Por Edna Jaime (@ednajaime) | El Financiero

Hace unos cuantos días venció el plazo para que los poderes judiciales hagan públicas todas sus sentencias. Después de su reforma, la Ley General de Transparencia ha dejado de ser un tanto ambigua respecto a este tema; ahora es nítida la obligación de hacerlo. TODAS las sentencias deben hacerse públicas.

La redacción anterior de la ley era ambigua porque establecía que debían publicarse aquellas sentencias que fueran de interés público. ¿Qué es el interés público? Para mí, el proceso y resolución de un caso de violencia contra la mujer, por ejemplo. Para otros, será un asunto diferente. La falta de definición hizo que, por años, la gran mayoría de los tribunales no publicaran NADA. Ahora tienen que publicar TODAS las sentencias, y el desafío es enorme.

Estoy convencida de que el esfuerzo valdrá la pena. Les sugiero a los juzgadores que cumplan con esta obligación con convicción. Le dará más credibilidad a su trabajo. Los pondrán como ejemplo de prácticas de vanguardia y alentará el mejor desempeño de sus integrantes. Si sus sentencias están bien hechas, no habrá quien las pueda objetar, ni quien pueda ponerlos sobre las cuerdas. Porque hoy es deporte nacional señalarlos como el eslabón que hace fallar un proceso penal, por poner un ejemplo. Si un presunto responsable sale libre, en automático se concluye que es por el mal juicio de los juzgadores, que seguramente tienen criterios sesgados, aunque sepamos muy bien que el trabajo de las fiscalías o procuradurías es deficiente. Pocas son las ocasiones que tienen los jueces para mostrar que sus decisiones no son caprichosas. La publicidad de sus sentencias puede poner las cosas en su lugar, así que yo los invito a que den la bienvenida a esta disposición de ley y no se resistan a ella.

Ahora, me gustaría hablar del origen de este cambio, porque tiene que ver con la protección de los derechos básicos. Surgió de una iniciativa de la sociedad civil motivada por la falta de acceso a la justicia de grupos vulnerables. Equis Justicia para las Mujeres, una organización ejemplar en la promoción del derecho de las mujeres, se dio a la tarea de analizar sentencias en las que hubiera temas de género o derechos humanos implicados. La primera restricción para el análisis fue el número de sentencias disponibles: muy pocas, pero suficientes para identificar el problema y la necesidad de contar con mejor información para hacer política pública de más calidad. Eso motivó la campaña de promoción de la apertura de toda la información y la integración del colectivo #LoJustoEsqueSepas. Fuimos exitosas, colegas queridas. Logramos una reforma con implicaciones de gran envergadura.

Con la información (poca) en mano, Equis pudo concluir que los criterios de género y derechos humanos están ausentes en la mayor parte de las decisiones judiciales del país. Se juzga con criterios inerciales, embebidos en una lógica patriarcal que a pesar de horas de entrenamiento y capacitación, no logra vencerse. Es muy posible que en otros ámbitos priven otros criterios, inconfesables en algunos casos, o deficientes en otros, por la simple ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es una demanda fifí; es una condición para que las instituciones operen mejor su mandato, al servicio de los ciudadanos. Sin rendición de cuentas la proclividad a que las instituciones se capturen es enorme, y también a que la corrupción dañe su esencia y actividades.

Reitero mi postura sobre la necesidad de que la justicia pruebe con nuevos paradigmas, en correspondencia con los fenómenos que vivimos. La justicia abierta es lo que promueve: una correspondencia entre la práctica y la realidad.

Como ven, los temas de género animaron el origen de esta iniciativa. Si sirve a los propósitos de acceso a la justicia para las mujeres, habrá dado suficiente valor. Pero los invito a reflexionar sobre lo que la publicación de sentencias puede brindarnos. Es acceso a información esencial para evaluar el trabajo de nuestros impartidores de justicia.

Quisiera hacer honor a la temática que movió toda esta iniciativa y platicarles de una experiencia personal. En una reunión con personas muy profesionales, un abogado de mucho prestigio expresó que coincidía con la opinión del Fiscal General de la República en el sentido de que manejar el concepto de feminicidio era inadecuado. No conocí su argumentación de fondo, estábamos en una especie de sobremesa, pero me pareció que expresaba nítidamente una postura rígida que no reconocía fenómenos emergentes, que la justicia tradicional no alcanza a asir. Me disculpo con los presentes por una reacción poco apropiada en aquel momento, pero reitero mi postura sobre la necesidad de que la justicia pruebe con nuevos paradigmas, en correspondencia con los fenómenos que vivimos. La justicia abierta es lo que promueve: una correspondencia entre la práctica y la realidad.

Lo único que me queda decir es que desde México Evalúa estamos abiertos a colaborar con los poderes judiciales que crean que tenemos algo que aportar, y que debemos acometer una evolución profunda. No queremos un proceso de apertura simulada, sino ejercicios de justicia abierta que ayuden a este país a resolver conflictos, a asentar un nuevo basamento de confianza en las instituciones. Si me preguntan por dónde viene la gran transformación del país, diría que es por aquí.