Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Parecería una coincidencia, pero no lo es, el hecho de que el mismo día en que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados se encontrara en México para ofrecer una charla sobre los hallazgos contenidos en sus informes, el presidente de la República, junto con integrantes de su equipo, arremetiera contra abogados y juzgadores de una manera inclemente. Pero, insisto, no fue una de esas raras alineaciones de astros. Veámoslo así: el titular del Ejecutivo habla tan mal y tan seguido de jueces y abogados, que la probabilidad de que la visita del Relator coincidiera con un día de agresiones no era para nada baja.

Permítanme recuperar algunas de las declaraciones del presidente, para después plantear cuáles son sus consecuencias –muy graves para el Estado de derecho y las democracias, a decir del propio Relator–.

Recordemos. En la mañanera del 22 de febrero de 2021, AMLO dijo, en referencia a las críticas dirigidas a la reforma energética: “(…) Es una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieren seguir saqueando a México. Claro que son libres, pues, pero ojalá vayan internalizando que eso es traición a la Patria”.

En abril de 2022, cuando la Corte iba a discutir una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente la llamó a ir al fondo del asunto, y dijo: “¿Puede más el poder de las empresas? Y no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley… No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.

En la mañanera del 15 de marzo de 2021, leyó una carta que envió al ministro Arturo Zaldívar pidiendo que se investigara al juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica. Y en la del 21 de abril de ese año, se refirió a “la defensa al servicio de estas minorías rapaces: es el caso de los jueces y magistrados y ministros, con honrosas excepciones”. Y, sin nombrar a Gómez Fierro, dijo: “Este juez que otorga así, rápido, amparo por lo de las tarjetas telefónicas es el mismo juez que ampara a empresas eléctricas”.

En la mañanera del 30 de agosto de 2021, al rechazar la posibilidad de que la Corte anule la prisión preventiva oficiosa, dijo que “si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción; con honrosas excepciones, para no generalizar (…) La mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad; o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo”.

…Y esto tiene efectos muy concretos: se estigmatiza el trabajo de abogados; se limita la independencia de juzgadores y, en casos extremos, se les calla o se les alinea. Así lo ha podido constatar el Relator en los años en que ha encabezado su mandato.

En la mañanera del 2 de septiembre de 2022, dijo: “se pudo haber hecho una reforma o proponer una reforma, pero dije: ‘No, va a ser muy complicado’ (…) Entonces, dije: ‘Voy a tener oportunidad de proponer a ministros –hice mi cuenta– más los que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México’. ¿Y qué creen? Me equivoqué”.

Estoy segura de que el Relator ha conocido de ataques como éstos y hasta más severos. Y ha podido identificar los mecanismos con que gobiernos y otros actores estatales y no estatales limitan el trabajo de abogados y juzgadores. Desde la interferencia en las barras de abogados o asociaciones del gremio; las amenazas o acoso directo; el ataque a las reputaciones y la violencia física. Y esto tiene efectos muy concretos: se estigmatiza el trabajo de abogados; se limita la independencia de juzgadores y, en casos extremos, se les calla o se les alinea. Así lo ha podido constatar el Relator en los años en que ha encabezado su mandato. Y ha visto cómo algunas democracias se degradan siguiendo un patrón que siempre comienza con la interferencia en el trabajo de los jueces y abogados. AMLO no es el primero ni será el último. Tampoco es tan original en su categoría.

La cuestión central es: si es el Estado el que ataca a juzgadores y abogados, ¿quién los puede proteger? El Relator García-Sayán dio ejemplos de los mecanismos que se elaboran en el Consejo de Europa para dar plena garantía de independencia a juzgadores y para el trabajo de la abogacía. Pero son las grandes ligas de las democracias. En México tenemos que idear otras redes de protección, que deben fundarse en la sociedad civil… Si no, ¿dónde? Deben tejerse entre barras de abogados, asociaciones gremiales, universidades, asociaciones civiles, para llevar el registro, encontrar patrones, proponer acciones y salvaguardar la profesión sobre la que descansa el Estado de derecho y la protección misma de derechos.

Queda como tarea de la abogacía construirse un mejor nombre y, de los juzgadores, encontrar maneras de conectar con la sociedad, que favorezcan su legitimidad. La transparencia es el espacio de comunicación entre ciudadanos y juzgadores. Sugiero ampliarla tanto como se pueda (en México Evalúa tenemos buenas recomendaciones para hacerlo).

Mi solidaridad para todos aquéllos que desempeñan su labor de juzgadores de manera digna. Son muchísimos. Mi más sentido lamento por quienes, a causa de la defensa de su dignidad y la de su profesión, han sufrido agresiones que en el extremo los han hecho perder la vida.