Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Esta semana tuve la oportunidad de conversar con fiscales generales de distintas entidades. Lo hice en el marco de la presentación de nuestro estudio Hallazgos, una evaluación muy completa de nuestro sistema de justicia penal. La mañana de la presentación coincidió con la renuncia del fiscal de Nuevo León, y se convirtió en motivo de broma entre fiscales: apostaban cuánto más durarían en el cargo. Ellos, recordemos, son cabezas de instituciones reformadas, en las que el cargo es ‘inamovible’ y existen candados para una remoción justificada. No sé cuántos habrán puesto sus barbas a remojar y a pensar en la carta de renuncia, pero es un hecho que en este estado de debilidad nunca vamos a tener las instituciones que necesitamos para la justicia. 

No estoy al tanto de los jaloneos políticos en Nuevo León, pero resulta obvio que al fiscal lo obligaron a renunciar (pobre Debanhi, hasta para estos asuntos la usan). Los invito a seguir los primeros días de los gobernadores que recién han tomado posesión. Todos han corrido a los fiscales que ejercían su mandato. Imagínense que con cada cambio de Ejecutivo federal se obligara a renunciar al gobernador del Banco de México: los mercados impondrían castigos insondables. Sin embargo, en este ámbito los gobernadores quitan y ponen sin ninguna consecuencia, más que el desgaste perenne de la institución, con un costo inconmensurable. Veamos cómo está el país.

Me han preguntado y yo misma me pregunto por qué en el ámbito económico pudimos construir instituciones con solidez, que han soportado vendavales, y en el ámbito de la justicia hemos sido incapaces. Pienso que la respuesta va por aquí: transformar la justicia es transformar profundamente al poder. Porque si la hacemos eficaz en la aplicación de la ley, y con la autonomía necesaria para hacerlo, el castillo de naipes de impunidad y privilegios se viene abajo. No construimos las instituciones que necesitamos porque no le conviene a quienes detentan el poder. 

La reforma a la justicia penal es la más ambiciosa planteada en lo que va de este siglo y buena parte del pasado. Son muchas instituciones las que quisimos transformar en una sola ronda, de manera completa. El término de enchilada completa se queda corto en comparación con este afán de transformación radical.

En cada ocasión que presentamos Hallazgos, y llevamos nueve años haciéndolo, nos preguntan si la reforma penal es viable. Con cada edición confirmo que lo es, y no sólo eso: que no hay alternativa. Les pregunto a quienes dudan: ¿cuál es la opción? ¿Acaso el modelo autoritario del pasado? Dicen que es supergarantista… Híjoles, ¿los derechos humanos pueden protegerse a medias? (quien me diga que sí va a dejar de ser mi amigo). Si me plantean la disyuntiva entre seguridad y derechos, puedo responder que no hay tal. Y si llegáramos a un caso límite, la Constitución establece los términos. Lo que quiero decir es que la justicia en molde democrático se cocina con los ingredientes de la reforma aprobada en 2008. Si no ha dado sus frutos es por el argumento que sugerí. La reforma efectiva de la justicia implica el abandono radical del pasado. El presidente López Obrador sella la continuidad con él por su desdén a construir capacidades para el sistema de justicia.

Pero debo ser sincera. Nos propusimos una reforma casi imposible. La reforma a la justicia penal es la más ambiciosa planteada en lo que va de este siglo y buena parte del pasado. Son muchas instituciones las que quisimos transformar en una sola ronda, de manera completa. El término de enchilada completa se queda corto en comparación con este afán de transformación radical. En el curso de la implementación de la reforma hubo voces sensatas que planteaban estructurarla en fases. No todo a una sola vez. Más bien, que transcurriera en partes y por regiones. Ya no fue así. Por otro lado, si se hubiera planteado de manera parcial, los intereses en contra se hubieran impuesto. Esto argumentan quienes abogan por la vía del todo (me incluyo), y nuestro reto es hacer viable la enchilada completa.

En nuestras distintas ediciones de Hallazgos hemos identificado buenas prácticas y casos de éxito. Pareciera que ante la adversidad se plantaron casos para mostrarnos que la transformación es posible. Con todo, es necesaria una conjunción de factores: liderazgo que entienda que la transformación de la justicia es redituable, recursos y un plan de acción. Contando con los dedos de una mano puedo hablar de algunos casos de éxito.  Poquitos, frente a las 32 entidades que conforman nuestra República.

Si hablo del caso más acabado me tildan de panista, porque está albergado en Querétaro. Pero también puedo abogar, curiosamente, por Nuevo León, que ha tenido de todo, o por Chihuahua, donde la alternancia ha sido la constante. También un estado muy priísta, como Coahuila, está entre los seleccionados por adoptar algunas de las mejores prácticas. No es cuestión de color partidista, sino de visión y calidad de los liderazgos que llegan a ocupar puestos de poder, y entienden que la reforma a la justicia igual no genera votos, pero construye Estado. Cualquier mandatario estatal que tenga este entendimiento, merece ser reconocido y escalar en su carrera política.

Concluyo. La reforma a la justicia es difícil porque implica trastocar el poder en el país. Hay liderazgos con visión, que entienden que la de la justicia es de esas reformas dolorosas para el poder, pero imprescindibles para la viabilidad del país. Éstas son visiones valiosas, las que debemos apoyar. Porque lo contrario es lo que se perfila ya: ante la debilidad de las instituciones civiles, lo militar se impone. Y no es lo que el país necesita.

Hallazgos es el esfuerzo de evaluación sistemática, que apuesta por la construcción de capacidades civiles. Y ¿saben qué? Recopilamos evidencia de que es posible. A pesar de que desafía al statu quo.