueden generar esos acuerdos necesarios para la paz y seguridad de la ciudadanía de San Luis Potosí.
