Por Edna Jaime (@EdnaJaime) | El Financiero

Es muy impresionante comprobar cómo instituciones que eran faros para construir civilidad (civilización) de repente se derrumban. Nos lo hizo ver Ana Laura Magaloni en una columna reciente en el periódico Reforma respecto a la Corte Suprema de Estados Unidos, que con el fallo que revocó el derecho al aborto, deja atrás una trayectoria de protección de derechos y de inclusión de los que no tienen voz en el sistema político. La Corte, en lugar de ser el espacio en el que se rompen privilegios de unos cuantos, se convierte así en el lugar que los perpetúa, porque los ministros (justices, allá) son partes interesadas. Esto es, representantes de intereses y de un polo en el espectro ideológico que usan toga y birrete.

Pienso en nuestra Suprema Corte, en lo importante que fue su reforma en 1994 y en la visión del entonces presidente Zedillo de poner los cimientos de una institución que se constituiría como pilar en nuestra democracia y del Estado de derecho. Yo al exmandatario le tengo mucho respeto. Tuvo la visión necesaria para imaginar al país en un estadio distinto de desarrollo político.

Desde entonces a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha tenido un papel fundamental. Con fallos trascendentes, otros cuestionados. Pero, en balance, creo que no se puede poner en duda su papel como árbitro legítimo de la disputa entre poderes e instancia de control constitucional y de protección de derechos. No tengo duda de que en estos años ha recibido presiones e injerencias indebidas y de que algunos ministros han cedido ante ellas. No obstante, el balance ha sido bueno… hasta que llegó el presidente que considera que las instituciones de Estado son parte del orden que debe derrumbarse.

Por lo que se han vivido en estos últimos años, pienso que la Corte debe encontrar nuevos asideros de legitimidad. Como lo tiene que hacer cualquier institución de Estado que se ha mantenido un tanto distante del ciudadano al que sirve.

El embate contra la Corte se dio desde los primeros días de la presente administración: que si los sueldos, que si la corrupción, que si los ministros salinistas. La amenaza que recibió el entonces ministro Medina Mora, y que lo llevó a renunciar, marcó la tesitura de la relación: el miedo que se infunde para someter. En esta administración, además, han sido designadas tres ministras y un ministro, y en tal grupo se presumen vínculos estrechos con el presidente. Habrá tiempo para analizar si sus sentencias han sido en representación de un polo, como los justices hoy en Estados Unidos, o si han asumido su investidura y responsabilidades como garantes de la Constitución.

En todo caso, la presión del presidente se ha hecho sentir de distintas maneras. Pareciera que trasluce, por ejemplo, en los tiempos que se ha tomado la Corte para resolver ciertos asuntos de la mayor trascendencia. También en el sentido del voto en algunos temas. En la sesión en la que se deliberó sobre la Ley de la Industria Eléctrica, vi a ministros taciturnos, no contundentes en el sentido de su voto, lo que generó confusión. Todavía estoy por entender cómo se voto y el significado de la decisión de los ministros.

Por lo que se han vivido en estos últimos años, pienso que la Corte debe encontrar nuevos asideros de legitimidad. Como lo tiene que hacer cualquier institución de Estado que se ha mantenido un tanto distante del ciudadano al que sirve. Me parece que la gran lección de estos años de gobierno es justo ésa: instituciones que tienen que mejorar su desempeño para que los mexicanos lo sientan en su vida cotidiana. Sin esta correspondencia, las instituciones se debilitan y son vulnerables al acecho de liderazgos que las piensan prescindibles.

Me permito argumentar esto porque en esta semana el programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa presentó un estudio sobre la ruta procesal que siguen los casos que ingresan a la Corte. Un asunto que debería ser del interés de todos, pues es fuente de importantes datos sobre acceso a la justicia, que deberían ser plenamente públicos y consultables. No es así.

La realización de este estudio estuvo llena de dificultades, porque la información sobre la ruta procesal y los tiempos que toman sus distintas fases fue difícil de conseguir, y la que obtuvimos fue en muchos casos de mala calidad. Un tema muy sensible, porque la Corte debe ser garantía de acceso a la información, un derecho humano.

Un comité especializado de ministros tiene en sus manos un recurso de revisión presentado por nosotras, porque instancias en la misma Corte declararon la inexistencia de información sensible que le habíamos solicitado. Estamos en nuestro derecho de recurrir a una revisión y recibir una contestación. Esto no ha sucedido, a pesar de que ya transcurrieron los tiempos establecidos en la ley.

La Corte debe ser ejemplo de transparencia. No es un consejo de sabios, sino una institución clave en nuestra democracia, que tiene que rendir cuentas, pues así se forman los vasos comunicantes con la ciudadanía.

No obstante las dificultades a lo largo de la investigación, logramos sacar buenos hallazgos. Los invito a consultar el estudio en el sitio de México Evalúa.

Ahora que se acerca el relevo en la presidencia de la Corte, sería bueno que quien se postule asuma esta agenda con gran seriedad. La opacidad y la discrecionalidad no ayudan a la Corte, la debilitan. Los ministros saben qué se juegan con esto. Seguro que habrá toda la convicción en este tema. Les conviene.