Palabras en el Parlamento Abierto de la Iniciativa de Reforma Energética

Ciudad de México, 3 de febrero de 2022 

• Apreciables legisladoras y legisladores;

• Estimadas y estimados funcionarios públicos, especialistas, y colegas de la sociedad civil;

• Amigos de los medios de comunicación;

• Señoras y señores:

Gracias por su invitación para presentar la opinión independiente y especializada de México Evalúa sobre la iniciativa de reforma eléctrica, especialmente en las áreas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas.

Estamos aquí con plena consciencia del contexto político que rodea a este Parlamento Abierto.

Sabemos bien que es poco lo que se puede hacer desde la argumentación para mover a bloques políticos que han anunciado una y otra vez su postura inflexible sobre esta reforma.

Pero quienes creemos en la deliberación, el diálogo y la democracia tenemos la obligación intelectual y ética de ofrecer nuestras razones y plantear nuestra evidencia ante la sociedad. 

Esa es nuestra función como un organismo de la sociedad civil que tiene más diez años analizando el sector energético desde los ángulos de finanzas públicas, gobernanza, regulación y competencia. 

Quiero ser muy clara en algo: 

Hemos sido críticos de la política energética de gobiernos anteriores y de cómo han manejado a sus paraestatales, hoy Empresas Productivas del Estado

Hemos señalado con evidencia y argumentos las carencias y omisiones en los gobiernos corporativos de Pemex y la CFE, derivados de las políticas adoptadas en años previos. 

Y hemos señalado una y otra vez ante gobiernos y legislaturas previas, que la opacidad y la corrupción son un lastre que impide a esas dos empresas desplegar su pleno potencial. 

Hoy estamos aquí, defendiendo nuestra visión con la misma convicción: queremos una CFE fuerte, productiva, transparente y eficiente, pero también que rinda cuentas y se someta a controles por parte de otros entes del Estado para asegurar que sus impactos son todos en beneficio de los mexicanos.

Queremos una CFE que tenga capacidad y recursos para enfrentar dos grandes retos:

Uno, la emergencia global por el cambio climático, que ya es un peligro real y presente. México, es de los países más vulnerables del planeta en materia climática. Esto incrementa los riesgos para las próximas décadas que la Nación deberá enfrentar: más desastres naturales y pérdidas en la producción agrícola de hasta 20% con un importante impacto en el Producto Interno Bruto.

Y dos, la pobreza energética en la que están sumidos aproximadamente 47 millones de hogares en México, condenándolos a una miseria innecesaria e injusta.

¿Resuelve la iniciativa del gobierno estos dos retos?

Analicemos la evidencia, sin apasionamientos ni sesgos.

La iniciativa de reforma plantea la extinción de la figura de “Empresas Productivas del Estado y su conversión en “Organismos de Estado”. 

Para la CFE, la reforma establece que ya no tendría que generar valor económico y rentabilidad con sostenibilidad. 

En vez de eso, tendría tres nuevos mandatos constitucionales:

Uno, estar a cargo de toda la cadena de valor de la industria eléctrica, con un 54 por ciento mínimo del mercado de generación garantizado y 100 por ciento de participación en transmisión, distribución y suministro básico. 

También sería monopsonio, es decir, el único comprador mayorista de electricidad, lo que incluiría el control del despacho eléctrico y la proveeduría del sector eléctrico; 

Dos, actuar como su propio órgano regulador, pues asumiría las facultades que hoy corresponden a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con lo que la CFE determinaría sus propios términos y condiciones de operación, incluyendo las tarifas, y 

Tres, asumir la responsabilidad exclusiva del diseño, implementación y control de todas las políticas públicas relacionadas con la transición energética. Esto incluye la nacionalización de los minerales “estratégicos”. Hoy se habla del litio, pero en el futuro podrían ser otros.

Con la reforma, la CFE se convertiría en un órgano constitucional autónomo con un estatus legal superior al de las secretarías de Estado. 

Básicamente, la reforma propone que la CFE se mande sola, pues no plantea contrapesos ni incluye mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas. Es más, destruye los que ya existen como se puede observar en las diapositivas. En la primera, observamos el mapa de vigilancia de la CFE que muestra las principales entidades gubernamentales que fungen como propietarios, reguladores y vigilantes de la empresa. En el segundo mapa podemos observar el debilitamiento de dichos contrapesos  y en varios casos, el enigma… ¿cómo se establecería la política de propiedad y el rol del Estado regulador si se aprueba la reforma ante una avasalladora concentración de poder de la CFE?

Algo muy preocupante de estos cambios propuestos es que la CFE operaría bajo un régimen de excepción legal de la competencia económica. 

Sería un poderoso monopolio y monopsonio de un insumo esencial para toda la actividad económica, política, social y cultural del país.

Para no abusar de ese poder, la CFE tendría que estar dirigida por santos y por ángeles.

Pero como sabemos, siempre existe la posibilidad de que esto no sea así. 

La iniciativa debería tener salvaguardas para evitar la discrecionalidad, la opacidad y el abuso de poder. No las tiene.

La iniciativa plantea, de hecho, el debilitamiento de los Órganos Reguladores Coordinados, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Propone que la Secretaría de Energía asuma sus funciones de vigilancia. 

Pero si la CFE se vuelve un súper monopolio con autonomía constitucional, es muy poco lo que una dirección general de una secretaría de Estado podría hacer para prevenir el abuso. 

Con esta reforma, la Secretaría de Energía sería completamente irrelevante ante el poder de la CFE.

