Sobre la nota aclaratoria enviada por el Insabi, respecto a nuestro estudio “El ocaso del Fonsabi”

En su nota aclaratoria del pasado 3 de mayo, el Insabi afirma que nuestro análisis del gasto ejercido por el instituto –producto de una observación a lo largo de más de dos años, con el panorama amplio de la transición desde el Seguro Popular– tiene la intención de confundir a la opinión pública. La nota se refiere a la caída de la atención del cáncer infantil, una de las varias conclusiones del estudio.

El Insabi aduce que no tomamos en cuenta el gasto de medicamentos oncológicos que ejerció el Gobierno federal en 2021. Con todo lo positivo (necesario) que es la compra masiva de este tipo medicamentos para todas las instituciones del sector salud, con respeto queremos subrayar, justamente para evitar toda confusión, que estamos hablando de fenómenos distintos. Esperamos que esta breve descripción metodológica lo muestre.

• Para el cálculo de los recursos pagados para cubrir enfermedades que provocan gastos catastróficos consultamos el “Número de casos autorizados, validados y pagados de enfermedades de alto costo que provocan enfermedades catastróficas, a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos”, del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS) –ahora Fonsabi– para los años 2012 a 2019, a través de los informes de resultados de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), mejor conocida como Seguro Popular. Los datos disponibles, aquí.

• Con el fin de mantener el mismo punto de comparación, analizamos los “Casos autorizados, validados y pagados de enfermedades que provocan gastos catastróficos”, con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), para los años 2020 (pág. 88) y 2021 (pág. 232). Fuentes, aquí y aquí.

• En efecto, no tomamos en cuenta el gasto en compra de medicamentos oncológicos. De entrada, el objeto a ponderar es distinto. La compra total de 11,751 mdp en oncológicos en 2021, aunque fuera realizada por el Insabi, surtió a todo el sector salud –IMSS, Pemex, hospitales de la Sedena, etc.–, según lo precisa el instituto en su nota.

• Por otra parte, el dato de los 2,834 mdp en medicamentos adquiridos vía Fonsabi no se encuentra en el reporte consultado de 2021. El Insabi lo está revelando, sorprendentemente, ahora mismo.

• De cualquier forma, la duda persiste. Aunque el subconjunto de 2,834 mdp para la compra de oncológicos provinieran efectivamente del Fonsabi, no podemos saber, con la información disponible, si los medicamentos se destinaron a pacientes del propio instituto, ni tenemos claro para qué tipo de tratamiento y contra qué tipo de cáncer. Es decir, no se informa cuánto de esos recursos se utilizó para la atención de niños que padecen cáncer, adscritos al Insabi. Y es que una de las conclusiones centrales de nuestro análisis es que la mayor parte de los recursos de un fondo cuya razón de ser es la atención de enfermedades catastróficas en la población sin seguridad social (junto con la inversión en infraestructura) se está yendo a pagar gasto corriente o se pierde su rastro, y no hay mecanismo que haya compensado este vacío.

Aspiramos a describir con justeza y precisión uno de los mayores retos de este gobierno y, sobre todo, del próximo: cómo sentar las bases para una política pública capaz de cerrar la brecha de servicios de salud entre la población con seguridad social y la que carece de ella.

Consideramos que el derecho a la vida y a la salud debe garantizarse para toda la población. Valgan estas líneas como un llamado al diálogo constructivo con los actores interesados en diseñar y promover mejores políticas públicas sin distinción de filiación política.