Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Después de la tempestad debe venir la calma. Y también las lecciones, pienso yo. Espero que la tempestad provocada por el caso Alejandra Cuevas y Laura Morán pronto quede en llovizna y calma, y que eventualmente la primera recupere su libertad. Pero si esto sucede, no me gustaría que pasáramos la página del expediente, así nada más. Hay temas importantes que este caso puso sobre la mesa.

Gran parte de la discusión alrededor del caso se ha centrado en la actuación extralimitada del fiscal general. Pero al llegar a la Suprema Corte, el caso planteó otros frentes de análisis. Me gustaría apuntar uno: la ruta procesal por la que transcurre un caso una vez que llega al máximo tribunal. Porque hay dudas genuinas de si existe un procedimiento estandarizado o si más bien hay discrecionalidad en el proceso y, por lo tanto, variaciones drásticas en el tiempo que toma la resolución de casos.

En su columna de esta semana en Reforma, Germán Martínez abiertamente señala que la Presidencia de la Corte aceleró y detuvo a capricho este expediente, con “tortuguismo o galope, según convenga”. ¿Será así? Si lo es, ¿cuáles son los casos en los que se aplica el tortuguismo y cuáles el galope?

Este tema cobró notoriedad a raíz de que los hijos de Alejandra Cuevas increparan al ministro presidente de la Corte sobre los tiempos para dar trámite al caso de su madre, en aquel evento en la Ibero. En realidad, no sólo son ellos los que se preguntan en qué etapa procesal están los casos que son de interés general y tienen enormes implicaciones para la certeza jurídica y nuestra democracia. Asuntos que han tenido lugar en esta administración y que, presumimos, hacen cola en la Corte, al parecer en una modalidad de tortuguismo extremo.

Que nadie se sorprenda si partes interesadas en un conflicto se presentan en un evento público a demandar o implorar por justicia.

En México Evalúa estamos desde hace rato en el tema. Contamos con un programa de investigación enfocado en la transparencia en la justicia, así que, obvio, nos interesa. Iniciamos entonces una investigación para responder a una pregunta sencilla: ¿cuánto tiempo se tarda la SCJN en resolver los asuntos? Y como sabemos que son varios los actores y áreas que intervienen en la ruta procesal, también queremos saber qué etapas son las que pueden demorarse más.

Para realizar un trabajo de esta naturaleza hay que contar con (buena) información. Y la verdad es que nunca imaginamos que su recopilación se convertiría en un vía crucis. Primero, porque no se encuentra completa e integrada en las plataformas de información abiertas al público en el portal de internet de la Corte… Pero es que tampoco la pudimos obtener a través de las más de 100 solicitudes de información que ingresamos. La verdad es que estamos solicitando información muy básica, aunque para un periodo amplio de tiempo, eso sí: nuestra investigación quiere remontarse a 1995 (y más adelante), cuando la Corte y el Poder Judicial federal se reformaron profundamente.

Mis colegas del programa de Transparencia en la Justicia, encabezado por Laurence Pantin, hacen un recuento detallado de los problemas a los que se enfrentaron para elaborar la base de datos básica del análisis. En el artículo que publicaron en Proceso bajo el título de “La SCJN y la crítica basada en datos”, nos platican de todos sus tropiezos.

Estamos hoy en espera de la resolución de un Comité de ministros sobre el recurso de revisión que interpusimos ante la declaración de inexistencia de información que nos hizo llegar la Unidad General de Transparencia de la institución. Es decir, serán juez y parte. Les explico: la Ley General de Transparencia concede a la Corte una excepción en el caso de recursos de revisión. Cuando se trate de asuntos jurisdiccionales serán ellos y no el INAI el que resuelva. Pensábamos que nuestro tema es más administrativo que jurisdiccional, pero no la Corte no lo interpretó así.

De nuevo: estaba en nuestro mejor interés encontrar información consistente, completa e integrada para poder llegar a planteamientos serios que respondieran a la pregunta original: ¿cuánto tarda la Corte en resolver un caso? La Corte es garante de derechos, pero por lo que acabo de exponer, no garantiza el de acceso a la información.

Y recuerdo muy bien la conferencia de prensa en la que el ministro Zaldívar fue muy enérgico al criticar a la prensa y a los opinadores por verter juicios sin sustento. Se mostró incluso enfadado porque los periodistas y otros ciudadanos, como nosotros desde México Evalúa, queremos saber qué sucede cuando un asunto llega a la Corte. Hoy le expreso mi desazón al ministro, porque la información a la que tuvimos acceso es de baja calidad. Y le aclaro que sí: soy opinadora (como se puede constatar cada semana en este espacio), pero también sé expresarme con evidencia en la mano. Hoy hago las dos cosas.

Que nadie se sorprenda si partes interesadas en un conflicto se presentan en un evento público a demandar o implorar por justicia. Sin su activismo, los hijos de Alejandra Cuevas, como muchos mexicanos, estarían en la incertidumbre, a merced de los caprichos de nuestra justicia.