Los actuales órganos reguladores no son perfectos.  México Evalúa siempre propuso su fortalecimiento para evitar los abusos de poder. Y esto también implica que son perfectibles.

Pero borrarlos del mapa implicaría ir muchos años atrás a un esquema de gobernanza viejo que sabemos por experiencia que no funciona.

¿Qué pasaría con la CFE si prospera esta iniciativa?

Básicamente, se crearía a un Estado dentro del Estado.

Quien ocupe el cargo de director de la CFE sería un funcionario tan poderoso que podría:

• Seguir contaminando el aire que respiramos por plantas términas contaminantes sin hacer estudios de impacto ambiental ni políticas que mitiguen y compensen los impactos sociales.

• Evitar que una empresa participe en una licitación por motivos personales o políticos o favorecer a otra sin rendir cuentas de su decisión.

• Cambiar las tarifas eléctricas en ciertas zonas del país de acurdo con criterios electorales y no con criterios de costo y suministro.

• O discrecionalmente cortar el suministro eléctrico a estados y municipios gobernados por políticos incómodos a la CFE.

En suma, podría afectar a voluntad los derechos de usuarios, de proveedores, de comunidades enteras, de inversionistas y de prácticamente todos los actores políticos y sociales del país.

Las consecuencias serían de alto impacto para el bienestar de todos los mexicanos. Afectarían la economía, el medio ambiente, las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. 

¿Hay alternativas? Claro que sí.

En México Evalúa, hemos elaborado un conjunto de recomendaciones para mejorar la gobernanza de nuestro sector energético. 

Ponemos a su disposición nuestras recomendaciones, entre las que destaca la figura de “entidad propietaria”, que ya funciona en países como Reino Unido. 

Se trata de una entidad del Estado encargada de vigilar y generar información sobre el desempeño del gobierno corporativo de las empresas productivas estatales con parámetros y objetivos muy precisos abiertos a la ciudadanía. 

Instituciones y profesionales en gobernanza recomiendan que la política de propiedad de empresas estatales esté acompañada de un contrato o State of Corporate Intent entre las empresas de propiedad estatal y el Estado, en el cual se establezcan derechos y obligaciones en materia de rendición de cuentas, reflejados en objetivos, metas y parámetros, en consonancia con el plan de negocios de cada empresa y conectados con protocolos para rendir cuentas ante órganos de control como el Poder Legislativo y la Auditoría Superior de la Federación.

Creemos que sí es posible revisar el andamiaje institucional de nuestras empresas de forma más transparente, responsable y profesional.

En efecto, creemos que vale la pena reevaluar algunos aspectos del régimen especial de las EPE, por ejemplo, el régimen de derecho privado para las empresas filiales que impide conocer información sobre la toma de decisiones e incluso sus estados financieros. Es sabido que esta administración y la anterior aprovecharon la figura privada de las empresas filiales como vehículos financieros para operar proyectos de inversión que deberían ser más transparentes a la ciudadanía.

Asimismo, es necesaria mayor transparencia en el seguimiento presupuestario a programas de responsabilidad social

Además, consideramos que es necesaria una revisión profunda de los procesos de combate a la corrupción dentro de la CFE, particularmente en lo que se refiere a procesos de adjudicaciones y arrendamientos que actualmente son opacos y no cumplen con toda la normatividad, mucho menos los criterios de mejores prácticas internacionales.

En materia de gobernanza regulatoria, consideramos que es necesario:

• Dar más claridad a los reguladores para que ellos mismos puedan cumplir con su función de la mejor manera. 

• Prevenir influencia indebida y el mantenimiento de la confianza. Los reguladores no pueden permitirse ceder ante presiones políticas. Incluso, habría que valorar, ante precedentes de captura, darle autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía.

• Adecuar la estructura de los órganos en sus estructuras colegiadas y la toma de decisiones para mayor independencia. 

• Evaluar el desempeño del sistema regulatorio con instituciones confiables. 

• Mejorar sustancialmente la transparencia y difusión de información. Comunicarla de forma simple y accesible para el público experto y no experto es un reto enorme pero necesario. 

Creemos que los argumentos económicos y jurídicos deben debatirse, contrastarse y atenderse.

Sé que no corren buenos tiempos para la discusión técnica, así que finalizaré mi intervención con un mensaje más orientado hacia la intuición política.

Señoras y señores legisladores de MORENA y del PT:

Respetuosamente, les hago un llamado a que no legislen como si ustedes siempre fueran a estar en el poder.

¿Le darían todo el poder a un director general de la CFE nombrado por un presidente emanado del PRI, del PAN o de otro partido opositor?

¿Le darían todo el poder a un director general de la CFE que es del ala completamente contraria a la suya dentro de su propio partido político?

Mi atenta petición es que legislen como si ustedes y su poder actual no fueran eternos, porque no lo son. 

Legislen pensando en el futuro. Pongan reglas claras, salvaguardas, contrapesos a la discrecionalidad y frenos al abuso.

No destruyan el esquema en el que existen instituciones reguladoras y de vigilancia, pues éstas pueden ser necesarias para detener el abuso de alguien que, en el futuro, podría llegar a dirigir la CFE sin comulgar con ustedes y su ideología.

Reitero mi ofrecimiento para poner a su disposición nuestros estudios y recomendaciones sobre gobierno corporativo, transparencia y rendición de cuentas.

Nuestro país merece una discusión legislativa seria y profunda, y en México Evalúa estamos listos para contribuir a ello.

Muchas gracias.